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Empresas deberán pagar los costos de reposición de servicios por robo de cables o cañerías de servicios básicos

Empresas deberán pagar los costos de reposición de servicios por robo de cables o cañerías de servicios básicos

 

 

En condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que sanciona con penas entre 541 días y cinco años de cárcel a quienes roben y reduzcan cables, cañerías o insumos de los servicios públicos domiciliarios tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado y teléfono, entre otros.

 

 

 

 

El Senado aprobó en forma unánime la iniciativa que además establece que serán las empresas, y no los usuarios, los que tendrán que pagar los costos de reposición de los elementos robados.

 

 

 

El senador Alberto Espina, integrante de la Comisión de Constitución, dejó constancia de que el proyecto sanciona a quienes roben cables en la vía pública, en bienes nacionales de uso público, a quienes interrupen los servicios respectivos, a quienes hurten y a quienes compran cables robados.

 

 

 

Valoró además la modificación introducida en la instancia y que termina con la situación que ocurría en la práctica donde las empresas reponían los cables robados pero con cargo a los usuarios. Por lo tanto, serán las empresas suministradoras de los servicios las que correrán con los gastos y si cobran dicha reposición a los clientes estarán obligados a restituir ese cargo en la próxima cuenta.

 

 

 

Cabe señalar que, la iniciativa permitirá proteger a los usuarios de los constantes perjuicios a los que se ven expuestos cuando son víctimas del robo o hurto de los elementos que forman parte de las redes de suministros de servicios básicos.

 

 

 

Asimismo se establece una pena que va desde los 541 días a los 5 años de cárcel en los casos en que se produzca el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios que no están destinados a la habitación.

 

 

 

En los casos en que el robo de esos elementos produzca la interrupción del suministro o servicio respectivo, la pena se verá agravada de 3 años y 1 día a 5 años.

 

 

 

También se fijaron sanciones, entre 3 años y un día a 5 años, para los denominados “reducidores” que son aquellas personas que se dedican a comercializar los artículos robados. Además, si el dueño del local comercial donde se produjo esa venta está en conocimiento de que se trata de especies robadas, ese recinto será clausurado.

 

 

 

Con ello, se quiere evitar lo que pasa sucede en algunos locales comerciales que se dedican permanentemente a la compra y venta de objetos robados.

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