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Piñera afianza posibilidades de la derecha de llegar al poder en Chile

El empresario chileno Sebastián Piñera lidera la carrera presidencial en Chile con miras a las elecciones de diciembre de 2009, según una encuesta, afianzado las posibilidades de la derecha de recuperar el poder tras dos décadas de dominio de la coalición socialdemócrata.

Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, aparece como el candidato con mayor intención de votos, con un 32%, de acuerdo al último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de las de mayor prestigio del país y que dio el puntapié inicial a la carrera presidencial para los comicios de 2009.

Detrás de Piñera aparece el ex presidente Ricardo Lagos, con un 19%, a quien el empresario derechista derrotaría en una eventual segunda vuelta, por 45% frente a un 36%, según la encuestadora.

Piñera vence también a otros tres eventuales candidatos del oficialismo: la senadora Soledad Alvear, el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) y el actual secretario general de la OEA, el ex ministro José Miguel Insulza.

De confirmarse la intención de votos, el empresario derechista -dueño de una fortuna personal valorada en más de 1.300 millones de dólares- haría retornar al poder a la derecha chilena después de dos décadas de dominio de la alianza de centro izquierda Concertación Democrática, tras el final de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Piñera se ve muy firme, aunque su intención de voto debiera ser mayor, considerando que éste es el peor momento de la coalición oficialista", comentó a la AFP el analista Patricio Navia.

"Piñera no ha logrado capitalizar el mal momento del oficialismo", agregó el analista, explicando que el empresario no logra superar la votación que en conjunto reúnen los cuatro eventuales candidatos del oficialismo.

La Concertación Democrática -conformada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Radical Socialdemócrata y la Democracia Cristiana, se mantiene en el poder desde 1990 tras el fin de la dictadura de Pinochet.

Desde esa fecha ha ganado todas las elecciones efectuadas en Chile, tanto municipales como parlamentarias y presidenciales, aunque ahora su adhesión se ha deteriorado, como consecuencia de escándalos de corrupción y un menor desempeño de la economía debido a la alta inflación.

La derecha, por su parte, acumula derrotas. De hecho, el propio Piñera perdió en su anterior incursión presidencial en enero de 2006, cuando en segunda vuelta se impuso la actual mandataria, la socialista Michelle Bachelet.

Desde esa fecha Piñera se mantiene en campaña, enfrentando algunas polémicas por el manejo financiero de sus inversiones, presentes prácticamente en todos los sectores de la economía.

El empresario tiene, entre otras, una participación mayoritaria en la privada Clínica Las Condes, en el canal de televisión Chilevisión, la aerolínea Lan Chile y el club de fútbol Colo Colo, el más popular del país y del que Piñera no es simpatizante.

Ningún otro candidato parece hacerle sombra en la derecha, ante una caída en la adhesión que concita el ex alcalde de Santiago, Joaquín Lavín.

En el oficialismo, en cambio, las cosas están más difusas. Aún no está definido ningún candidato ni la forma en que éste será escogido. Todo se definirá tras las elecciones municipales de octubre próximo, que servirá para medir fuerzas al interior del oficialismo.

Analistas han anticipado que la coalición gobernante volverá a ganar estas elecciones, con un mayor dominio del área progresista frente a la democracia cristiana, que se espera sufra una estrepitosa caída.

Fuente:Agencia AFP

Presidente del Senado advirtió que Chile está perdiendo una oportunidad histórica en cuanto a crecimiento

“Con la falta de política económica el país está perdiendo una gran oportunidad para dar un salto en su desarrollo”. Así lo afirmó el Presidente del Senado Adolfo Zaldívar quien insistió en que la Cámara Alta consensuó un conjunto de medidas para reactivar nuestro crecimiento  pero “aún no hay respuesta del gobierno”.

El parlamentario al igual que sus pares Eduardo Frei, Carlos Ominami y Sergio Romero explicó que “hubo una sesión a la que no concurrió el ministro de Hacienda, Andrés Velasco aunque se le invitó con antelación, y se acordó por unanimidad de todos los senadores que enviáramos el documento con la propuesta al Gobierno”.

Precisó que “Chile nunca en su historia había tenido la oportunidad que tuvo hoy día, y que se perdió por falta de capacidad, por falta de visión política, porque las expresiones económicas tienen que relacionarse con una expresión política”.

El titular del Senado criticó la postura de las autoridades económicas y dijo que el Ministro de Hacienda “está impávido, no reacciona, y ha dejado pasar la mejor coyuntura que Chile haya tenido en su historia para tener un crecimiento como corresponde”.

Puntualizó que “cuando uno está en una situación apremiante o tiene un problema se abre a escuchar o eso es lo que yo haría”.

Asimismo descartó que su postura sea destemplada ya que “finalmente sólo representa la visión de toda la Cámara Alta y que quedó plasmada cuando le presentó una propuesta para reactivar la economía del país y que el Ministro de Hacienda no tomó en cuenta”.

Proponen prueba de aptitud profesional obligatoria para quienes quieran ser abogados

 Con el propósito de igualar los altos niveles de exigencia que requiere la preparación de un abogado, el senador Víctor Pérez presentó un proyecto de ley para modificar el Código Orgánico de Tribunales con el fin de establecer la obligación de rendir una prueba de aptitud profesional ante la Corte Suprema para poder ser abogado.

La iniciativa, que deberá ser estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, incorpora este nuevo requisito a las exigencias que se deben cumplir para poder obtener el título y ejercer como abogado.

Cabe recordar que el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales señala que para poder ser abogado se requiere tener 20 años de edad; tener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad; no haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; tener antecedentes de buena conducta; y haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Asimismo, se entenderá cumplido este último requisito en el caso de los postulantes que sean funcionarios o empleados del Poder Judicial o de los tribunales del trabajo, por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años, en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría.

NIVELACIÓN

En los argumentos de su iniciativa, el senador Pérez recuerda que desde 1981se crearon universidades privadas, que se insertaron en el campo de la enseñanza superior junto con las denominadas universidades tradicionales, que ascendían a ocho, las cuales se incrementaron al doble, toda vez que las sedes que tenían en regiones, la Universidad de Chile y la ex Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago, se transformaron en universidades autónomas.

De esta forma, explica, se originaron la Universidad de Tarapacá en Arica, Arturo Prat en Iquique, de Antofagasta en la misma ciudad, de Atacama en Copiapó, de La Serena en la misma ciudad y Magallanes en Punta Arenas, entre otras.

En la actualidad el sistema universitario chileno está conformado por 61 universidades, de las cuales 42 mantienen facultades de derecho, egresando cada año un número importante de ellos con el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas, después de haber rendido el examen de grado o licenciatura.

No obstante, señala el senador, “no toda la alta exigencia que requiere la preparación de un abogado es igualitaria. No existen la cantidad de profesores idóneos para capacitar a tanta persona interesada en estudiar derecho con una debida aptitud para trasmitir los conocimientos del saber jurídico, y los controles de calidad, esto es, las pruebas y exámenes y otros requisitos académicos tampoco son uniformes”.

El senador Pérez agregó que “el número de abogados que se titulan cada año es considerablemente mayor a las décadas pasadas. Así en el año recién pasado se titularon más de dos mil de ellos y cada mes juran, ante la Excelentísima Corte Suprema, un promedio de doscientos abogados, lo que es claramente preocupante, no sólo por la cantidad de los mismos, sino por la calidad de éstos”.

Por ello, estima que establecer la obligatoriedad de rendir una prueba de aptitud profesional serviría a equipara los niveles de exigencia.

Idea de legislar sobre sufragio de los chilenos en el extranjero se votaría la próxima semana

 El proyecto que permite el voto de los chilenos en el extranjero y que está cumpliendo su segundo trámite constitucional en el Senado, podría enfrentar una jornada clave la próxima semana cuando la Comisión de Constitución se pronuncie respecto de la idea de legislar sobre la iniciativa.

Según explicó la senadora Soledad Alvear, integrante de la citada instancia legislativa, la intención de la Comisión es votar en general el proyecto la próxima sesión para luego entrar a la discusión en particular.

Cabe recordar que la instancia que preside el senador José Antonio Gómez y que integran además de la legisladora, los senadores Alberto Espina, Hernán Larraín y Pedro Muñoz, recibió al Director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, quien expuso sobre la iniciativa.

Al respecto, la senadora Alvear manifestó que García “hizo una presentación para ver cómo es posible, sin ninguna dificultad, que el proceso de voto de los chilenos en el exterior se lleve a efecto. Él recordó que cuando yo era Ministra de Relaciones Exteriores, formamos un equipo de trabajo con el Servicio Electoral, para contemplar todos los requisitos necesarios y dijo que daba fe de que se podría llevar a efecto sin dificultad de ninguna especie”.

Agregó que otro de los temas que se abordó, fue qué sucedería si es que se aprueba el proyecto que contempla la inscripción automática en los registros electorales.

“En ese caso, precisó, sería más fácil aún porque como país, tenemos al Registro Civil chileno en línea con todos los consulados, razón por la cual podemos saber directamente cuales son los chilenos mayores de 18 años que sería el único requisito para votar según lo dice el proyecto”.

VÍNCULO CON CHILE

Por su parte, el senador Espina señaló que es partidario de que los chilenos que se encuentran en el extranjero puedan votar, pero insistió en que para ello deben estar inscritos en los registros electorales en Chile y no en un registro especial como lo propone la iniciativa.

“Somos partidarios de que voten los chilenos en el extranjero, pero que estén inscritos en los registros electorales en Chile, como corresponde para asegurar transparencia y normalidad; y que puedan realizar su voto en el extranjero en la medida que se hayan avecindado un año en Chile en algún momento y que estén inscritos en los registros electorales en el país”, señaló el legislador.

En su opinión crear un registro especial para los chilenos en el extranjero “al final se presta para todo tipo de manipulación. Creo que montar un sistema de esa naturaleza se va a prestar para afectar uno de los más preciados patrimonios que tiene Chile en democracia y que es que nuestros padrones electorales son incuestionados”.

El legislador señaló que es probable que respalden la idea de legislar sobre la iniciativa, pero que ello dependerá de cómo viene planteado finalmente el proyecto y de los cambios que se le puedan introducir.

“Que los chilenos en el extranjero lo sepan. Nosotros estamos dispuestos a dar todas las facilidades para que voten con el requisito de que estén inscritos en los registros electorales en Chile y haber, alguna vez en su vida, vivido en un año en nuestro país”, sentenció.

En votación dividida Comisión de Trabajo aprobó bono post laboral de $50 mil a funcionarios públicos

Después de una serie de intentos por perfeccionar la iniciativa, finalmente la Comisión de Trabajo del Senado aprobó con tres votos a favor y dos abstenciones, el proyecto que establece la entrega de un bono post laboral de $50 mil mensuales, de carácter vitalicio, para el personal que se desempeña en el sector y que cumplan determinados requisitos al momento de jubilar. Votaron a favor de la iniciativa los senadores Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz, mientras que el presidente de esa instancia, senador Andrés Allamand y el senador Víctor Pérez, se abstuvieron, por estimar que la iniciativa no resuelve el denominado daño previsional del sector. Si bien el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, valoró la aprobación de esta iniciativa –que además debe ser vista por la Comisión de Hacienda antes de ser votada en Sala- los senadores Allamand y Muñoz manifestaron opiniones distintas en torno a la iniciativa.

Ley General de Educación:ministra expuso hoy en el senado

 El procedimiento que seguirá la Comisión de Educación para las audiencias públicas y el debate del proyecto sobre  Ley General de Educación (LGE) será uno de los primeros puntos que tendrá que despejar esa instancia legislativa en su sesión del próximo martes.

Ello, pues mientras hay quienes sostienen que la iniciativa, que cumple su segundo trámite, podría ser aprobada por el Senado a fines de agosto, hay quienes consideran que aquello es imposible dada la envergadura del proyecto y la cantidad de organizaciones que han pedido ser escuchadas.

No obstante, la instancia que preside el senador Alejandro Navarro acordó duplicar sus sesiones –se reunirá martes y miércoles en la Sala de Sesiones del Senado- y quedó en definir el cronograma de audiencias la próxima semana, pues existen cerca de 47 organizaciones que han pedido ser escuchadas.

Todo esto se acordó en la sesión de hoy, donde la Ministra de Educación Mónica Jiménez hizo una completa exposición sobre este y otros proyectos prioritarios para su cartera.

En la oportunidad estuvieron presentes los integrantes de la citada instancia legislativa, senadores Alejandro Navarro, Carlos Cantero, Ricardo Núñez, Jorge Pizarro y Hernán Larraín (estos dos últimos en reemplazo de Mariano Ruiz-Esquide y Andrés Chadwick, respectivamente).

También participaron los senadores José Antonio Gómez, Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Hosaín Sabag, Pedro Muñoz, Alberto Espina, Fernando Flores y Carlos Kuschel.

PLAZOS Y URGENCIAS

Al término del encuentro el senador Navarro manifestó sus reparos a los plazos que se ha fijado el Ejecutivo para despachar esta iniciativa, argumentando que “la propuesta de fines de agosto es impracticable. A pesar de que dupliquemos el trabajo de la Comisión, en los hechos, las audiencias públicas serían muy restringidas y el debate muy acotado”.

En tal sentido, señaló que todos los senadores coincidieron en que los tiempos no pueden estar marcados por una suerte de “fast track” de educación, porque ello sería tremendamente nefasto.

“Pretender sacar la ley de educación, la ley más importante del siglo XXI para el país, en un lapso de dos meses, no resulta apropiado. Siento que la discusión debe durar el tiempo necesario para que tenga legitimidad”, dijo el parlamentario tras señalar que “no veo la urgencia de que esta ley sea despachada en agosto y en este año. La educación no se va a mejorar en Chile una vez que aprobemos la ley, es un proceso de mayor proyección”.

