POLÍTICA

Senador Muñoz Barra llamó a la prudencia en materia de propuestas para construir una alianza entre Chile y Bolivia

Senador Muñoz Barra llamó a la prudencia en materia de propuestas para construir una alianza entre Chile y Bolivia

 

 

 

 

 

 

 

“Entregar a nivel personal señales tan concretas como proponer cesiones de territorio entre Chile y Bolivia más allá de lo que están estudiando los organismos diplomáticos y los gobiernos respectivos, me parece muy delicado”, así lo aseguró el senador Roberto Muñoz Barra, integrante de la Comisión de RR.EE, al referirse a la propuesta que hizo su par, Carlos Cantero para constituir una alianza estratégica entre ambos países.

 

 

 

Cabe recordar que, el senador Cantero dijo que “Chile debería entregar a Bolivia un enclave en el litoral norte, donde el sector más lógico y de significación histórica sería la Bahía de Cobija, bajo la condición jurídica que Bolivia estime pertinente”. Y, “como reciprocidad Bolivia entregaría una superficie equivalente que permita a Chile establecer un emplazamiento de acceso a las hidrovías, idealmente en Puerto Suárez, en las mismas condiciones jurídicas del enclave litoral”.

 

 

 

Al respecto, el senador Muñoz Barra advirtió que “generalmente cada vez que se han anunciado posibles soluciones a nivel personal -aunque sean representantes populares- lejos de ayudar a la situación la complican porque se van generando expectativas que después no resultan cercanas a la realidad”.

 

 

 

En ese sentido, recordó que hace algunos días “las Comisiones de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia sesionaron en forma conjunta y destacaron el buen pie en que se encuentran las relaciones bilaterales y el gran avance experimentado en las confianzas mutuas”.

 

 

 

Agregó que “en esa oportunidad, no concurrió ningún parlamentario a proponer alguna salida como la que estamos conociendo, de tal manera que yo creo que este planteamiento es bastante audaz. Por lo tanto, me quedo con el acuerdo que adoptamos en las Comisiones de RR.EE en cuanto a respaldar todo lo que las respectivas Cancillerías y los gobiernos realicen”.

 

 

 

El senador Muñoz Barra puntualizó que “aquí hay un procedimiento constitucional que significa que quien tenga ideas como las del senador Cantero debe plantearlas a la Cancillería, con la reserva del caso para enriquecer los argumentos de quienes hacen la negociación que la llevan adelante los gobiernos y peritos”.

 

 

 

Asimismo destacó que si bien las relaciones con Bolivia están más cercanas “no hay que olvidar que existe también un tercer factor que es Perú que ha puesto sus cartas sobre la mesa diciendo que una posible solución no es solo entre Chile y Bolivia, sino que ellos también son parte”.

 

 

 

Por estas razones, el legislador apostó por “la prudencia porque ya hemos tenido en el pasado iniciativas individuales o de pequeños grupos cuyos resultados fueron negativos”. Añadió que “lo que están haciendo los gobiernos de Chile y Bolivia es serio y responsable, por ello es que hay que ir acercando posiciones en todos los aspectos”. 

Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

 

 

 

La publicación de las declaraciones de intereses y de patrimonio de los senadores en el sitio web de la Cámara Alta, sería a juicio del senador Hernán Larraín una positiva señal para fortalecer la transparencia por parte de los legisladores, con miras a la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, que comenzará a regir en marzo de 2009.

 

 

 

 

El parlamentario, quien es autor de la iniciativa junto al senador Jaime Gazmuri, valoró la pronta entrada en vigencia de la Ley al mismo tiempo que propuso complementar la información sobre el quehacer del Senado, que se entrega a través de Internet.

 

 

 

“Aquí de lo que se trata, es de transmitir que quienes ejercemos cargos de responsabilidad  pública estamos sirviendo al país y no aprovechando los cargos en beneficio propio, y por eso es indispensable que haya esta transparencia. En ese sentido, creo que sería positivo que la declaración de intereses y de patrimonio personal estuvieran incorporadas dentro de las publicaciones que hace el propio Senado”, señaló.