Junto con reiterar que el acuerdo entre el oficialismo y la Alianza no lo compromete, manifestó que tal como llegó la iniciativa al Senado la votaría en contra pues requiere de cambios sustantivos.

Por su parte el senador Núñez manifestó que “no es posible tramitarlo antes de que termine agosto, porque tendríamos que dedicarnos solo a esto, lo que es imposible. Proponer esa fecha es alterar la realidad, no podemos someternos a un ritmo que no podemos cumplir”.

Agregó que el Ejecutivo debería retirarle la urgencia simple a la iniciativa porque “lo mejor que se puede hacer para un buen debate es no tener urgencias encima de nosotros”.

En tanto, el senador Gómez señaló que no está de acuerdo con “forzar la ley de manera que votemos en agosto y que no se haga todo lo que corresponda hacer, un buen debate, sobre todo en una ley de esta naturaleza”.

En la misma línea, el senador Cantero advirtió que “deberíamos abocarnos sin límite de tiempo” a ver la iniciativa. De hecho, junto al Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, y al resto de los senadores independientes, Fernando Flores y Carlos Bianchi, se comprometieron a mantener “un diálogo permanente” con el Colegio de Profesores, encabezado por Jaime Gajardo.

Esto, tras reunirse con los dirigentes del profesorado, oportunidad en la que manifestaron su preocupación porque “el actual acuerdo partidista en educación, fue ampliamente celebrado en las cúpulas pero fuertemente repudiando en las bases”.

Los legisladores independientes adelantaron su criterio de rechazo al actual proyecto de Ley General de Educación porque independientemente de que exista una educación de carácter privado, “no garantiza una educación pública de calidad”.

AVANCE SIGNIFICATIVO

En tanto, el senador Pizarro manifestó que “estamos partiendo el debate y espero que hagamos una discusión seria, sin prejuicios, con altura de miras y sin caer en el panfletarismo, porque lo que se busca es avanzar en el  mejoramiento de la calidad de la educación”.

En tal sentido, dijo que “me parece que el proyecto de la LGE tiene elementos positivos en esa línea y eso es lo que tenemos que tratar de perfeccionar acá en el Senado. Debemos hacerlo en un tiempo razonable que nos permita, por un lado escuchar las distintas opiniones, pero  también decidir a tiempo, porque mientras más nos demoramos en despachar esta ley, más demoramos el mejoramiento de la calidad de la educación y más postergamos a nuestros jóvenes”.

Por su parte el senador Allamand, señaló que “espero que la Comisión de Educación finalmente fije un itinerario para la tramitación y debate de este proyecto, que no eternice la discusión. Pero quedó claro que el gobierno y algunos parlamentarios de la Concertación consideran, al igual que la Alianza, que este proyecto es un avance sustantivo, y por otra parte, se pudo expresar los puntos de vista del senador Navarro que está repitiendo la posición que tuvieron en la Cámara algunos diputados socialistas, en orden a rechazar el acuerdo”.

En tanto la ministra Jiménez destacó este primer encuentro y señaló que “no se justifican los debates callejeros, porque este es el Senado, este es el lugar y el espacio donde deben debatirse las leyes y donde tendrían que venir las personas que tienen visiones distintas para proponerlas”.

Perfeccionarán iniciativa sobre el decreto que regulariza la posesión de la pequeña propiedad raíz

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo lunes 4 de agosto quedó el proyecto, en primer trámite, que fortalecerá el derecho de los propietarios de bienes raíces inscritos en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, ante los abusos que se han producido por la aplicación del decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.

Ello, luego de que el Senado aprobara en forma unánime legislar sobre la iniciativa que propone, entre otras medidas, que las normas del citado decreto no sean aplicables respecto de aquellos inmuebles con inscripción de dominio anterior vigente, y cuyo impuesto territorial haya sido pagado en forma regular y continua por el titular de la propiedad.

Asimismo, propone que la posesión material del inmueble se acredite por la existencia de hechos positivos que impliquen habitación o explotación del inmueble cuyo título se pretende regularizar, o por algún título o antecedente que le dé la apariencia de dueño.

Durante el debate intervinieron los senadores Baldo Prokurica, Hosaín Sabag, Pedro Muñoz Aburto, Pablo Longueira, Guillermo Vásquez, Alejandro Navarro y Adolfo Zaldívar quienes coincidieron en la necesidad de perfeccionar la iniciativa durante el debate en particular.

El senador Baldo Prokurica, uno de los impulsores de la iniciativa entregó una detallada cuenta de la aplicación del decreto Ley Nº2.695 en 1979 y advirtió que si bien es efectivo ha otorgado protección al poseedor de una propiedad raíz que no ha llegado a ser dueño, el problema radica en que, de acuerdo al texto del decreto, se han exagerado los privilegios concedidos al poseedor, en perjuicio de los derechos del verdadero dueño o poseedor inscrito.

Por esta razón se propone que no será aplicable dicho decreto, respecto de los inmuebles inscritos y cuyo titular esté al día en el pago de las contribuciones. Además se establecen sanciones para el funcionario público que incurre en negligencia en el procedimiento que signifique perjudicar a los verdaderos dueños o poseedores inscritos.

Por su parte, el senador Hosaín Sabag adhirió a esta moción porque “es altamente relevante mejorar este decreto de ley, porque si bien es cierto da las facilidades para sanear las propiedades rurales, también se ha prestado para muchos abusos”. Recordó que incluso el propio Tribunal Constitucional ha fallado en el sentido de aclarar los alcances de dicha norma.

En tanto, el senador Pedro Muñoz coincidió en valorar esta iniciativa pero manifestó algunas dudas en el sentido de que no sería necesario que exista un título inscrito para adquirir el dominio de un inmueble lo que restringe bastante el uso de este decreto. Llamó además la atención además sobre que en las zonas de Aisén y Coyhaique “muchos de sus habitantes por desconocimiento de este cuerpo legal fueron despojados de sus tierras precisamente por la falta del título inscrito”.

En ese sentido, el senador Pablo Longueira se mostró partidario de mejorar la iniciativa durante el debate en particular ya que “la idea central es perfeccionar y proteger la propiedad para aquellas personas que la tienen y establecer que esta ley no será aplicable para los bienes que mantengan el impuesto territorial al día, porque hay personas que tienen sus pagos al día y han sido regularizados por otras personas en ese mismo bien, por lo tanto, se trata de evitar abusos”. 

El senador Guillermo Vásquez explicó que “si bien este decreto sirvió para regularizar la situación de muchos predios también se dio para la apropiación indebida de pequeños propiedades por parte de empresas en sectores rurales”. Añadió que es indispensable aclarar quienes pueden hacer uso de los derechos y beneficios de esta ley.

En tanto, el senador Alejandro Navarro puntualizó que “queremos evitar que las personas que han vivido y explotado por décadas un predio, de la noche a la mañana tengan que abandonar su tierra porque alguien en una región lejana pagó el impuesto y le quitó el predio”. Recordó que el compromiso de la Ministra de Bienes Nacionales es “revisar todo el rol del Conservador de Bienes Raíces no sólo por el poder que acumulan sino por los altos costos que cobran”.

Finalmente, el senador Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado expresó su respaldo a la iniciativa porque “estoy convencido de que la teoría de la propiedad inscrita con todo es lo más seguro y ojala la acompañemos con la posesión, tomando todos los resguardos, porque no cabe duda que en ese escenario el débil queda más protegido”.

Senado realiza homenaje póstumo a General Director de Carabineros  José Alejandro Bernales y su comitiva

 Un sentido y emotivo homenaje rindió esta tarde el Senado al fallecido General Director de Carabineros, José Alejandro Bernales; su esposa Teresa Bianchini y a la comitiva que los acompañaban durante un viaje institucional que les costó la vida, tras precipitarse a tierra el helicóptero que los transportaba en Panamá.

En una sesión que fue seguida atentamente desde las tribunas por los tres hijos del máximo oficial y por el alto mando de Carabineros, encabezado por el general Eduardo Gordon, representantes de las distintas bancadas parlamentarias recordaron la trayectoria humana y profesional de Bernales y valoraron el aporte que hizo a la institución que dirigió.

También tuvieron palabras de reconocimiento para la señora del general; para el teniente coronel Oscar Tapia y su señora Carolina Reyes; para el teniente coronel Ricardo Orozco y el capitán Mauricio Fuenzalida.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador José García, quien en representación de sus pares de RN, señaló que los valores de prudencia, justicia, templanza, fortaleza, dignidad humana, protección de la vida, honestidad y lealtad que caracterizan a un Carabinero, fueron encarnados por el fallecido oficial, sentando un ejemplo para su institución.

Asimismo, reiteró a los familiares de las personas fallecidas “nuestros sentimientos de afecto y dolor por el duelo que les aflige” y solicitó que se agilice la investigación que debe determinar las causas de la tragedia aérea, señalando que “ello traerá mayor tranquilidad a sus familiares y a Chile entero. La verdad de lo ocurrido es indispensable para encontrar la necesaria paz, ante tan dolorosa partida”.

Junto con señalar que el fallecido oficial “fue un hombre de excepción; un Carabinero de honor; un servidor público ejemplar, un chileno que demostró, con hechos, su profundo y sincero amor por Chile”, manifestó que espera que la Presidenta acoja la solicitud que hizo el senador Sergio Romero para que el Primer Puerto Terrestre de Chile que se inaugurará en Los Andes, lleve el nombre del general, pues fue en esa ciudad donde prestó sus primeros servicios a la institución.

CALIDAD HUMANA

Luego la senadora Soledad Alvear, en representación de la Democracia Cristiana, destacó la dedicación del general Bernales a la lucha contra el delito, señalando que su profesionalismo significó que dejara como herencia “una institución que avanza a paso firme en el cumplimiento de su misión. Una institución querida y respetada, profesional y eficaz, cercana a la ciudadanía. Podemos señalar con orgullo que este líder deja a Carabineros y a los chilenos un gran legado”.

Asimismo, destacó la labor que realizó como guía de encuentros matrimoniales, su preocupación por sus subalternos y sus familias, manifestando que “hombres como él nos animan a cumplir nuestro rol con el máximo rigor, en beneficio de los chilenos y chilenas que han delegado en nosotros sus sueños, sus anhelos y sus esperanzas de hacer de ésta patria, un lugar más justo, más humano y en paz”.

En representación del Partido Radical, el senador Nelson Ávila rindió un homenaje al fallecido oficial y a todas las víctimas de la tragedia aérea, pero señaló que su reconocimiento estuvo dirigido “al ser humano de carne y hueso” y no “al héroe mítico construido por los medios a partir de un accidente lamentable”.

Junto con manifestar que existe mucha sensibilidad hacia la Institución y a todos sus miembros, por las pérdidas humanas que han debido lamentar, señaló que “tan valiosa es la vida del más modesto efectivo que muere en acto de servicio, como la de su Director General. Unos y otros han ido tejiendo el devenir institucional, hecho carne en la historia de la República”.

PROFESIONALISMO

A nombre de los senadores del PS, el senador Juan Pablo Letelier, señaló que las muestras de dolor, admiración y cariño que expresó la comunidad chilena tras el fallecimiento del oficial, se deben a su personalidad y a la cercanía que alcanzó con la comunidad durante su mandato como la máxima autoridad de Carabineros.

“Estábamos en presencia de un general distinto, de gran humanidad y caridad cristiana; un general muy sensible y abierto. Pero al mismo tiempo un general con carácter y coraje para enfrentar los desafíos y muy especialmente el vil asesinato de algunos funcionarios de su institución. Un general no sólo comprometido con la modernización de su institución, sino también con la lucha contra la delincuencia. Para el General Bernales   servir a la comunidad, era un objetivo de vida. Y así lo hizo”, recordó el legislador.

INTEGRIDAD

A su turno, el senador Carlos Bianchi, en representación de los independientes, destacó el rol de servidor público que tuvo al mando de la institución, la que actualmente goza de gran credibilidad y respeto de parte de la ciudadanía.

“Bajo su liderazgo, Carabineros de Chile progresó en su modernización institucional, se preocupó permanentemente por mantenerse como una institución confiable y vecina a la comunidad y reflejó, asimismo, su  ansiedad por brindarle seguridad a la gente”, dijo el legislador.

Finalmente, el senador Jorge Arancibia, en representación de la UDI, citó una antigua frase de la cultura militar que señala que “los grandes generales no mueren, sólo sus cuerpos se desvanecen”, como una forma de graficar la huella que personalidades de excepción, como el fallecido oficial, dejan como legado a sus instituciones y a sus comunidades.

Junto con destacar la calidad humana y profesional de la comitiva que acompañaba al oficial al momento de su muerte, el senador Arancibia señaló que “el General Bernales le dio un sentido trascendente a su existencia, en el legado que le entregó a su institución Carabineros de Chile y en sus tres hijos, que ya demuestran ser sus dignos herederos”.

Senado dio luz verde a nuevo Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Sin apartarse del acuerdo logrado entre el oficialismo y la oposición, la Sala del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar sobre el proyecto que crea el Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, una Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación y transforma el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace, en un servicio público. Con ello, la iniciativa que cumple su primer trámite, quedó en condiciones de ser remitida nuevamente a la Comisión de Constitución, presidida por el senador José Antonio Gómez, para el estudio de nuevas indicaciones, las que deberán ser presentadas hasta el 28 de julio. Durante la discusión del proyecto intervinieron los senadores José Antonio Gómez, Alberto Espina, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Roberto Muñoz Barra, Nelson Ávila y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quienes valoraron la creación de esta nueva institucionalidad, no obstante que anticiparon la presentación de algunas indicaciones.

Comisiones de RR.EE de Bolivia y Chile confirmaron “el significativo avance en las confianzas mutuas” entre ambos países

Satisfechos por el cualitativo avance en el clima bilateral y en las confianzas mutuas entre Chile y Bolivia se mostraron los senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores de los Senados de Bolivia y de Chile quienes se dieron cita en Valparaíso para analizar temas como la integración física, el intercambio comercial y el tema marítimo.