 

 

 

Según el legislador, “somos algunos los que las tenemos en nuestras páginas web. Se puede encontrar mi declaración de patrimonio y de intereses en mi página, pero eso debería ser algo hecho por parte del Senado para que la transparencia en todos los ámbitos sea un dato de la causa”.

 

 

 

TRANSPARENCIA ACTIVA

 

 

 

El senador Larraín valoró que la iniciativa haya pasado su último trámite en el Tribunal Constitucional la semana pasada, argumentando que “estoy muy contento de que se haya terminado la tramitación de un proyecto de ley que presentamos en enero del 2005 y que tres años después pareciera que va a conocer la luz del día”.

 

 

 

Junto con agradecer el apoyo que le entregó el senador Gazmuri al impulsar esta iniciativa cuando ambos eras miembros de la Mesa del Senado, el parlamentario advirtió que la entrada en vigencia de esta ley va a revolucionar el funcionamiento del Estado.

 

 

 

“Vamos a terminar con la cultura del secretismo, vamos a incorporar la transparencia en el funcionamiento de nuestras autoridades públicas en todos los ámbitos y va a significar no solamente un freno a la corrupción sino que también una mayor participación y por lo tanto una mejor democracia”, advirtió.

 

 

 

No obstante, el legislador destacó lo que ha hecho la corporación en materia de transparencia, argumentando que “ya tenemos prácticamente  todo lo que se hace internamente publicado en nuestra página web y por lo tanto, hemos convertido al Senado en una de las instituciones más transparentes del país”.

 

 

 

Sin embargo, señaló que “todavía quedan aspectos que alcanzar, de manera que toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos sea finalmente susceptible de conocimiento público y si hay alguien que requiera algún antecedente en ese sentido, entonces tendremos que hacer un esfuerzo especial por darlo y al mismo tiempo aprovechar para generalizar cualquier solicitud de información para que el Senado efectivamente sea un modelo de transparencia y por lo tanto un ejemplo de democracia y de participación para todo Chile”.

 

 

 

La iniciativa que debería ser promulgada los primeros días de agosto, obliga a todos los organismos de la administración central, regional y comunal a entregar en un plazo de 20 días hábiles los antecedentes requeridos por la ciudadanía.

 

 

 

Para velar por el cumplimiento de las disposiciones, se crea el Consejo para la Transparencia que estará integrado por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República y ratificados por los dos tercios del Senado.

 

 

 

Los organismos públicos deberán divulgar en la web sus dotaciones de personal y las remuneraciones de los funcionarios, sus presupuestos, las nóminas de beneficiarios de programas sociales y contrataciones y adquisiciones entre otros.

Derechos de los pacientes: quieren resguardar privacidad de las fichas clínicas

Derechos de los pacientes: quieren resguardar privacidad de las fichas clínicas

                  

 Mejorar las formas de control de los antecedentes y fichas clínicas de los pacientes, a objeto de evitar que sean de dominio público o que puedan caer en manos equivocadas, es el objetivo central de una serie de indicaciones al proyecto que establece los derechos de los pacientes y regula la muerte digna, que está estudiando la Comisión de Salud del Senado.

 

 

 

Así lo informó el presidente de esa instancia, senador Jorge Arancibia, tras explicar que otro de los aspectos que se está evaluando es aumentar la edad de los menores para poder recibir información sobre su estado de salud.

 

 

 

Cabe recordar que en lo relativo a este último aspecto, el proyecto, que cumple su segundo trámite, establece que los mayores de 14 y menores de 18 años, tienen derecho a recibir la información sobre su estado de salud directamente, pero ésta también debe ser entregada a sus padres o representante legales. Sin embargo, si éste solicita confidencialidad, el médico deberá acceder si estima que esto no implica riesgo para su salud.

 

 

En tal sentido, el senador Arancibia explicó “queremos cambiar el nivel de información que se le entrega a los pacientes, porque pensamos que hasta los 18 años se le debe informar a los papás y también al paciente, pero una vez terminado el proceso con sus padres”.