La Comisión de RR.EE de Bolivia presidida por el senador Tito Hoz de Vila e integrada por los parlamentarios Carlos D’Arlach, Tito J. Carrazana y Gastón Cornejo, además del Cónsul General de Bolivia en Chile, Freddy Bersatti Tudela, fueron recibidos por el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar y luego visitaron la Sala de Sesiones del Senado.

El senador Jaime Gazmuri, presidente de la instancia chilena que integran además los senadores Sergio Romero, Jorge Pizarro, Hernán Larraín y Roberto Muñoz Barra, confirmó que “hemos constatado el estado cualitativamente superior en la que están las relaciones entre ambos países, conversamos sobre el avance de medidas de confianza mutua y acordamos apoyar la creación reciente de una Comisión Mixta para temas de cultura, porque el conocimiento mutuo de ambos países es una cuestión fundamental”.

El legislador se mostró convencido de que “estamos contribuyendo como Senado a mejorar las relaciones con países tan importantes como Bolivia que tiene grandes recursos naturales, ocupa un lugar central en América Latina y es el eje de las comunicaciones Atlántico- Pacífico”.

Asimismo el parlamentario informó que los legisladores chilenos y bolivianos acordaron “impulsar el Protocolo para colaboración en temas de defensa porque es un tema innovador para nuestros países y realizar un seguimiento de los avances de las conversaciones entre ambas Cancillerías en el tema marítimo”.

Otro de los aspectos donde hubo consenso fue “en la necesidad de avanzar en la integración física e invitamos a nuestros gobiernos a priorizar los esfuerzos para terminar el 2009 el primer Corredor Bioceánico que unirá el Puerto de Santos en Brasil con los Puertos de Arica e Iquique. Asimismo queremos que se avance en un segundo Corredor que una Curitiba en Brasil, con Tarija en Bolivia y los puertos de Antofagasta e Iquique”.

En materia comercial, el senador Gazmuri dijo que “queremos profundizar los acuerdos comerciales y, en ese sentido hicimos presente nuestra observación por el alza de aranceles que decretó Bolivia porque creemos que eso va en contra del esfuerzo de implementar una relación comercial muy amplia”.

AVANCE EN LAS CONVERSACIONES

Por su parte, el senador boliviano Tito Hoz de Vila Quiroga coincidió con su par, en el sentido que desde el primer encuentro de ambas Comisiones en junio de 2007, “hemos constatado que se ha avanzado mucho en las confianzas mutuas y tomamos la decisión de acompañar las conversaciones que se efectúan a nivel de nuestras Cancillerías”.

El legislador destacó la labor que han desarrollado las respectivas Fuerzas Armadas que “han logrado superar ese recelo que existía, considerando la permanente demanda boliviana por el tema marítimo. Las FF.AA han sido prácticamente los abanderados y han permitido generar una distensión en las poblaciones de ambos países”.

Puntualizó que desde su punto de vista “el pueblo chileno está recibiendo de manera más directa y veraz el sentimiento boliviano -que no es de revancha o de mirar atrás revisando los Tratados- sino que es un sentimiento de poder mirar hacia delante en un mundo globalizado y que les permita recuperar su cualidad marítima aunque no fuera en la extensión originalmente perdida”.

Por lo tanto, -afirmó el senador Hoz de Vila- “en el tema marítimo hemos visto los avances de ambas Cancillerías y hemos encontrado un lenguaje diferente. Muchas veces en el pasado, en el lado boliviano se han tratado de manejar las posiciones del país y del gobierno en medios de comunicación y esto malogra las posibilidades de encontrar soluciones. En cambio hoy vemos un mayor pragmatismo en los criterios de ambos países con respecto al tema marítimo”.

Finalmente, el senador boliviano valoró “el cada vez más fluido intercambio entre empresarios de ambos países aunque hemos visto con preocupación la gran brecha en el déficit comercial que existe en Chile y nos comprometimos a buscar mecanismos para resolver esta inquietud, al igual que la preocupación de Chile sobre el alza de los aranceles de importación”.

Rechazan idea de legislar sobre modernización municipal y autonomía para fijar plantas de personal

 Después de una serie de intentos por acercar posiciones entre los actores del sector municipal, la Comisión de Gobierno rechazó, por tres votos contra dos, la idea de legislar sobre el proyecto de modernización municipal, que entre otras medidas establecía la autonomía de los alcaldes y su cuerpo de concejales, para fijar las plantas de personal.

Votaron a favor del proyecto los senadores Ricardo Núñez y Hosaín Sabag, mientras que en contra lo hicieron el presidente de la citada instancia, senador Carlos Bianchi, y los senadores Jaime Orpis y Jorge Arancibia, quien reemplazó circunstancialmente al senador Víctor Pérez.

Ahora corresponde que la Sala se pronuncie sobre la iniciativa, pero los senadores Bianchi y Núñez estiman que el resto de sus pares seguirá la misma línea adoptada por la Comisión.

Consultado por la decisión de la instancia que preside, el senador Bianchi manifestó que “siento que hubo una mala negociación por parte del Ejecutivo. Costó muchísimo y fue casi imposible lograr que se juntara con los funcionarios municipales y eso me pareció inadecuado. Muchas veces reiteré la necesidad de que fuera el Ejecutivo el que mediara para que se lograran los acuerdos”.

El parlamentario recordó que durante la tramitación de esta iniciativa “costó muchísimo ir consiguiendo beneficios. Iban sacando del canastito a medida que se iba pidiendo. Pasaba el tiempo, sacaban una ofertita y la iban poniendo arriba de la mesa. Eso hizo que se haya dilatado tantos años esta discusión. Nosotros escuchamos a todos los actores involucrados, pero siempre vimos una indisposición a un acuerdo final”.

FOJAS CERO

Según explicó el senador Bianchi, sólo hace un par de semanas el gobierno presentó una indicación que, de alguna manera, buscaba instalar la posibilidad de que los funcionarios pudieran negociar, pero sólo en cada municipio y no de manera colectiva, como lo solicitaban.

“Ante tanta cosa poco clara, nuestra decisión fue rechazar el proyecto. Hay errores que enmendar y ahora que esto pasa a Sala con informe negativo, está la oportunidad de que cada uno de los puntos en conflictos se puedan mejorar o se puedan hacer las indicaciones correspondientes”, advirtió.

Por su parte, el senador Núñez lamentó que no se haya logrado avanzar en esta materia, más aún, dado el tiempo que se lleva discutiendo en el Congreso.

“En mi opinión, este proyecto de ley buscaba iniciar un proceso de modernización del sistema municipal chileno, al cual, si no se le incorporan modificaciones sustantivas va a seguir siendo un lastre en el proceso de mejoramiento de la participación popular”, señaló.

El parlamentario explicó que la Asemuch, instancia que reúne a los trabajadores municipales, durante mucho tiempo vio en esta iniciativa una amenaza a su estabilidad laboral, “pero hay quienes sostenemos que con todas las restricciones que existían en la ley, era muy difícil que la arbitrariedad de los alcaldes o su propio cuerpo de concejales pudiese manifestarse echando al personal”.

No obstante, el senador Núñez estima que tal como ocurrió en la Comisión de Gobierno, “es altamente probable que se de en la Sala la misma mayoría, lo cual significa que este proyecto va a ser rechazado y se volverá a fojas cero después de 12 años”.

En su opinión “faltó más diálogo y mayor flexibilidad de todos los actores tanto de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Asociación de Funcionarios Municipales y del propio gobierno”, para sacar adelante esta iniciativa.

A segundo trámite proyecto que generará una mayor conciencia de los jóvenes al conducir

En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados quedó el proyecto iniciado en una moción del senador Jovino Novoa, que apunta a prevenir accidentes en vehículos de dos o tres ruedas y a generar una mayor conciencia en los jóvenes antes de que obtengan su licencia profesional.

Ello, porque al no presentarse indicaciones en el plazo establecido y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento del Senado, el Presidente de la Corporación, Adolfo Zaldívar declaró aprobada en particular la iniciativa.

En lo fundamental el proyecto establece tres nuevas categorías de licencias de conducir no profesionales para vehículos de dos o tres ruedas a fin de que los jóvenes conductores menores de 18 años adquieran experiencia en el manejo de motos de menor cilindrada, antes de asumir un automóvil mayor.

Asimismo dispone nuevas sanciones a los menores de 18 años que cuenten con licencia excepcional clase B. El objetivo es que pre-adolescentes puedan conducir motos de cilindrada muy menor, de forma que si sufren un accidente, las secuelas sean lo más leves posibles y adquieran la experiencia necesaria antes de obtener una licencia profesional.

Además, se faculta a Carabineros para retirar la Licencia excepcional en caso de infracciones y entregarla a disposición del respectivo Tribunal, dejando constancia en la boleta de citación que ésta no lo habilita para seguir conduciendo.

El proyecto propone también una sanción similar en el caso de que el menor incurra en una infracción grave o gravísima. Y, en el caso de que el menor sea sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, se le suspenderá la licencia de conducir por un plazo de tres años.

Por otra parte, se modifica la Ley de Tránsito en lo relativo a la duración de las licencias de conducir estableciendo un nuevo plazo de vigencia para la primera licencia clase B o C. Es decir, a la licencia otorgada por primera vez le otorga una vigencia de tres años, y después de este período, el Director de Tránsito podrá revisar nuevamente la idoneidad moral, física y psíquica de la persona para seguir conduciendo”.

Cabe señalar que, en la actualidad, la duración de las licencias de conducir es indefinida y mantiene su vigencia mientras su titular reúne las exigencias y requisitos que exige la ley. Además, el titular de una licencia no profesional Clase B o C, o de una licencia especial, debe acreditar cada 6 años que cumple con los requisitos de idoneidad moral, física y síquica.

Las Direcciones de Tránsito, en general, no exigen a los postulantes a una licencia Clase C, para conducir vehículos de 2 ó 3 ruedas, un examen práctico que permita determinar si el postulante es o no capaz de controlar una moto, cualquiera sea su cilindrada.

Tampoco se diferencian los exámenes prácticos según el tipo de vehículo de 2 ó 3 ruedas que el postulante va a conducir, siendo que, por ejemplo, las exigencias para manejar una moto de 50 CC no tienen nada que ver con las que se requieren para manejar una de 1000 CC.

Rechazan solicitud presidencial para suprimir el número de diputados de la Constitución

Tras una discusión que se prolongó por tres horas y que fue interrumpida por manifestaciones desde las tribunas, el Senado rechazó, por falta de quórum, la solicitud de insistencia que hizo la Presidenta de la República respecto del proyecto de reforma constitucional que suprimía el número de diputados de la Constitución. La iniciativa, que era considerada el punto de partida para terminar con la exclusión de las minorías en el Parlamento contó con 20 votos a favor, de los senadores de la Concertación y los independientes, y 15 en contra de la Alianza, pero ello no fue suficiente para seguir con su tramitación, pues se requerían los sufragios de los 3/5 de los senadores en ejercicio, es decir 22 votos. El debate estuvo cruzado por duros cuestionamientos a la oposición y en particular al candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, lo que fue rechazado por los legisladores de ese partido, quienes acusaron una “campaña de desprestigio”.

Mientras, en las tribunas la discusión fue seguida atentamente por los dirigentes del Partido Comunista, el presidente del PPD, Pepe Auth, y el retirado juez Juan Guzmán. El gobierno lamentó lo sucedido y anunció que en un año más presentará nuevamente una iniciativa que apunte a terminar con la exclusión.                                                  

Senador Carlos Bianchi: “insistiré en la creación de una verdadera AFP estatal”

Dispuesto a insistir en la idea de impulsar una AFP estatal autónoma, sin que sea articulada por instituciones financieras como Banco Estado, se mostró el senador Carlos Bianchi, ya que,  “de lo de lo contrario sería una AFP más”.

El parlamentario se refirió así a la intención del Ejecutivo de comenzar la tramitación de una AFP Estatal y recordó que junto con el senador Guillermo Vásquez, presentó en enero del presente año, un proyecto que apuntaba a resguardar “una real AFP estatal, es decir, sin vínculo alguno con Banco Estado”, sin embargo, dicha iniciativa no fue patrocinada por el Ejecutivo.

Más aún advirtió que  “sabemos que el gobierno hará llegar en fecha próxima un proyecto donde insistirá sobre la creación de una AFP estatal siempre por la vía del  Banco Estado”.

Añadió que “todo el país sabe que para financiar un porcentaje del Transantiago se solicitó un crédito a esta misma institución, por lo que nosotros le pagaremos esos dineros con los correspondientes “intereses”, porque ese es su verdadero negocio”.

Agregó que “el principal argumento que esgrime el Ejecutivo para insistir con el Banco Estado, es que las sucursales del Banco, son el soporte físico a lo largo de todo el país. Frente a esto, el contra argumento que expongo es que existen farmacias, multitiendas, supermercados, entre otras cadenas de negocios, que poseen infraestructura nacional, lo que hace que la explicación del Ejecutivo y su insistencia pierda sentido”.

El senador Bianchi puntualizó que “me cuesta entender esta insistencia del gobierno”, por lo que anunció que mantendrá su postura, más aún cuando este mes se comenzaron a otorgar los primeros beneficios de la Reforma Previsional.

Al respecto aclaró que pese a este avance “aún tenemos una gran deuda con la clase media de nuestro país, quienes, a pesar de que los beneficios de la reforma irán creciendo gradualmente año a año, sólo están dirigidos a los sectores más pobres de nuestra sociedad”.

Quieren que el Ministerio de Transportes dicte un reglamento especial para vehículos escolares en zonas interurbanas

Mediante un proyecto de acuerdo, los senadores Jaime Naranjo y Pedro Muñoz Aburto, solicitaron a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet que instruya al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar para que modifique el Decreto Ley N° 38 con el fin de “establecer requisitos especiales para los Transportes Remunerados de Escolares que cumplan este tipo de función en zonas interurbanas”.

La iniciativa que deberá ser ratificada por la Sala del Senado se fundamenta en que este tipo de transportes escolares interurbanos – debido a la expansión de las ciudades y muy especialmente para los sectores rurales - ha dejado de ser “ocasional” transformándose en permanentes y en una necesidad.

En efecto, los parlamentarios impulsores del proyecto de acuerdo señalaron que “muchas veces los escolares no tienen otra posibilidad para poder concurrir a sus escuelas y liceos que este tipo de transporte” y recordaron el trágico accidente de un furgón escolar que prestaba servicio interurbano entre las comunas de Colbún y Linares, y que provocó la muerte de al menos cuatro estudiantes y dos personas mayores.

Explicaron que el Decreto Ley N° 38 que “Reglamenta el Transporte Remunerado de Escolares” en su artículo sexto se refiere al transporte interurbano, definiéndolo como viajes especiales de carácter ocasional.

Sin embargo, los requisitos establecidos en el mismo cuerpo legal en su artículo décimo, para el transporte de escolares, no hace diferencias entre aquellos vehículos que cumplen esta clase de funciones al interior de una ciudad, de los que la realizan de forma interurbana.

A modo de ejemplo los requisitos básicos son: estar pintado de amarillo, portar un letrero en la parte superior del vehículo, una cilidrada igual o mayor a 1.400 c.c. y un ancho externo total igual o superior a 1.600 mm, sin incluir el parachoque, entre otros.

Sin embargo, los senadores Naranjo y Muñoz Aburto recalcaron que “las condiciones objetivas en que estos transportes realizan sus funciones, no son las mismas, ya que en el desplazamiento por carreteras se requiere de vehículos especiales, más resistentes, que protejan de mejor forma la integridad física de sus pasajeros, ante los eventuales accidentes de tránsito que puedan sufrir”.

Por estas razones, manifestaron su esperanza de que “este proyecto de acuerdo sea aprobado a la brevedad por el Senado y sus medidas debidamente implementadas por el Ministerio de Transportes, con la fiscalización en su cumplimiento de Carabineros de Chile y Funcionarios Municipales, ya que de esta manera, estaremos protegiendo la integridad física de nuestros niños”.

Servel rechaza inscripción de ChilePrimero como partido político 

SANTIAGO.- El Servicio Electoral (Servel) rechazó la inscripción de ChilePrimero como partido político, lo que les impide presentarse como conglomerado en las próximas elecciones municipales de octubre próximo.

La decisión del Servel se debe a que en muchos casos se inhabilitó el registro de algunos miembros, debido a que presentaban doble militancia. No obstante, la agrupación reclama que varios tienen el comprobante de su desafiliacion de su anterior partido político.

De acuerdo a radio Cooperativa, sólo en la Región de Atacama se aceptaron las firmas presentadas. Mientras que en otras seis se recibieron, pero se extendió un plazo de 60 días para que se complete el proceso, debido a que faltaba el 10% de las rúbricas.

En vista de que el plazo para enfrentar candidaturas vence el 28 de julio, algunas versiones indican que el conglomerado presentará a sus candidatos como independientes, debido a que el plazo de extensión decretado por el organismo no les permite incorporarlos a su lista.

De igual modo, ChilePrimero estudia presentarse en conjunto con el Partido de los Regionalistas Independientes (PRI).

La resolución del Servicio Electoral se publicará este martes en el diario oficial.

Fuente:emol

Comisión de Obras Públicas revisará con nuevos antecedentes proyecto que sanciona el sobreconsumo de agua potable

Por considerar que faltan por analizar nuevos antecedentes relativos al aumento de la demanda del consumo de agua potable en el país y los efectos del cambio climático, el Senado acordó devolver a la Comisión de Obras Públicas el proyecto, en primer trámite que establece multas adicionales por el sobreconsumo, entre 1 a 10 UTM, es decir entre unos $35.000 y $350.000.

Pese a que la instancia había rechazado previamente la idea de legislar sobre el proyecto, a petición de los senadores Nelson Ávila y Juan Pablo Letelier, autor de la moción  y presidente de la Comisión de Obras Públicas, respectivamente, se acordó devolver la iniciativa a dicha instancia.

El senador Nelson Ávila explicó que “este proyecto se enmarca en la importancia que tiene el recurso hídrico, y en la desprotección legal que existe, respecto del sobreconsumo domiciliario”. Indicó que según cifras de la ONU dentro de 25 años, “una de cada tres personas tendrá poca o nada de agua e incluso se han pronosticado posibles guerras ante la escasez de este recurso natural”.

Agregó que “tenemos una responsabilidad global respecto del agua que es permanente, y de ella depende no sólo nuestra vida, sino también la economía”. Por ello, solicitó mayores antecedentes sobre los clientes afectos a las tarifas de sobreconsumo que alcanzan al 6,5 por ciento del total (260.454 clientes o familias), ya que es preciso saber en qué tipo de regiones y barrios se ubica este grupo de cliente.

Puntualizó que “en el año 1998, el consumo era de 22,3 metros cúbicos por cliente; en el año 2006 bajó a 19,6 por ciento. Pero no se ha señalado aún a la Comisión qué regiones o zonas son las que han consumido más y cuáles son las que han consumido menos.  No se puede seguir asumiendo que el consumo domiciliario rural, y urbano son idénticos”.

Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier coincidió con su par porque “aquí tenemos una oportunidad de abordar un problema que tiene dos facetas: una es la que ha indicado el senador Ávila y la otra, es una faceta social, porque hoy en día el sobreconsumo depende del medidor, y no toma en cuenta cuántas familias usan agua en base a ese medidor”.

Explicó que también hay que dar una mirada regional a estos temas “y el despilfarro hay que sancionarlo de una manera muy clara, pero para eso necesitamos que la modalidad para definir el sobreconsumo tome en cuenta lo que es el consumo per cápita.

Informó además que existen otras dos iniciativas complementarias: una del senador Carlos Bianchi y otra de su autoría que garantizan como derecho humano básico el consumo mínimo del recurso hídrico en el país.

En tanto, el senador Carlos Bianchi, aclaró que “este es un tema demasiado importante para obviar una discusión profunda sobre la materia ya que hay regiones donde muchas familias no cuentan con este elemento vital como es el agua”.

Por lo tanto, señaló que “tenemos que discutir en algún momento, qué pasa con esto de los consumos básicos que hoy día son casi prohibitivos para una familia chilena, para gente de clase media y para gente de menos recursos”.

El parlamentario reclamó “el derecho legítimo de cualquier ser humano a contar con este elemento vital y que el Estado le garantice al ciudadano, a lo menos contar con un mínimo de este elemento para su subsistencia”.

Finalmente, el senador Antonio Horvath precisó que “la razón que tuvo la Comisión de OO.PP para rechazar este proyecto es porque no guarda ninguna relación respecto de las ideas que se establecen en las normas de la iniciativa”.

Añadió que la mejor manera de evitar el sobreconsumo no va por la vía de seguir “aumentando una multa a niveles como aquí se propone y en una forma bastante arbitraria”. Además, “el sobreconsumo en Chile se paga y cualquier persona que consuma sobre 40 metros cúbicos tiene que pagar un precio bastante excesivo”.

Recordó que prácticamente el 16% de los hogares en Chile, es decir 660 mil personas, ya cuentan con un subsidio de agua potable. Es decir, si no consumen demasiado, pagan una cantidad mucho menor a la que corresponde”.

Reforma sobre número de diputados y creación de Ministerio de Seguridad se debatirán el próximo martes

 Para el próximo martes quedó pendiente la votación de la solicitud de insistencia que hizo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de la reforma constitucional que suprime de la Carta Fundamental la alusión al número de diputados y que es considerado la puerta de entrada para modificar el sistema binominal.

Esto, luego que el Ejecutivo le retirara la urgencia de discusión inmediata, tres días de discusión en cada rama del Congreso, y la sustituyera por suma urgencia, es decir 10 días para el trámite en cada Cámara.

Dado que el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo informó sobre esa decisión, el senador Guillermo Vásquez solicitó, en nombre del comité radical, que el debate se postergara para el próximo martes.

Cabe recordar que este proyecto de reforma constitucional fue rechazado en general por la Cámara de Diputados, por lo que la Jefa de Estado hizo uso del mecanismo previsto en el artículo 68 de nuestra Carta Fundamental, solicitando al Senado que se pronuncie al respecto.

El objetivo fundamental de la iniciativa es modificar el artículo 47 de la Constitución Política suprimiendo la referencia al número de 120 diputados. Esto, porque según el Ejecutivo, establecer un número fijo de diputados en la Constitución entorpece el diseño que el legislador pueda hacer de un sistema electoral más representativo.

En tal sentido, argumentó que esta enmienda es prioritaria para dar paso a una modificación que ponga término a la exclusión de sectores políticos que obtienen un respaldo ciudadano.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Pero otro de los proyectos prioritarios para el gobierno también quedó pendiente para el próximo martes. Se trata de la iniciativa que crea un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, y que forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los senadores de la Alianza y de la Concertación.

Si bien estaba previsto iniciar su debate esta semana, el senador Jaime Orpis solicitó una segunda discusión de la iniciativa, argumentando que ésta no recoge de buena forma lo consensuado por las distintas fuerzas políticas en lo relativo a la rehabilitación de drogas.

“Dentro de este acuerdo, se incorporaron normas respecto a la rehabilitación de drogas, pues muchas veces la adicción, incide en el tema delictual. Pero, a mi juicio, eso no viene bien planteado. Por eso, pido segunda discusión para que acotemos el tema respecto de esta materia, porque, de lo contrario creo que hay que respetar los acuerdos”, sentenció.

Cabe recordar que el proyecto, que cumple su primer trámite en el Senado, crea el Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, además del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas. También se considera la constitución de una Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación.

Anuncian el término de los “vicios” en la actual Ley de Isapres y en licencias médicas

Haciendo un llamado al Ejecutivo para que patrocine una modificación a la actual Ley de Isapres, los senadores Mariano Ruiz- Esquide, Soledad Alvear y Jorge Pizarro presentaron una moción que perfeccionar el sistema Isapres, dando mayor protección a aquellos cotizantes más vulnerables.

Así lo señalaron los parlamentarios quienes coincidieron en que es necesario terminar con una serie de vicios en la actual legislación y que tienen que ver con las alzas de precios en los planes de salud y el alcance de las Garantías Explícitas en Salud (GES) respecto del financiamiento al que se obliga a las Isapres.

Asimismo el proyecto mejorar el sistema de licencias médicas con el fin de evitar el alza constante de los costos en salud por concepto de pago de los subsidios por incapacidad laboral.

Al respecto, el senador Mariano Ruiz- Esquide detalló que “queremos modificar algunos aspectos de la normativa que regula el sistema Isapre; aquella que regula la autorización de las licencias médicas y el otorgamiento del subsidio por incapacidad laboral a los trabajadores”.

En cuanto a los tiempos legislativos, la senadora Soledad Alvear explicó que si mañana el gobierno patrocinara esta reforma y existiera la disposición en las distintas instancias del Parlamento, antes de fin de año podríamos tener una nueva ley.

Por su parte, el senador Jorge Pizarro explicó que las Isapres deben entender que mientras mejor esté el modelo más se afirma en el país y hasta el momento, el nivel de ingresos y las utilidades de dichas instituciones de Salud sobrepasa todo nivel en una sociedad que pretende ser solidaria.

NUEVOS PROCEDIMIENTOS

En lo fundamental, la iniciativa modifica el procedimiento de adecuación contractual por el cual las Isapres pueden alterar unilateralmente el precio del plan de salud de sus cotizantes, limitando dicha facultad respecto de aquellos “cotizantes cautivos” quienes, producto del alza del precio de su plan de salud, vean afectado su derecho constitucional a elegir el sistema de salud al cual adherir.

En ese sentido se establece para estos cotizantes un modelo de adecuación distinto del aplicado al resto quienes, ante una eventual alza en el precio de su plan, pueden efectivamente cambiarse de Isapre.

Para estos "cotizantes cautivos" se propone que la Isapre no pueda subirles el precio de su plan en un porcentaje superior a aquel que arroje un Índice de Precios de Prestaciones de Salud (IPC de Salud) que para estos efectos elaborará el Ministerio de Salud en uso de sus atribuciones legales.

De esta forma, se limitaría el alza de precios a un índice inflacionario de las prestaciones de salud que refleje el alza real de los costos en salud.

La Superintendencia de Salud llevará un Registro Especial de Cotizantes Cautivos al que podrán ingresar sólo aquellos cotizantes que prueben su cautividad en una determinada Isapre y cumplan con el requisito de haber cotizado al menos durante los tres años anteriores en una Isapre.

Asimismo se define el concepto de enfermedad preexistente a la

celebración del contrato, explicitando que dicha categoría no puede ser aplicada a aquellas patologías o condiciones de salud protegidas por las Garantías Explícitas en Salud.

El objeto de esta norma es doble, primero asegurar la garantía financiera para el tratamiento de estas patologías GES a todo evento, y luego, impedir que quienes padecen de estas patologías deban declararlas y eventualmente generen la negativa de una Isapre a contratar con ellos por ese motivo.

LICENCIAS

En cuanto a las modificaciones al Sistema de Autorización y Control de Licencias Médicas y Pago de Subsidios por Incapacidad Laboral, se deroga la norma que excluye del pago del subsidio los tres primeros días de licencia en caso de una licencia de hasta diez días, terminando de esta forma con el incentivo a solicitar licencias de largo plazo.