 

 

PRIVACIDAD

 

 

Asimismo, señaló que otro de los aspectos que se quieren perfeccionar dice relación con la privacidad de las fichas y antecedentes médicos de los pacientes.

 

 

“Actualmente todos esos antecedentes están en soporte electrónico y no en papel como era antes y la idea es ver cómo logramos tener un control más potente, en el sentido de que la ficha esté resguardada y no sea de dominio público. Se mantiene el principio de que uno es dueño de su propia ficha, pero se busca resguardar mejor la privacidad”, precisó.

 

 

Cabe recordar que el proyecto establece la regulación de la denominada “muerte digna” y un marco regulatorio en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud de las personas, independiente de que el prestador sea público o privado.

 

 

En tal sentido toda persona tiene derecho a recibir atención de salud de manera oportuna y sin discriminación arbitraria alguna por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política, sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética, sistema de salud u otras.

 

 

También permite a los pacientes en estado terminal rechazar seguir recibiendo un tratamiento médico que le prolongue artificialmente la vida, estableciendo que quienes se encuentren en ese estado “tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas que estén a su cuidado y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual”.

 

 

El proyecto también establece que la información sobre estado de salud de los pacientes no podrá ser revelada a terceros, excepto si existen razones de salud pública que lo justifique.

 

 

En esa línea señala que se deberán tomar medidas para proteger la privacidad de la persona durante la atención de salud y evitar “la toma de fotografías, grabaciones, filmaciones o entrevistas de uso periodístico o publicitario, salvo que exista autorización expresa de la persona y del profesional de la salud que corresponda”.

 

 

La iniciativa regula el derecho a un trato digno y respetuoso para los pacientes. Para ello, los prestadores deberán utilizar un lenguaje adecuado y comprensible; normas de cortesía y amabilidad; proteger la privacidad del paciente, e indicar si el establecimiento tiene fines académicos.

 

 

El texto legal consagra el derecho a información respecto de la atención y las acciones de salud; las condiciones previsionales, documentos y trámites; las condiciones y obligaciones que deben cumplir las personas mientras se encuentran en un establecimiento de salud; y el procedimiento para realizar comentarios, agradecimientos, reclamos y sugerencias.

Valoran creación de Red Nacional Volcánica pero piden que se complemente con sistema de monitoreo sísmico

Valoran creación de Red Nacional Volcánica pero piden que se complemente con sistema de monitoreo sísmico

 

 

 

Volcán Chaitén

 

Complementar la creación de la Red Nacional Volcánica con un sistema de monitoreo sísmico y, al mismo tiempo, ampliar la cobertura de ambos servicios, propusieron los senadores Antonio Horvath y Pedro Muñoz tras conocer que el gobierno invertirá más de 15 mil millones de pesos en implementar cuatro centros de vigilancia para monitorear 43 volcanes en todo el país.

 

 

 

 

Si bien ambos parlamentarios valoraron la decisión del Ejecutivo, que va en la línea de la solicitud que hizo el Senado a través de un proyecto de acuerdo, coincidieron en que se deben coordinar las redes de monitoreo sísmico y volcánico, pues las erupciones del Llaima y el Chaitén obedecerían a ambos fenómenos.

 

 

 

Asimismo recordaron que en el país existen cerca de 122 volcanes activos, por lo que sería importante ampliar la cobertura de seguimiento.

 

 

 

“Me parece bien que se anuncie un monto de esa envergadura para implementar un sistema de observación vulcanológica en Chile, sobre todo porque que tenemos dos volcanes simultáneamente en actividad como el caso del Chaitén y el Llaima y además hay una falla geológica importante, totalmente activa”, señaló el senador Horvath.

 

 

 

No obstante, advirtió que a través de los canales establecidos en el Congreso, insistirá en que se asegure una plena coordinación con el servicio sismológico de la Universidad de Chile, “porque estar montando dos redes paralelas que no estén coordinadas y que, además, no haya un sistema para que estas organizaciones puedan asegurar profesionales para que puedan interpretar esta información, creo que nos quedaríamos a medias”.