Se dispone explícitamente que el subsidio por incapacidad laboral temporal es un beneficio para todos los cotizantes del FONASA y se crea un nuevo organismo público, la Comisión Nacional de Medicina e Invalidez, que reemplazará a las Isapres y el COMPIN en la autorización de las licencias médicas.

De este modo se genera una instancia independiente que comprenderá la autorización de las licencias médicas tanto de los cotizantes de una Isapre como de los de FONASA, unificando el procedimiento y terminando con el doble rol de juez y parte que hoy juegan las Isapres en esta materia.

Este organismo se crea a partir de las COMPIN de los Servicios de Salud y las reemplazan en todas las atribuciones que ésta detentan actualmente.

También se simplifica el procedimiento de reclamos por licencias médicas

rechazadas, centrando en la Comisión Nacional de Medicina e Invalidez su resolución en doble instancia. Esta Comisión es distinta de las Superintendencias, pues se trata de un organismo eminentemente técnico, independiente y colegiado en el que tienen participación directa los empresarios, los trabajadores, las Isapres, el FONASA y el Colegio Médico.

Finalmente, se crea un Registro de Profesionales autorizados para otorgar licencias médicas, pudiendo la Comisión excluir de este Registro a los profesionales involucrados en  situaciones fraudulentas relacionadas con el otorgamiento de licencias médicas y se dispone la obligatoriedad para las Isapres y para el FONASA de implementar un sistema de licencia médica electrónica que agiliza su autorización y su control.

Fijan Ley Marco para Desarrollo y Promoción de Ecoturismo en América Latina y el Caribe

Con la aprobación de una Ley Marco para el Desarrollo y promoción del Ecoturismo comunitario para América Latina y el Caribe, finalizó la primera sesión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, que preside el diputado guatemalteco, Mario Israel Rivera. La instancia la integraron los senadores chilenos Nelson Ávila y Antonio Horvath; los senadores de Antillas Neerlandesas, William Víctor Marlín, Mirna Louisa Godett y Erno Labega; los diputados guatemaltecos Ronnie Danilo Escobar y Carlos López Girón; los diputados mexicanos José Guillermo Fuentes, Rodolfo Dorado, José Alfredo Suarez y Francisco Rueda; los diputados uruguayos Juan Carlos Souza y Jorge Patrone; el diputado de Araba Mario Walerman; el diputado panameño Milcíades Concepción y los diputados venezolanos Alexis Pinto y José Gregorio Hernández. Según explicó el presidente de esa instancia, diputado Mario Rivera “los principales acuerdos que logramos se constituyen en la aprobación de la Ley Marco de Ecoturismo, que fue producto del sacrificio, esfuerzo y dedicación de muchos parlamentarios  y senadores de Latinoamérica".

Cámara Alta manifestó su satisfacción por la liberación de rehenes en Colombia

El Senado emitió un pronunciamiento oficial sumándose así a las diversas expresiones de alegría y esperanza que generó la noticia de la liberación de la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, tras 6 años de secuestro en la selva colombiana.

Por acuerdo unánime, el Senado acordó enviar un oficio al gobierno de Colombia expresando su satisfacción por la reciente liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, junto a tres ciudadanos estadounidenses y otros 11 rehenes que estaban en manos de la Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC.

Así lo dio a conocer el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar quien al inicio de la sesión ordinaria pidió el acuerdo de la Sala para enviar esta comunicación haciendo además “un llamado para que se inicie todo un proceso para obtener la libertad de todos aquellos que se encuentren privados de libertad víctimas de secuestros de esta naturaleza”.

El rescate de los 15 rehenes se produjo en una zona selvática del departamento de Guaviare, en el suroeste de Colombia, cuando comandos del ejército colombiano capturaron a miembros de las FARC en un cerco de seguridad que rodeaban a los rehenes y los guerrilleros convencieron a sus camaradas que los custodiaban que los entregaran, según lo informó el ministro de defensa colombiano, Juan Manuel Santos.

Agilizarán los procedimientos para las donaciones a instituciones de beneficencia

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 28 de julio quedó el proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley sobre donaciones sociales con beneficio tributario con el fin de perfeccionar y armonizar el sistema de dichas franquicias para donaciones de beneficencia.

Ello, luego de que el Senado aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa por 26 votos a favor, uno en contra del senador Nelson Ávila y 4 abstenciones de los senadores Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Mariano Ruiz-Esquide y Alberto Espina.

Cabe señalar que, previamente se inhabilitó en esta votación el senador Jaime Orpis, quien preside el directorio de la Corporación La Esperanza, entidad dedicada a la rehabilitación de personas que han caído en la droga

Durante el debate intervinieron los senadores Guillermo Vásquez, Jaime Orpis, José García, Eduardo Frei, Nelson Ávila, Hernán Larraín, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide.

El senador Guillermo Vásquez recalcó la necesidad de aprobar a la brevedad esta iniciativa “porque permitirá incentivar las donaciones sobre todo para las personas con discapacidad”.

A su vez, el senador Jaime Orpis junto con anunciar su inhabilitación precisó que “si bien la acción del Estado en materia social y de pobreza es irremplazable a veces no es suficiente. Ese espacio lo han asumido instituciones de beneficencia y hasta la fecha ha sido solo por caridad porque hasta 2003 no existía una ley de donaciones con fines sociales”. Sin embargo hizo una autocrítica porque  “la primera ley  sobre este tema fue parte del debate de las donaciones políticas y no merecía ser tratada así porque el resultado de la misma fue desastroso, ya que en la práctica no ha operado”.

El senador José García aseguró que “este proyecto es el primer paso para mejorar la actual ley, porque una de las razones por las cuales no ha funcionado es porque obligamos al donante a que una parte de sus erogaciones vayan a un fondo mixto de apoyo social”. Añadió que también es posible elevar el monto de las donaciones.

Por su parte, el senador Eduardo Frei, presidente de la Comisión de Hacienda explicó que el acuerdo de la instancia es mejorar junto con el Ejecutivo y las organizaciones sociales que trabajan con la pobreza dura este proyecto, de modo de poder aprobarla y despacharla antes del 18 de agosto, que es el Día de la Solidaridad. Precisó que “es posible corregir el sistema de adjudicación y disminuir la burocracia para la entrega de estas donaciones porque creemos que deber ir directamente a las instituciones”.

Una opinión distinta manifestó el senador Nelson Ávila quien fundamentó su voto en contra, diciendo que “este tipo de iniciativas apunta a privatizar incluso hasta el rol social del Estado. Estamos sacando recursos al erario público para destinarlos a los privados y se rechaza que un determinado porcentaje de las donaciones vayan a un fondo común, porque ahí por lo menos hay una cierta ingerencia del Estado para reorientar los recursos”.

A su turno, el senador Hernán Larraín consideró que “se debe generar una mayor democracia tributaria donde ciudadanos pueden participar en la asignación de los recursos”. Aseveró que “la modificación que se hizo el 2003 fue letal particularmente para aquellas con destino social porque existe un mecanismo inviable”. Destacó que “tenemos el triste espectáculo de que hay donaciones para fines políticas pero no para superar la pobreza”.

En tanto, el senador Alejandro Navarro recordó que este tema se abordó a propósito del financiamiento de las campañas políticas y señaló que “en Chile existe un sistema de donaciones pero lo que sucede es que ha habido un desincentivo porque hay sanciones porque se ha usado mal el fondo y se han concentrado las donaciones en grandes instituciones y no ha llegado a los más pobres”.

Por su parte, el senador Carlos Ominami, valoró esta iniciativa porque “no me parece admisible que la ley de donaciones para la pobreza en general se haya transformado en una norma inoperante”. Agregó que nadie puede poner en duda la labor que cumplen las instituciones que se dedican a estos temas, pero aclaró que “no se trata de hacer caridad simplemente con los fondos públicos” y por ello el proyecto establece los resguardos necesarios. 

El senador Hosaín Sabag hizo hincapié en que este proyecto está bien orientado “porque muchas veces las empresas que producen y pagan los impuestos ven estas necesidades y no pueden intervenir y ayudar directamente, por eso en varias leyes se permite que puedan hacer diversos aportes a la cultura y el deporte, pero en este caso son muchas las trabas que se imponen a las donaciones sociales”.

Por su parte, el senador Mariano Ruiz-Esquide dejó constancia de su inquietud porque “conforme a esta ley según sea el dinero que se entregue se termina donando la mitad porque el resto corresponde a una franquicia del Fisco. La caridad no se hace con dineros ajenos y debe ser silenciosa, por lo tanto el proyecto tiene intrínsicamente un vicio”.

NORMAS QUE SE MODIFICAN

El proyecto en lo fundamental permite que no solo los contribuyentes de impuesto de primera categoría puedan contar los beneficios que esta ley establece para los donantes, sino también las personas naturales contribuyentes del impuesto Global Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva y las empresas con pérdidas.

Asimismo especifica las causales por las cuales el Ministerio de Planificación podrá eliminar a ciertas entidades del registro de instituciones donatarias.

También se hace responsable en forma solidaria a los administradores o representantes del donatario, respecto del pago de tributos, reajustes, intereses y multas que correspondan al donante por incumplir los requisitos establecidos en esta ley, a menos que se demuestre que ellos se opusieron a los actos que den motivo a tal sanción.

Finalmente, la iniciativa modifica las condiciones de este beneficio tributario como por ejemplo, el gravamen impuesto a las donaciones para fines sociales se modera en forma importante ya que no se exige que un 33% del monto de lo donado se destine al Fondo Mixto, y también se establece un trato distinto en función del monto de la donación, y de la cantidad de dinero que se entregue voluntariamente al Fondo Mixto.

Por amplia mayoría ratifican a tres nuevos integrantes de Directorio de TVN

 Tras un debate que estuvo marcado por las críticas a la forma en que se produjo la votación de la propuesta anterior para el Directorio de TVN, oportunidad en que la Alianza rechazó la nominación de Mahmud Aleuy, el Senado ratificó esta tarde, con 31 votos a favor y 3 en contra, a la periodista Marcia Scantlebury y a los ex diputados José Antonio Galilea y Cristián Leay como nuevos integrantes del Directorio de la red estatal.

Los tres personeros fueron ratificados para ocupar dichos cargos hasta el 23 de mayo de 2016.

Chile y Perú profundizan sus lazos económicos: Senado ratificó tratado de libre comercio entre ambos países

En condiciones de ser promulgado como Ley de la República quedó el proyecto de acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Perú, que no sólo apunta al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, sino que también a colocar a Sudamérica en el centro de nuestra estrategia internacional.

Ello, luego de que el Senado despachara en forma unánime y sin debate este acuerdo económico considerado como estratégico en las relaciones entre ambos países.

De acuerdo a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) el primer ACE chileno-peruano, ha permitido llevar a cero, el 85% del universo arancelario, siendo inferior al 3% el arancel efectivo que cancelan nuestras exportaciones en vez del 10% que cancelarían sobre de la nación más favorecida.

Al alero de este acuerdo Chile y Perú han suscrito, adicionalmente, otros tres importantes acuerdos en materia económico-comercial: un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones el año 2001; un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación en 2004 y un Acuerdo de Cooperación Aduanera suscrito también ese mismo año.

Este tratado está unido al compromiso de asociación de Chile con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y debiera favorecer al conjunto de los países ribereños del Pacífico para enfrentar los desafíos y oportunidades que impone la región del Asia-Pacífico, donde se encuentran los países de mayor dinamismo económico en el mundo.

Cabe señalar que el intercambio comercial chileno-peruano, en el año 2006, superó los US$ 2.300 millones, ocupando Perú el tercer lugar de destino de nuestras exportaciones en América Latina.

Asimismo, nuestra canasta exportadora se encuentra altamente diversificada, con 2.782 productos y 1.641 empresas, con una composición marcada por productos no tradicionales; lo que implica una gran posibilidad para nuestros pequeños empresarios y para la generación de empleo.

Respecto de la evolución del intercambio bilateral entre los años 1992 al 2006, la DIRECON informó que el número de productos exportados subió de 1.585 a 2.782 y que las empresas exportadoras subieron de 1.015 a 1.641.

Además entre tales empresas, en el año 2005, se registran 87 micro-empresas, que exportan por un valor de US$0,9 millones; 210, pequeñas empresas, que exportan por un valor de US$9,5 millones, y 596 medianas empresas que exportan por un valor de US$67,5 millones.

INVERSIONES CHILENAS EN PERÚ

Este nuevo Acuerdo de Libre Comercio que se suscribe con Perú, debería potenciar las oportunidades de negocios en ambos países, favoreciendo aún más la actividad empresarial, no sólo las grandes sino también las medianas y pequeñas.

Desde el punto de vista de Chile, el mercado peruano ha tenido gran importancia no sólo para la colocación de exportaciones de manufacturas, sino también, como territorio privilegiado para las inversiones directas. Éstas alcanzan hoy día la cifra de US$ 5.000 millones, las que se encuentran repartidas en los más variados sectores de la actividad económica del Perú.

Se espera que con este Acuerdo se potencien el comercio, no sólo de bienes sino también el de servicios, y que se amplíen mucho más las inversiones directas. Además debería tener un especial impacto en la zona norte de nuestro país, estimulando el comercio, el turismo y el transporte.

Senado acordó que Comisión de Educación sea la que inicie el estudio de LGE

En votación dividida el Senado acordó que sea la Comisión de Educación la que inicie el estudio del proyecto sobre Ley General de Educación, tras desechar la solicitud que hicieron los comités de la Alianza para que la iniciativa fuera discutida en conjunto por esa instancia legislativa y la Comisión de Hacienda. Con ello, el proyecto que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta igualmente será estudiado por ambas instancias, pero de manera consecutiva y no conjunta, y sólo en las materias que sean de la respectiva especialidad. Por su parte el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Educación, valoró la decisión del Senado y anticipó que el próximo miércoles se realizará la primera sesión, ampliada a todos los senadores que quieran, para iniciar el estudio del proyecto. “Vamos a invitar a la Ministra de Educación y a todo el equipo del Ministerio y también vamos a pedirle al Ministerio de Hacienda que nos acompañe si gusta participar del inicio del debate. Vamos a ampliar la invitación a todos los senadores que quieran participar de la exposición de la Ministra y espero que esa sesión se realice en la Sala del Senado para que los senadores que quieran participar lo puedan hacer”, explicó el legislador.

Senador Navarro anticipa que repondrá indicaciones presentadas en la Cámara de Diputados a la LGE

Una completa batería de indicaciones que considera las que se presentaron en la Cámara de Diputados y también de su propia autoría, está preparando el presidente de la Comisión de Educación, senador Alejandro Navarro, para presentar durante el segundo trámite del proyecto de Ley General de Educación. El parlamentario anticipó que los principales cambios que pretende introducir a la iniciativa, apuntan a establecer una definición distinta sobre educación pública, a desincentivar el lucro y a proteger los derechos de los pueblos originarios en materia de educación. Asimismo, valoró que el Ejecutivo decidiera retirarle la urgencia de discusión inmediata al proyecto, señalando que “es alentador. Me parece adecuado y es una decisión razonable que sitúa un nuevo escenario para el debate de la ley que posibilita que se inicie un proceso cuyo desenlace tiene que estar cruzado por el proceso legislativo y no por tensiones políticas"! y explicó que las indicaciones que presentará tienen como propósito no sólo perfeccionar la iniciativa sino que también generar un debate sobre aspectos centrales en materia de educación. “Hemos ido preparando un conjunto de indicaciones y también recogimos las que se presentaron en la Cámara de Diputados, particularmente las del diputado Carlos Montes en relación a la institucionalidad, en materia de marco de financiamiento, definición sobre educación pública estatal y en especial respecto de las condiciones y requisitos que deben cumplir los colegios, estableciendo condiciones de igualdad de derechos y deberes”.

Senador Girardi exige caducar registro de laboratorio que distribuye medicamentos contaminados

Un fuerte llamado a las autoridades de sanitarias para que caduquen el registro del laboratorio Bestpharma, hizo el integrante de la Comisión de Salud, senador Guido Girardi, al dar a conocer una serie de antecedentes que señalan que dicha firma habría distribuido medicamentos sellados con insectos, pelos e hilos, en su interior.

Basándose en antecedentes del Instituto de Salud Pública (ISP), el parlamentario presentó un listado con las irregularidades cometidas por el citado laboratorio, argumentando que parece insólito que pese a que las autoridades fiscalizadoras le han cursado multas desde el año 2004, éstas no hayan servido para que cambien sus prácticas.

Según el senador, además de pelos e insectos, se ha detectado la venta de medicamentos vencidos, con mal olor, descompuestos y con sellos defectuosos, los que el laboratorio adquiere en el extranjero, asunto que les permite venderlos a bajo costo.

“Exigimos que la autoridad cancele la autorización de este laboratorio porque vende medicamentos de pésima calidad. Un prontuario como éste sólo refleja que priman intereses que no son la calidad de los medicamentos”, enfatizó.

CASOS GRAVES

Si bien el listado presentado por el senador Girardi reseña las multas cursadas entre los años 2004 y 2007, señaló que las autoridades competentes tienen antecedentes de un caso que podría ser aún más grave.

Se trata de la droga tamoxifeno, que distribuye este laboratorio y que sirve para tratar el cáncer de mama, medicamento que no se disolvería en el cuerpo, por lo que no tendría ni un efecto sobre las pacientes afectadas.

“Este laboratorio sigue con las mismas prácticas e irregularidades, con sanciones reiteradas y las multas no le sirven. Si quieren, pueden seguir como droguería pero no pueden seguir ingresando a Chile medicamentos a granel y cometer más fallas”, sentenció.

El integrante de la Comisión de Salud del Senado precisó que esta medida no busca perseguir y sancionar a los laboratorios que compran en el extranjero, ya que es una práctica que permite vender en Chile medicamentos más baratos.

No obstante, precisó que “si se compra afuera, exigimos que el laboratorio sepa dónde está comprando, evalúe y fiscalice en terreno la calidad del lugar”.

Asimismo, solicitó que se dote al Instituto de Salud Pública de mayores recursos para que así cuente con mayores y mejores capacidades de fiscalización.

Creciente sobreendeudamiento de hogares obliga a acelerar una legislación que regule en mejor forma en casos de insolvencias familiares

 Preocupado por la situación que afecta al 61% de los chilenos que tienen sobre endeudamiento, según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, el senador Pedro Muñoz Aburto propuso implementar una serie de fórmulas legales que contribuyan a aliviar esta realidad, tal como lo dispone la moción que presentó a fines de 2006, junto a los senadores Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Antonio Horvath y Ricardo Núñez  y que se encuentra en la Comisión de Economía.

“A nivel general, como síntoma de incertidumbre para la economía nacional, éstas cifras revelan una situación que es inquietante para miles de hogares que se encuentran sujetos a situaciones de grave insolvencia”, afirmó.

Por ello, insistió ante el ministro de Economía, Hugo Lavados y el director de SERNAC, José Roa en solicitar el patrocinio del Ejecutivo a este proyecto que se encuentra en primer trámite.

Enfatizó que “hay miles de hogares que sufren las consecuencias de un endeudamiento que, por diversas razones, se les ha escapado de las manos y para el cual la legislación no les brinda posibilidad alguna.”

Recalcó que “no se trata de favorecer el no pago ni beneficiar a quienes han tenido una conducta financiera irresponsable, sino de crear mecanismos para que familias que se han visto expuestas a este problema y que quieran superarlo puedan lograrlo a través de procedimientos de mediación o judiciales que les establezcan condiciones razonables de pago y que optimicen el uso de sus escasos recursos.”

Puntualizó que la actual situación significa que “muchos hogares se vean enfrentados a juicios sucesivos, originados por bancos y casas comerciales, que les llevan a repactaciones inconvenientes o que culminan en remates donde sus pocos bienes sólo alcanzan a cubrir intereses, gastos y costas del juicio sin disminuir la deuda original”.

El senador Muñoz recordó que la moción que presentó a trámite legislativo permitiría establecer un procedimiento para estos casos, a través del cual, se intentaría, primero, una mediación y, en caso que ella no prospere, el deudor podría solicitar, ante cualquier juicio ejecutivo que enfrente, que se cite a todos sus demás acreedores y les proponga una fórmula de arreglo, la que de no ser aceptada, sería resuelta por el Juez, quien, en definitiva, fijaría una fórmula razonable de pago.

“De esta manera al igual que el caso de la quiebra para los establecimientos comerciales, existiría una fórmula que permitiría superar situaciones de sobre endeudamiento a nivel de hogares, como las que existen en muchos países del mundo que han comprendido que para un funcionamiento sano de la economía no basta con ampliar las posibilidades de crédito a los consumidores, sino también de hacerse cargo de las dificultades que éste puede generar.”

Senador Espina calificó como un “fracaso de la justicia” sobreseimiento de caso sobre gastos reservados

“Cada vez que hay un hecho que reviste carácter de delito y que en definitiva la justicia no tiene elementos para probarlo, hay que decir las cosas como son: es un fracaso de la justicia”. Así reaccionó el senador Alberto Espina tras conocer que la ministra Amanda Valdovinos, encargada de investigar la denuncia del uso de dineros fiscales en el financiamiento de partidos políticos, cerró la causa sin ningún procesado.

Según el legislador, la denuncia que hizo Jorge Schaulsohn “fue lo suficientemente clara y categórica. Nadie desmintió que él efectivamente presenció como se pagaban gastos reservados para el financiamiento de actividades políticas, lo que constituye una flagrante violación a la ley”.

A juicio del legislador resulta increíble que en un país en el que se exige a cada chileno ser riguroso en el pago de sus impuestos, “el Estado se de el lujo de destinar plata de gastos reservados al financiamiento de la política y no pase nada. Esa es la razón por la que la gente termina señalando que hay grupos privilegiados que son intocables ante la justicia”.

Asimismo, explicó que entregaron todos los antecedentes a la ministra, que es la encargada de llevar adelante la investigación, y señaló que “pedimos que se citara a cerca de 100 personas para que declararan, entre ellas, a todos los ex presidentes de partidos de la Concertación y en muchos casos nuestras diligencias no fueron acogidas”.

Según el senador Espina, “hay que evaluar bien, si en la medida en que se junten más antecedentes, se puede reabrir la causa, porque el sobreseimiento va a ser temporal”.

GASTOS RESERVADOS

Cabe recordar que la investigación por el uso de gastos reservados entre 1990 y 1995, se originó en una denuncia de la Alianza en diciembre de 2006, tras conocer una entrevista a Jorge Schaulsohn, quien aseguró que los partidos de la Concertación fueron financiados con gastos reservados en la década de los 90, en el marco de una “ideología de la corrupción”.

No obstante, en su resolución, la magistrado señaló que de los antecedentes reunidos en la investigación, que derivaron de entrevistas de prensa, “no se desprende de manera alguna la existencia de hechos que configuren o constituyan los ilícitos que se supusieron cometidos”.

Según la magistrado, las imputaciones sólo encuentran un sustento concreto en la declaración singular de uno de los entrevistados, sin que aparezca corroborada por ninguno de los elementos que concurrieron a la pesquisa judicial.

La misma resolución adoptó respecto de la denuncia realizada por parlamentarios de la Concertación sobre el mal uso de los gastos reservados designados al Presupuesto de la Nación durante el gobierno militar, entre 1980 y 1988.

Piden al Ejecutivo que le fije urgencia a proyecto que permite tuición compartida de los hijos

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, senador Jaime Naranjo, solicitó al Ejecutivo que patrocine y le fije urgencia al proyecto que permite la tuición compartida de los hijos, iniciativa que ingresó al Senado en julio del año pasado y que no ha registrado avances en su tramitación.Acompañado de la diputada María Antonieta Saa y del representante de la organización “Amor de Papá”, Rodrigo García, el parlamentario se reunió con la ministra del Sernam, Laura Albornoz, para solicitarle que se agilice la discusión de la iniciativa. Según el parlamentario, si bien existen algunos padres que son reticentes a cumplir con sus deberes frente a los hijos “también existe un segmento cada día más importante de papás que quieren compartir la responsabilidad de educar a sus hijos y ellos sí pagan las pensiones y tienen reconocidos a sus hijos y quieren expresarle ese amor”. Agregó que, lamentablemente, son esos padres los que se ven enfrentados a una legislación que les es “tremendamente adversa. Hoy las juezas y jueces siguen dándole tramitación lenta a las tuiciones, un trámite pausado y la realidad de estos que no quieren ser papás de fin de semana”.

Advirtió que hay algunos legisladores que estiman que avanzar en esta materia les puede traer problemas entre su electorado femenino, pues creen que esta iniciativa va en contra de las madres. En tal sentido, el senador Naranjo enfatizó que este proyecto de ley “es favor de los hijos y no es contra la madre ni contra el padre. Los llamó a pensar en el interés superior del niño y no a tener miedo a esta legislación, porque hoy en día ese niño es amado por el padre y la madre y para su desarrollo es fundamental que sienta el cariño de ambos”.

Giro único para sostenedores y creación de una Agencia de Calidad de la Educación contempla LGE

Además de las polémicas indicaciones que fueron incorporadas durante el trámite en la Cámara de Diputados –una sobre la educación pública y otra que disminuye el plazo para que los sostenedores tengan un giro único- el proyecto de Ley General de Educación (LGE) llegará al Senado con una completa batería de normas destinadas a fijar los requisitos mínimos para que los establecimientos puedan ser reconocidos por el Estado y para que los sostenedores puedan operar, entre otras. La iniciativa que reemplazará a la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo de calidad. No obstante, ya se ha anticipado que uno de los puntos que generará controversia es el relativo a la educación pública, pues senadores de la Concertación se han manifestado en contra de la indicación aprobada en la Cámara de Diputados, la que recogió parte de las propuestas de la Alianza.

Senador Orpis: “almacenes extraportuarios en Iquique debieron crearse por ley y no por decreto”

El parlamentario lamentó que todo el proceso para dar una salida al mar para Bolivia se haya manejado “con tan poca transparencia” y precisó que materias tan sensibles como los almacenes extraportuarios de Iquique debieron haberse hecho por ley.

“La mejor forma de resguardar los intereses chilenos es materializar los distintos acuerdos mediante leyes y no por simples decretos”, así lo afirmó el senador Jaime Orpis quien lamentó que el gobierno haya manejado con “tan poca transparencia” el proceso para dar una salida marítima a Bolivia.

Respecto a la situación de los almacenes extraporturarios de Iquique, el parlamentario fue categórico en señalar que “en ese minuto está todo oleado y sacramentado y si ocurre algo: que responda el gobierno”.

Precisó que sólo esta mañana tuvo acceso al decreto que crea los mencionados almacenes en Iquique y “espero que contenga los resguardos necesarios”, pero a su juicio, “este tema afecta al puerto de Arica donde también existe una concesión, lo que significa que se desviará carga a Iquique, afectando a la nortina ciudad”.

Agregó que “materias tan sensibles como la habilitación del puerto de Iquique para el comercio exterior boliviano debió haberse hecho por ley porque ahí está la Zona Franca que da trabajo a unas 5 mil personas”.

Puntualizó que “por esta vía Chile, a través de los gobiernos de turno, siempre va a estar sometido a una presión por parte de Bolivia porque los decretos se pueden modificar y aún cuando se adopten los resguardos en la Zona Franca siempre vamos a estar expuestos a presiones”.

El senador Orpis lamentó que el Ejecutivo no haya tomado en consideración al Parlamento, pese a la petición expresa que formuló durante la discusión de la Ley de Presupuesto, en septiembre pasado.