 

 

 

COORDINACIÓN

 

 

 

En la práctica, esto significa reforzar el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernaegeomin, el centro sismológico de la Universidad de Chile y a la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi.

 

 

 

“Hay una falla activa en el Istmo de Ofqui, que va desde el sur de Aisén hasta Liquiñe, en la región de La Araucanía. El sismo de Aisén del año pasado, la actividad volcánica del Chaitén y del Llaima están en torno al  mismo sector. Es un sistema sismológico y volcánico que está funcionando a la vez y por eso que no deja de llamar la atención de que sólo se piense en un observatorio vulcanológico. Tiene que ser sísmico a la vez”, advirtió el senador Horvath.

 

 

 

El legislador recordó que durante la discusión de la Ley de Presupuestos que rige para este año, “abogamos para que estuvieran los recursos necesarios para monitorear el sistema sísmico y volcánico de Chile y en la próxima discusión haremos lo mismo, pues es importante que hayan instrumentos y recursos para asegurar la permanencia de profesionales”.

 

 

 

En la misma línea, el senador Muñoz manifestó que pondrá especial atención en que los recursos para esta Red Nacional Volcánica estén considerados en la Ley de Presupuestos, pues “si no es así, vamos a pedir que se incorporen, para asegurar un correcto funcionamiento”.

 

Según el parlamentario, el anuncio realizado por el ministro de Minería Santiago González, es positivo, “pero debiera haber una red mucho más amplia que la que está anunciando, pues son más de cien los volcanes que están activos en todo el país”.

 

 

 

Si bien considera que la creación de cuatro centros de vigilancia –ubicados en la zona norte, centro, centro sur y sur de Chile- es sumamente necesaria, estima que se debe asegurar una cobertura mayor.

 

 

 

“Valoro esta iniciativa, porque de alguna forma se está dando respuesta a lo que habíamos propuesto con el senador Jaime Naranjo en un proyecto de acuerdo que fue aprobado por el Senado”, recordó el senador Muñoz.

Abogan en el Senado para que el presupuesto 2009 sea “eficiente, austero y que mantenga el gasto social”

Abogan porque Presupuesto 2009 sea “eficiente, austero y que mantenga el gasto social”

 

 

A pocas semanas de que el Ejecutivo ingrese al Parlamento la Ley de Presupuesto 2009, los senadores Soledad Alvear, Camilo Escalona y Juan Antonio Coloma, adelantaron sus posturas respecto a lo que consideran debe ser un gasto fiscal “eficiente y austero”, pero que cumpla con los compromisos adquiridos en materia social.

 

 

 

El senador Escalona se reunió por más de una hora y media con el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en el marco de la ronda de reuniones que el secretario de Estado sostiene con los partidos de la Concertación. Al término del encuentro concordó con Velasco en la necesidad de buscar medidas para bajar la inflación -cuya proyección para este año fue corregida al alza llegando a 6,7% a fin de año-.

 

 

 

Sin embargo, el parlamentario aclaró que “la política fiscal no debe afectar la situación de los más pobres, ya que no tendría sentido, luchar contra la inflación reduciendo la calidad de vida de los sectores populares”.

 

 

 

Añadió que “vamos a colaborar con el propósito de que se pueda articular una política fiscal responsable, y el cumplimiento de los compromisos sociales que tiene la Presidenta Michelle Bachelet”.

 

 

 

El legislador aseveró que “queremos que esta inflación sea contenida y disminuida para que los sectores populares puedan mantener su calidad de vida. Sería un contrasentido que a propósito de la lucha contra inflación se produzca un recorte de gasto social que afecte a los sectores más pobres. Hoy en el país es fundamental el gasto social”.

 

 

 

GASTO INEFICIENTE

 

 

 

Por su parte, el senador Juan Antonio aseguró que la principal preocupación de la Alianza es que “los recursos se destinen un gasto eficiente que no genere más inflación”.