En ese ocasión recordó que “el Senado desconocía este eventual acuerdo que había adoptado Chile con Bolivia en Coya, para establecer un recinto extraportuario en Alto Hospicio con un almacenamiento gratuito que podría eventualmente causar graves daños a la Zona Franca de Iquique que es el pilar de desarrollo para el norte del país”.

Sin embargo, “no hubo contacto con los parlamentarios para ver si habían las garantías suficientes en un tema que es muy sensible y donde el Congreso podría haber hecho un gran aporte”.

Respecto a la polémica suscitada a raíz de que los Vicecancilleres de Chile y Bolivia acordaron realizar “estudios técnicos” para facilitar el acceso marítimo al vecino país, el senador Orpis aclaró que “desconozco qué otros estudios o acuerdos ha alcanzado nuestro país con Bolivia y hay que ver si existe algo más que la simple habilitación del puerto de iquique”.

En tanto, el  ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, aseguró que  “Chile va a actuar como un país que busca integración en la región. Lo vamos a hacer sin ninguna vacilación, aquí nadie está ocultando nada ni vamos a ocultar nada, pero la política exterior la hace la Presidenta de la República y se implementa a través de la Cancillería”.

El Canciller añadió que “vamos a construir una relación positiva, mirando al siglo XXI, porque es un país hermano y que se merece tener con nosotros la mejor de las relaciones”. No obstante, recalcó que “en todas las materias en que vamos a tomar decisiones de integración en la región siempre vamos a hacer estudios técnicos y nadie nos va a impedir que lo hagamos”.

Presentan proyecto para asegurar acceso igualitario a prestaciones de Fonasa

 Con el propósito de asegurar un acceso igualitario a las distintas modalidades de atención a los beneficiarios del régimen de prestaciones de salud otorgada por el Fondo Nacional de Salud, Fonasa, el senador Carlos Bianchi presentó una moción que permitiría a una persona indigente o carente de recursos atenderse bajo la modalidad de libre elección.

En lo fundamental, el proyecto que fue remitido a la Comisión de Salud para su estudio, apunta a subsanar la actual realidad que se vive en Fonasa, donde una persona calificada como indigente o carente de recursos, que pertenece al Grupo A, no puede comprar un bono para que le permita elegir tanto al profesional como la institución donde desee atenderse.

“Esta discriminación me parece del todo injusta, puesto que la bonificación de un 60 %  y que puede llegar hasta un 90% es otorgada por el Fondo Nacional de Salud, cuyos recursos no están integrados únicamente por cotizaciones y sus afiliados, sino que también por dineros públicos provenientes de la  Ley de Presupuestos”, señaló el parlamentario.

Cabe recordar que el régimen de prestaciones de salud establece dos modalidades de atención para sus beneficiarios: el régimen general de garantías, cuyas prestaciones se entregan a través de los establecimientos de la red asistencial de cada servicio de salud; y el sistema de libre elección que permite a los beneficiarios elegir el profesional y el establecimiento en que se atenderá.

No obstante, a la modalidad de libre elección, a diferencia del régimen general, solo pueden acceder quienes tengan la calidad de afiliados, excluyéndose a quienes son clasificados en calidad de indigentes o carentes de recursos, o que gocen de las pensiones asistenciales.

DISCRIMINACIÓN

Según el senador Bianchi, si bien el régimen general entrega un servicio gratuito a sus  beneficiarios, “dista mucho de prestar una atención oportuna y de calidad; los pacientes se deben inscribir en listas de espera que tardan más de 6 meses en dar una atención que, además de tardía, resulta insuficiente o de una calidad que dista mucho de los mínimos estándares médicos”. 

Agregó que en muchas oportunidades una persona -no obstante ser indigente o no tener recursos para cotizar en el sistema- puede conseguirse de alguna forma los recursos como para comprar el denominado “bono” y acceder a la libre elección, por lo que en dicho caso la bonificación de un 60% por parte del Fondo Nacional de Salud, debe ser posible.

Finalmente, el senador reiteró que este proyecto de ley busca un trato igualitario para todos los usuarios del Fonasa, “para terminar con cualquier tipo de discriminación es necesario que los accesos estén disponibles para todos, sin restricciones; incluyendo obviamente a los usuarios del Grupo A”.

El texto señala que “en ningún caso las normas e instrucciones del Ministerio de Salud que determinen la forma de acceso, calidad y oportunidad de las prestaciones que se otorguen, podrán establecer diferencias entre los distintos beneficiarios, debiéndose siempre asegurar un acceso igualitario a las distintas modalidades de atención, ya sea que se otorguen a través del régimen general o según la modalidad de libre elección”.

Para ello, Fonasa, estará facultado para descontar, requerir la devolución, eximir o eximirse de lo cobrado o pagado en exceso. El Ministerio determinará los procedimientos para que los usuarios efectúen los reclamos que estimen pertinentes.

Senador Cantero: “hay que hacer esfuerzos para crear incentivos tributarios que promuevan la cultura”

Asumir que la cultura es una palanca del desarrollo en Chile y crear incentivos para promoverla son los grandes  desafíos que tiene nuestro país.  Así lo afirmó el senador Carlos Cantero, integrante de la Comisión de Educación, quien destacó los resultados del estudio realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que por primera vez midió el aporte real de la cultura a nuestro Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho estudio midió el aporte cuantitativo de la cultura al crecimiento económico del país y lo situó en el 1,3%. De acuerdo a los datos de 2005 la cultura aportó US$1.538 millones al PIB, es decir, casi el doble de lo que aportan sectores como la agricultura (0,66%), la industria textil (0,78% y la pesca (1,02%).

El senador Cantero recalcó que “la cultura, la información y la gestión del conocimiento son la clave para generar riqueza y, en ese sentido un país con la cultura que tiene Chile debiera hacer esfuerzos muy importantes para que toda la gestión cultural se transforme en una instancia de generación de riqueza”.

Para eso –dijo-  “tenemos que hacer esfuerzos para establecer un cluster cultural tanto en lo escrito como en lo multimedial. Además hay que asumir que éste debe ser un instrumento y una palanca de desarrollo por lo que es importante introducir mejoras sustanciales a la calidad de la educación en Chile y por supuesto haciendo un aporte al contexto internacional”.

Respecto a la posibilidad de rebajar el impuesto al valor agregado (IVA) a los libros, el legislador se mostró más bien partidario de mantener tributos parejos en nuestra economía. “No es bueno discriminar por sector pero si sería importante establecer incentivos tributarios para lograr rebajar el precio de los libros y todo lo relativo al material digital y multimedial, porque su impacto es mucho más amplio”.

Por otra parte, el senador Cantero insistió en  la importancia de generar “un cluster o encadenamiento potencial de las ventajas comparativas que tienen los sectores involucrados en distintos lugares. Esto se debería realizar cubriendo todo el país, de tal manera tal de potenciar las  fortalezas que existen tanto en el norte como en sur para lograr un encadenamiento más positivo”, explicó.

Cabe señalar que, el estudio realizado por el Consejo Nacional de la Cultura incluyó datos de solo tres áreas de la cultura del país: sector audiovisual (0,66%); libros (0,50%) y música (0,02%).

Asimismo para este año se prevé un nuevo estudio que abarque además áreas como danza, teatro, fotografías y artes visuales con el fin de tener una mirada más completa sobre el aporte del sector cultural en Chile.

El informe además hizo una comparación con otros países desarrollados y concluyó que nuestro país está más cercano a Francia, que en 2003 presentó un 2,8% de aporte cultural a su economía.

PS –PRSD APOYAN NOMINACION DE ALBERTO RIFFO COMO GOBERNADOR DE PALENA.-

Los Presidentes de los partidos de la concertación, Fidel Espinoza (PS) y Pedro Martínez (PRSD), celebraron la nominación como Gobernador de Palena del profesor y ex –director provincial de educación, Alberto Riffo.-

“Tiene una vasta experiencia, es conocedor de la provincia, trabajador, honesto y humilde, características que lo constituyen en el màs idóneo para asumir la enorme responsabilidad de contribuir a la reconstrucción de Chaitén y el desarrollo de la provincia”, sostuvieron ambos dirigentes.-

Diputados deberán analizar proyecto que fija como piso para el sueldo base el salario mínimo

En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que fija como punto de partida para el sueldo base el salario o ingreso mínimo, que a partir del 1 de julio ascenderá a $159 mil.

Esto, luego que el Senado aprobara en forma unánime la iniciativa que apunta a transparentar y corregir la actual situación, que en muchos casos se presta para abusos, pues hay trabajadores cuyos sueldos base no superas los $10 mil.

Dado que en su trámite en la Comisión de Trabajo el proyecto experimentó una serie de cambios y ajustes técnicos, ahora corresponde que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre ellos, para que pueda ser promulgada como ley de la República.

El objetivo principal de esta iniciativa es que sobre el piso del sueldo base, puedan surgir todos los incrementos, bonos, aportes, gratificaciones, participaciones y demás emolumentos que de alguna manera premien la productividad de los trabajadores. Lo importante es que toda persona que trabaja en Chile, a lo menos tiene desde la partida un sueldo base que es igual al ingreso mínimo.

ALCANCES DE LA PROPUESTA

Junto con establecer que el sueldo base “no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual”, el proyecto dispone que se exceptuarán de esa norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada.

“Se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador”, dispone la iniciativa.

Asimismo, precisa que “se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador sólo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes del empleador”.

El proyecto contiene un artículo transitorio que concede un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley para ajustarse a las nuevas disposiciones y precisa que no podrá significar una disminución en las remuneraciones.

En tal sentido, dispone que “los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieren pactado sueldos base inferiores a un ingreso mínimo mensual en los contratos de trabajo, sean estos individuales o producto de negociaciones colectivas, deberán, dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley, ajustar la diferencia entre el sueldo base convenido y el ingreso mínimo”.

Piden al Ejecutivo que tome medidas para ratificar acuerdos internacionales sobre protección del patrimonio nacional

Con el propósito de aumentar las sanciones y endurecer las normas contra quienes roben y comercialicen piezas arqueológicas de gran valor cultural para Chile, el Senado solicitó en forma unánime a la Presidenta de la República que tome las medidas necesarias para ratificar acuerdos internacionales sobre protección patrimonial.

Esto, al aprobar un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Alejandro Navarro y Pedro Muñoz, en el que plantean formalmente que el país suscriba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Robados o Exportados Ilícitamente; y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Subacuático del UNESCO que data del año 2001.

Asimismo, solicitan la ratificación, promulgación y publicación como ley de la República de la Convención Sobre la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, fechado en La Haya el año 1954. Los parlamentarios plantean que el Convenio fue aprobado por el Congreso el 30 de agosto de 2006, pero aún no ha sido ratificado por el Ejecutivo ni publicado como ley.

El Senado también pidió que se fije urgencia para la tramitación de tales tratados internacionales y de la Convención de la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, Convención de San Salvador de la OEA de 1976.

También se acordó desarchivar la Convención sobre Medidas que Deben Adoptarse para Prevenir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura de 1970.

UREGENCIA NECESARIA

El proyecto de acuerdo solicita al Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, que envíe al Senado los informes técnicos que ha elaborado para cada tratado, y que las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, den la más rápida tramitación a los tratados mencionados.

Según los legisladores “no ratificar esos tratados implicaría una terrible renuncia a nuestra soberanía cultural, un espolonzazo insoportable contra nuestra historia y nuestro pasado, y una verdadera afrenta a los descendientes de los pueblos que originalmente poblaron nuestro territorio”.

Esto, porque sólo durante el 2007 la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones metropolitana dijo haber recuperado 7 mil piezas arqueológicas y más de 1.100 durante el 2008.

Los senadores advierten que a la falta de estos instrumentos internacionales, se suma el hecho de que las penas y sanciones establecidas en la legislación chilena, no son suficientes para disuadir la verdadera red de tráfico que está detrás del huaqueo

Nuevamente rechazan proyecto de acuerdo que manifestaba preocupación por situación que vive China

El Senado rechazó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Baldo Prokurica y Jaime Naranjo, en el que le solicitaba a la Presidenta Michelle Bachelet, que instruyera al Ministro de Relaciones Exteriores oara que hiciera presente en los distintos foros internacionales, la preocupación de la Cámara Alta por la situación de los derechos y la libertad religiosa en la República Popular China.

Esta es la tercera vez que iniciativas similares son rechazadas en  la Cámara Alta, En esta oportunidad el texto  tuvo el respaldo de los senadores Antonio Horvath, Jorge Pizarro y Baldo Prokurica; mientras que los senadores Carlos Kuschel, Sergio Romero, Alejandro Navarro y Guillermo Vásquez lo votaron en contra. Se abstuvo, la senadora Evelyn Matthei.

En lo fundamental el proyecto de acuerdo recogía el hecho de que diversas organizaciones internacionales de Derechos Humanos han denunciado reiteradamente que en China se violan tales derechos y que incluso se han entregado pruebas fundamentadas de esa acusación.

Agrega, que entre los principales derechos vulnerados se encuentran el de la libertad de prensa y de expresión y el de poder profesar una religión.

Los senadores recalcan el hecho de que Chile fue recientemente electo para asumir un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo es velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el mundo.

“Los parlamentarios no podemos abstraernos de esta tarea, sino muy por el contrario, desde nuestro ámbito debemos apoyarla”, señalaba el proyecto de acuerdo.

Cabe recordar que este es el primer proyecto de acuerdo que presentan en conjunto los senadores Naranjo y Prokurica sobre la materia, pues anteriormente habían presentado iniciativas en la misma línea, pero por separado y  tampoco prosperaron.