 

 

 

Indicó que tiene “la convicción de que parte del gasto es muy ineficiente, hay despilfarro y han habido platas que se asignan con determinado objetivo pero que al final no cumplen con el rol para el cual fueron diseñados”.

 

 

 

Otro de los puntos que destacó dentro de los factores que tendrán en cuenta en la discusión presupuestaria es el hecho de que, desde su perspectiva, el principal problema que tiene Chile hoy es la inflación.

 

 

 

“El alza del costo de la vida es el problema número uno que tenemos que enfrentar, y eso exige tener un presupuesto equilibrado. Cuando el Estado gasta mucho, hay inflación, y por tanto las cosas suben, entonces en este periodo lo que tenemos que cuidar es que las cosas no sigan subiendo”.

 

 

 

Por otra parte, indicó que el Gobierno debe preocuparse de no afectar el gasto social, al tiempo que sostuvo que una cosa es que el país se restrinja y otra muy distinta es que siempre se debe procurar que los recursos se destinen a los más desposeídos y la clase media.

 

 

 

“Lo anterior es la clave con que vamos a enfrentar este presupuesto. Siempre vamos a tratar de ayudar, es parte de nuestra esencia colaborar a que las cosas funcionen bien, pero ojo, vamos a cuidar que este Presupuesto 2009 no genere más inflación, que es el principal impuesto a los más pobres, vamos a cuidar que no afecte el gasto social, y vamos a cuidar porque sea eficiente”, insistió.

 

 

 

Por último, el senador Coloma discrepó con el Gobierno y recalcó que “el alza del costo de la vida que hoy día estamos enfrentando todos los chilenos no se debe un 100% a lo que está pasando en el mundo, sino que también a los errores macroeconómicos del Gobierno, porque, dijo, la inflación promedio de Latinoamérica es de un 6%, y nosotros estamos hablando de un 9,4%”.

 

 

 

FORTALECER LAS PYMES

 

 

 

En tanto, la senadora Soledad Alvear señaló que además de moderar el gasto público y mantener los compromisos sociales se deben adoptar una serie de medidas para enfrentar el alza de inflación como por ejemplo, mayor inversión en infraestructura, fortalecer las pymes y refocalizar los recursos del Sence y del subsidio a la contratación de mano de obra de jóvenes.

 

 

 

“Para poder enfrentar los efectos que produce la inflación es necesario generar mayor empleo y para ello pensamos que en el presupuesto del próximo año deben existir fondos suficientes para inversión en infraestructura, infraestructura vial, energética, en la construcción de hospitales, viviendas, etc. Eso puede significar mayor cantidad de recursos pero dirigidos a inversión”, dijo la parlamentaria.

 

 

 

Agregó que “hay que fortalecer a las pymes que son grandes generadoras de empleo, y por ende es fundamental refocalizar el diseño de políticas del Sence con las Pymes y el subsidio para la contratación de la mano de obra de jóvenes también debe ir en esa dirección”.

 

 

 

En relación al impuesto específico de los combustibles, la legisladora señaló que “creemos importante ponerle un techo, de manera que cuanto llegue a 100 dólares el barril se congele el impuesto de modo que el alza no impacte a los sectores modestos y a la clase media y por otra parte se mantiene el impuesto hasta los 100 dólares para que el Estado recaude los recursos suficientes para los programas sociales, que son fundamentales”.

 

 

 

En cuanto a la moderación del gasto fiscal, la senadora Alvear indicó que eso “implica mantener y por cierto cumplir todos los compromisos sociales, pero en otros temas, en lo posible podría haber una reducción o moderación del mismo y eso es importante analizarlo con el Ministro de Hacienda con quien nos vamos a reunir el lunes 21 de julio”.

 

 

Denuncian pérdidas por US$200 millones para el MOP en Proceso de construcción de cárceles concesionadas

Proceso de construcción de cárceles concesionadas generó pérdidas por US$200 millones para el MOP

 

 Un llamado a los ministerios de Obras Públicas y de Justicia para que investiguen a fondo las irregularidades detectadas en el proceso de construcción de cárceles concesionadas, hizo el senador Alejandro Navarro, tras señalar que las anomalías derivaron en la pérdida de 200 millones de dólares para el Ministerio de Obras Públicas, MOP.

 

 

 

 

El legislador dio a conocer un informe de la Contraloría sobre irregularidades denunciadas por él al año 2007 en el proceso de  construcción de las cárceles concesionadas.

 

 

 

“El informe es lapidario y da a conocer el desastroso resultado de los procesos de las construcciones y las malas edificaciones de los centros penitenciarios de todos los grupos, 1, 2 y 3, correspondientes a las cárceles de Alto Hospicio, en Iquique; La Serena; Antofagasta, El Manzano de Concepción; Valdivia, Santiago 1 y Puerto Montt”, señaló.

 

 

 

Según el parlamentario el informe acredita con fotografías e informes técnicos y financieros, los vicios en la construcción de las cárceles, y solicita al MOP que realice sumarios administrativos contra los inspectores fiscales, pues habrían cometido faltas a la ley de probidad al no fiscalizar la construcción de las obras.

 

 

 

A modo de ejemplo, señaló que en el caso de Concepción de US$21,5 millones que costaba la obra total, el Fisco pagó US$ 67 millones sólo el 43% de las obras y hoy ha licitado US$48 millones, lo que implica que el costo total ascenderá a los US$ 115 millones.

 

 

 

OTRAS ANOMALÍAS

 

 

 

Según el senador Navarro, el informe “ordena perentoriamente a que el MOP pague a los subcontratistas y pymes de la construcción, por sus trabajos, pues éstos no fueron pagados por los concesionarios, a saber, las empresas Besalco, Sodexho, Torno Internazionale y Vinci”.

 

 

 

Frente a estos antecedentes, el parlamentario anticipó que sostendrá reuniones con el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y con el Consejo de Defensa del Estado para que “los funcionarios responsables se hagan cargo de su bolsillo por la pérdida de dinero fiscal”.

 

 

 

Asimismo, pidió que las empresas concesionarias implicadas queden vetadas de los procesos de licitación para Santiago II y cárcel concesionada de Talca, que serán licitadas este año.

 

 

 

“Hay que hacer una investigación en el ministerio de Obras Públicas y de Justicia. Esta situación ha ocasionado una pérdida de patrimonio al MOP que va a alcanzar los 200 millones de dólares por cárceles pésimamente construidas y que en algunos casos como Antofagasta deben ser demolidas por fallas en la construcción y por carecer de agua potable”, precisó el legislador.

 

 

 

En su opinión, la Ley de Concesiones y el rol de las comisiones conciliadoras y de los jueces arbitrales deben ser revisados a la brevedad. “Esto amenaza en convertirse en escándalo, porque esta misma ley de concesiones  hoy  día se quiere llevar a los hospitales y estamos frente a un fracaso rotundo en el sistema de concesión de cárceles”, advirtió.

 

 

 

En su opinión, está claro que la ley de concesiones tiene que ser revisada tanto en la etapa constructiva como administrativa, pues “no creo que haya ningún chileno que esté dispuesto a aceptar que cada reo le cueste al país $ 526 mil mensualmente, casi 2,5 sueldos mínimos. Esta es una situación que se convirtió en un gran negocio en la etapa constructiva, pero una vez que están en funcionamiento siguen siendo un gran negocio. A ese precio lo único que hay que hacer es tener muchos presos”.

Discrepan de algunas normas del veto presidencial al proyecto que regula el lobby

Discrepan de algunas normas del veto presidencial al proyecto que regula el lobby

 

 

 Los cambios que introduce el veto presidencial al proyecto que regula el lobby y que amplía el marco de acción a la actividad no profesional, es uno de los aspectos que no comparten los senadores sobre las observaciones que hizo la Presidenta de la República a la iniciativa.

 

 

 

Así lo anticipó el senador Ricardo Núñez, integrante de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, instancia que inició el estudio del veto y que ya le planteó al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, una serie de reparos al texto propuesto.

 

 

Asimismo, los legisladores señalaron que pretenden introducirle algunos cambios al veto presidencial, lo que fue desestimado por el secretario de Estado quien señaló que en el trámite de discusión de las observaciones presidencial, sólo corresponde aprobar o desechar la propuesta.

 

 

Cabe recordar que el veto amplía el marco de acción del lobby a la actividad no profesional, lo que permite considerar como lobbysta a quien ejerce habitualmente la actividad sin percibir remuneración. La propuesta aprobada por el Congreso sólo consideraba como lobbysta al que ejercía la actividad de manera profesional y remunerada.

 

 

Además de elimina a las empresas públicas como sujetos pasivos de lobby y también se considerará que se ejerceré esta actividad cuando la promoción, defensa o internes se ejerza ante los jefes de gabinete de los parlamentarios o ante los secretarios de comisiones del Congreso.

 

 

Asimismo se define la habitualidad de la realización de esta actividad, como la realización de 8 o más gestiones de lobby en el período de un mes, o más de 15 en un trimestre, sobre una misma materia, ante una o más autoridades, miembros o funcionarios de la Administración del Estado y el Congreso.

 

 

DISCREPANCIAS

 

 

 

Según el senador Núñez, “Al quitarle el carácter de profesional, con el veto nuevamente nos incorporamos a la esencia misma del proyecto. Al dejar excepcionado a determinados ministros y a los presidente de ambas ramas del Congreso de llevar un registro de reuniones y dejando a los parlamentarios para que cualquiera de sus actividades que son propias de la naturaleza del cargo sean consideradas como lobby, se incorpora un tema extremadamente delicado”.

 

 

 

El legislador recordó que el lobby, entre otras cosas, dice relación con la defensa de intereses individuales, colectivos y sectoriales, por lo que para ejercerlo como tal debe llevarse un registro de las reuniones.

 

 

“A los únicos que se les excluye de llevar este registro es a los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, al Presidente de la República y a los titulares de las dos cámaras, lo que significa que el resto de los parlamentarios no solo tenemos que llevar un registro, sino que prácticamente todas nuestras actividades pueden ser consideradas como lobby”, señaló.

 

 

A juicio del senador Núñez esto abre una discusión mayor respecto de la naturaleza del cargo y de la función parlamentaria, pues un senador o diputado, por naturaleza, representa a una región, a un distrito y también intereses sectoriales.

 

 

A modo de ejemplo señaló que, en su calidad de presidente de la Comisión de Minería, debe conversar y entenderse habitualmente con el ministro del ramo y los sectores vinculados a esa cartera. “En esa circunstancia, ¿estoy realizando lobby o estoy cumpliendo con mi labor de representación?”.

 

 

Agregó que la habitualidad también es un tema en discusión, pues al ejercer una tarea parlamentaria ésta se realiza prácticamente las 24 horas del día.

 

 

“Tengo una discrepancia con el veto que se aprobó en la Cámara de Diputados. Según el Ejecutivo, no tenemos otra alternativa en el Senado que aprobar lo de la Cámara, porque no existe la posibilidad de Comisión Mixta en el trámite de veto. Significa un problema sumamente grave porque se le está quitando la potestad a una de las Cámaras de poder rechazar o modificar lo que hizo la otra”, sentenció.

 

 

Por su parte, el ministro Viera Gallo explicó que “de acuerdo a la Constitución, esto se tramita de una forma especial y no da origen a una Comisión Mixta y por tanto debería aprobarse en la Cámara y en el Senado. Si una de las dos corporaciones vota alguna norma en contra, no habrá ley sobre esa materia”.

 

 

 

Agregó que en la Cámara Baja el gobierno se comprometió a enviar un nuevo proyecto para precisar ciertos temas “y no tememos ninguna dificultad en hacer lo mismo con los senadores si hay algo en especial que ellos quieren precisar o añadir. Porque esto tiene 8 meses de vacancia”.

 

 

Proponen elegir a un presidente del gobierno regional y traspasar competencias desde el nivel central

Proponen elegir a un presidente del gobierno regional y traspasar competencias desde el nivel central

 

 La elección de un presidente del gobierno regional que tendrá a su cargo parte de las tareas que actualmente realizan los intendentes, es una de las propuestas que hizo el senador Jaime Orpis, al presentar una serie de indicaciones al proyecto de reforma constitucional que establece la elección directa de los consejeros regionales (cores).

 

 

 

 

Dicha iniciativa -en segundo trámite y que está radicada en la Comisión de Gobierno del Senado- apunta a introducir una serie de cambios en materia de administración regional siendo una de las más importantes la que cambia la forma en que se eligen actualmente los cores, cuya generación hasta ahora le ha correspondido al cuerpo electoral conformado por los concejales municipales de cada provincia.

 

 

 

No obstante, a juicio del senador Orpis la elección de los cores no implica una verdadera descentralización, pues seguirían administrando un sistema centralizado.

 

 

 

Por ello, propuso una serie de medidas que apuntan a definir los tipos de competencias y a modificar la estructura de los gobiernos regionales.

 

 

 

Con estos cambios, precisó el senador, “la figura del intendente se mantendrá como el representante del Presidente de la República, pero respecto de programas nacionales que se apliquen a la región”.

 

 

 

Agregó que, de acuerdo a su propuesta, la entidad apropiada para abordar las competencias regionales es el gobierno regional “y por lo tanto, es importante que exista un presidente del gobierno regional que sea elegido de manera directa”.

 

 

 

PASO PREVIO

 

 

 

Según el senador Orpis la descentralización se ha discutido de manera errónea. “Todo el debate ha estado centrado en si se elige o no a los cores, cuando ese es el último paso, porque en el escenario de que se elijan los cores bajo el actual esquema, van a seguir administrando un sistema centralizado y eso no es descentralización.  La descentralización es el traspaso real de competencias”, advirtió.

 

 

 

En tal sentido aseguró que antes de aprobar la elección directa de los cores, se debe cumplir con el paso previo de terminar con el centralismo.

 

 

 

“Yo subordino cualquier elección de los cores a que exista una descentralización efectiva y no nos amparemos en eso para señalar que estamos descentralizando, porque eso no es efectivo. Para mí una condición previa para elegir a los cores es descentralizar”, advirtió.

 

 

 

La propuesta señala que sólo será competencia del nivel central aquellos planes y programas que tengan carácter nacional; a los gobiernos regionales aquellos que tengan carácter regional y a los municipios los que tengan carácter local.

 

 

 

“Las competencias están completamente confundidas. Los gobiernos regionales prácticamente no existen porque todo está subordinado a nivel nacional. Todo el gabinete regional es de confianza del nivel central y sólo los proyectos que presenta el intendente, que es de la confianza del Presidente de la República, son los que pueden ser abordados por los cores”, explicó el senador.

 

 

 

Por ello, planteó una norma transitoria en la que establece que el traslado de competencias desde el nivel central a las regiones tiene que verificarse en un plazo de 10 años.

 

 

 

En lo fundamental se señala que “por un plazo de 10 años los gobierno regionales podrán solicitar al Presidente de la República, el traspaso de competencias y recursos que estén a cargo de organismos o servicios de la administración central o funcionalmente o territorialmente descentralizada o desconcentrada”.

 

 

 

Asimismo, propone darle un estatus jurídico distinto a los convenios de programación, que son una suerte de contrato que celebra una región con un ministerio para un proyecto específico, en el que cada una de las partes asume la entrega de recursos.

 

 

 

El problema, explicó el senador es que “los convenios de  programación son definidos a nivel central y no hay ninguna sanción si una parte no cumple. Por eso, asimilo los convenios de programación a lo que son los contratos en el sector privado en el que una de las partes no cumple un contrato se puede exigir el cumplimiento de la obligación con la indemnización de perjuicios”.