Ratifican apoyo a la inyección de US$1.000 millones al FEPC pero con el desafío pendiente de revisar distorsiones tributarias

Por 23 votos a favor, 7 en contra de los senadores Jorge Arancibia, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez  y Carlos Cantero y 2 abstenciones, de los senadores Evelyn Matthei y Fernando Flores, el Senado despachó en su último trámite, el proyecto que incrementa en US$1.000 millones el Fondo de Estabilización del Petróleo y que quedó en condiciones de ser promulgado como ley. La iniciativa incorpora en este Fondo al gas licuado, y aumenta en un 50% el subsidio a la parafina y establece además un aporte extraordinario de capital a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), por un monto de US$250 millones.  Cabe señalar que, junto al proyecto se acompañó un protocolo donde el Ejecutivo se comprometió en un plazo de 60 días, a enviar un proyecto al Congreso que “permita mantener el necesario equilibrio en los precios del mercado nacional entre combustibles a los que se aplica el mencionado Fondo y el gas natural”.

Comisión de Hacienda aprobó proyecto que inyecta recursos al FEP con el compromiso de legislar sobre el gas natural

Quieren que gobierno elabore en un plazo de 3 meses una política de Estado para el monitoreo de volcanes

El Senado  aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo de los senadores Jaime Naranjo y Pedro Muñoz, mediante el cual la Corporación le solicita al

gobierno que forme una Comisión de especialistas de alto nivel que, en un plazo no superior a los 3 meses, elabore una política de Estado para el monitoreo de todos los volcanes activos del país,

La iniciativa propone que dicha Comisión esté integrada además por miembros de los Ministerios de Minería y de Hacienda y que se destinen en la ley de Presupuesto de la Nación, los recursos económicos necesarios para su funcionamiento y expansión si corresponde.

Los senadores Naranjo y Muñoz Aburto fundamentaron esta iniciativa en la reciente experiencia vivida con el volcán Chaitén ya que “diversos científicos han señalado que de contarse con mejor tecnología se habría podido perfectamente predecir su erupción”. Por eso, recalcaron que “el Estado chileno tiene el deber de desarrollar una política de protección de las personas en relación al vulcanismo”.

Señalaron que “en nuestro país existen más de dos mil volcanes de los cuales, alrededor de 200 se encuentran activos. “De éstos, sólo 40 son monitoreados periódicamente por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)”.

Puntualizaron que “Chile cuenta solo con 22 científicos y 3 geólogos trabajando a tiempo completo en esta tarea del Sernageomin debido a la falta de financiamiento. Sin embargo, los profesionales carecen de los instrumentos más sofisticados existentes actualmente en el mundo para este tipo de tareas”.

Los legisladores afirmaron que “esta situación se debe a la escasez de recursos económicos y a la falta de una real política estatal de monitoreo de nuestros volcanes”. A su juicio esto resulta “inaceptable” para un país como Chile que se caracteriza por su alto grado de sismicidad y vulcanismo.

Moreira asegura que Lavín ha dejado de ser un referente para la UDI

SANTIAGO.- El diputado UDI Iván Moreira desestimó hoy las críticas del ex candidato presidencial Joaquín Lavín, respecto a que existe un claro "doble estándar" en el partido, señalando que sus declaraciones por las irregularidades detectadas por la Contraloría en Huechuraba "no tienen mucha objetividad, ya que tiene a su propio yerno involucrado en estos hechos".

"Yo le pido a Lavín que no siga atacando a la UDI, porque si es así no puede seguir siendo parte del partido. Yo creo que a estas alturas se siente más representado por la Concertación. De todas formas, nosotros lamentamos esta situación, ya que desde que propuso el denominado 'bacheletismo-alianciancista' comenzó a dejar de ser un referente para la UDI", dijo Moreira.

En este sentido, el diputado argumentó que "uno no puede andar de un lado a otro y, si es así, es preferible que se mantenga en el sector que a él más lo representa y con el que se sienta más cómodo".

"Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en esta materia, pero preferimos quedarnos con el bonito recuerdo de Lavín, por todo lo que hizo por la centro derecha y las veces que fue candidato presidencial", afirmó.

Moreira negó además la existencia de un doble estándar al interior de la UDI y afirmó que mientras no exista un informe condenatorio para la alcaldesa Carolina Plaza -quien acusó de irregularidades al yerno de Lavín, Isaac Givovich- aún no existe un delito.

Respecto a la reunión entre el abanderado de RN, Sebastián Piñera, y los ministros de Interior y Hacienda, el parlamentario afirmó que "para nosotros no constituye ningún drama esta reunión. Es parte del diálogo político que tiene que existir, pero los acuerdos de la Alianza son con la UDI".

Añadió que con este tipo de acciones, "el Gobierno está demostrando la incapacidad de llegar a acuerdos en la Cámara, sobre todo cuando sus propios parlamentarios actúan y votan en contra de sus mismo proyectos".

Fuente:emol

Permitirán que en casos de divorcio sea competente el tribunal del domicilio del demandante o del demandado

Con el fin de solucionar los obstáculos legales que debe enfrentar muchas veces un cónyuge para demandar el divorcio tras una ruptura total de comunicación y relación matrimonial, el senador Carlos Bianchi presentó una moción que permite que sea tanto el tribunal del demandante como del demandado, el que pueda conocer de la demanda de divorcio.

La iniciativa que será analizada por la Comisión de Constitución se fundamenta en que la actual legislación establece que el tribunal competente para conocer de estos juicios es el domicilio del demandado.

“Sin embargo, dicha regla común para los juicios de nulidad, separación y divorcio ha tenido en la práctica, un efecto muy perjudicial para muchas personas que desean divorciarse por alguna de las causales establecidas en la ley, o porque ha cesado por más de tres años la vida en común”, dijo el senador Bianchi.

Precisó que “a veces, la ruptura matrimonial va aparejada de un término total de la comunicación y de relación entre los cónyuges, lo que significa también que el cónyuge que quiere demandar no puede hacerlo, porque desconoce absolutamente el paradero, ubicación, o domicilio de su cónyuge, por lo que se ve imposibilitado de demandar el divorcio, con todos los efectos perjudiciales que tiene para él, su patrimonio y el de sus hijos”.

Por ello, propuso modificar la Ley de Matrimonio Civil para que, en el caso de divorcio, sea competente tanto el tribunal del domicilio del demandante, como el del demandado.

El senador Bianchi aclaró que “de todas formas deberá practicarse una notificación, pero en caso de que el demandado no sea ubicado se podrá informar por alguna de las formas alternativas a la notificación personal que contempla el Código de Procedimiento Civil”.

Asimismo recordó que, con anterioridad, también presentó otra moción que permite la comparecencia a través de un mandatario y no necesariamente personal a la audiencia de conciliación obligatoria que la ley contempla. En ese sentido, indicó que este proyecto, en primer trámite complementa esta moción a fin de hacer más expeditos los trámites de demanda de divorcio.

Cabe señalar que, el divorcio pone término al matrimonio, pero no afecta en modo alguno, la filiación ya determinada, ni los derechos y obligaciones de emanan de ella. Puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, entre otras causales, al comprobar que ha habido un cese de convivencia por más de tres años.

Congreso debe escuchar a todos los actores del sistema educacional antes de votar Ley General de Educación

Un llamado a los parlamentarios para que escuchen a todos los actores del sistema antes de votar el proyecto de Ley General de Educación, hizo el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Alejandro Navarro, tras señalar que sin diálogo social no habrá un cuerpo legal sobre la materia.

El parlamentario, quien insistió en que el Congreso debe centrarse en el proyecto que crea la Superintendencia de Educación, se reunió con los representantes del Colegio de Profesores, la Corporación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Pagados y la Agrupación de Padres Apoderados Municipalizados, para analizar los alcances de la iniciativa.

Al término del encuentro, manifestaron que consideran insuficiente el proyecto en trámite, argumentando que no responde a las demandas de los actores involucrados en  la “crisis de la educación”, razón por la cual llamaron a un gran debate nacional y a un diálogo real con los movimientos sociales.

“Creo que no hay que retirar el proyecto, pero sí debatirlo mucho más, y eso significa que los parlamentarios no lo voten antes de escuchar a los ciudadanos. La crisis de la Concertación es que no escucha a la gente. Nadie ha tenido la posibilidad de debatir, ni los estudiantes, ni los profesores, ni los ciudadanos. Si la política para discutir la educación es la ley mordaza, yo no lo voy a aceptar”, sentenció el parlamentario.

APRENDER LECCIONES

En su opinión el país está avanzando hacia una situación crítica en lo político e institucional y recordando lo sucedido con los ex Ministros de Educación, Martín Zilic y Jasna Provoste, manifestó que “las lecciones hay que aprenderlas”.

Según el senador Navarro, no es posible que con un segundo paro de profesores y con tres semanas de movilizaciones, no exista diálogo con esos actores.

“Un gobierno que no dialoga y se encapsula, un Ministerio que sólo conversa con los tecnócratas y sólo se dedica a hacer lobby político y cuyas decisiones ya no radican en el Ministerio sino que son traspasadas a La Moneda, es un Ministerio de Educación que no conduce”, advirtió.

En tal sentido, señaló que la votación del próximo martes en la Cámara de Diputados es altamente incierta, lo cual tiene el riesgo de extenderse a áreas más allá de la educacional.

“Creo responsablemente que no va a haber LGE en el gobierno de la Presidenta Bachelet, siento que no hay ninguna condición para que una ley de esta envergadura pueda ser aprobada en el curso de las postrimerías de un gobierno y con dos elecciones de por medio”, manifestó.

Según el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública tiene que ser evaluada, pues para su aprobación sólo se requiere quórum simple, por lo que hizo un llamado a evaluar alternativas que no paralicen la LGE.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Fajardo, valoró el encuentro con el parlamentario y anticipó que su sector paralizará a partir del próximo lunes 16 de junio, en demanda de que sus opiniones sean escuchadas.

“Es el momento que los actores, los más directamente involucrados en el tema educacional entremos a coordinarnos, conversar y fijar posiciones, para ver cómo salimos de esta crisis que vive la  educación hoy en día”, puntualizó.

Reformularán objetivos de Misión de Paz en Haití para enfocarse en temas de desarrollo económico y social

A ley proyecto que aumenta número de jueces y funcionarios de Tribunales de Familia

Después de un año y 10 meses de tramitación, el proyecto que aumenta en 95 el número de jueces y en 640 el de los funcionarios de los Tribunales de Familia, fue despachado del Congreso luego que el Senado aprobara con 27 votos a favor y 6 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que zanjó las discrepancias que tenían las dos ramas del Parlamento sobre la iniciativa que apunta a terminar con el colapso del sistema.

Fueron los senadores de RN, Andrés Allamand, Alberto Espina, José García, Carlos Kuschel, Baldo Prokurica y Sergio Romero quienes se abstuvieron, por estimar que el aumento de funcionarios propuesto no se condice con lo planteado por la Corte Suprema para lograr un funcionamiento óptimo de la judicatura de familia.

Votaron a favor los senadores Soledad Alvear, Evelyn Matthei, Jorge Arancibia, Nelson Ávila, Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Fernando Flores, Eduardo Frei, Jaime Gazmuri, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Pablo Longueira, Pedro Muñoz, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Alejandro Navarro, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Jaime Orpis, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar.

Al momento de intervenir en Sala los senadores Gómez, Alvear, Muñoz, Horvath, Ominami y Letelier destacaron los efectos positivos que tendrá esta iniciativa; mientras que los senadores García, Espina y Allamand, coincidieron en que si bien es un avance frente a lo que existe, no solucionará el colapso existente por no tomar en cuenta los planteamientos del Poder Judicial.

MÁS JUECES

En su calidad de presidente de la Comisión Mixta, el senador Gómez explicó que los principales puntos de discusión estuvieron centrados en el aumento de los jueces de familia en la Región Metropolitana y en el período en que se archivan las causas que estén inactivas.

Sobre el primer punto, señaló que en Puente Alto se aumentó de seis a ocho jueces; en Peñaflor de dos a tres; en Colina de dos a tres y en Santiago de 42 a 52 jueces; mientras que en lo relativo al archivo provisional, se acordó aumentar de seis meses a un año el plazo para archivar las causas inactivas, lo que posibilitará que las medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar sigan vigentes por lo menos un año.

A su turno, el senador García fue el primero en manifestar sus aprensiones respecto del aumento del número de funcionarios. Explicó que recibió una misiva fechada el 30 de mayo de 2008, firmada por un número importante de funcionarios, que señalan que el incremento no sería tal puesto que los 640 trabajadores ya estarían desempeñándose en calidad de contrata y honorarios, por lo que con este proyecto no se estaría solucionando nada.

Por su parte la senadora Alvear manifestó su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa y puso especial énfasis en el establecimiento de la mediación familiar, pues permitirá resolver conflictos perjudicialmente y, de esa manera, posibilitar que en los Tribunales de Familia solo se vean los casos donde no fue viable el proceso de mediación.

Asimismo, destacó que se amplíe y fortalezca el principio de publicidad en el sistema, pero reiteró la necesidad de que exista una Defensoría Penal especializada o que las Corporaciones de Asistencia Judicial se empiecen a profesionalizar para atender con abogados especialistas estos casos.

INSUFICIENCIAS

Por su parte, el senador Espina lamentó que el Ejecutivo no acogiera la petición que hizo el Poder Judicial en el sentido de aumentar aún más la dotación para los Tribunales de Familia. El parlamentario leyó un oficio remitido por la Corte Suprema en que lamenta que el incremento de 95 jueces no venga acompañado del aumento de los respectivos equipos de trabajo, lo que redundará en que se mantengan parte de las carencias.

Sin desconocer las mejorías que contiene el proyecto, el senador Espina anticipó su abstención, argumentando que no se hará responsable de aprobar una iniciativa legal en que el máximo tribunal de país asegura que es insuficiente la dotación.

En la misma línea el senador Allamand señaló que no está en condiciones de aprobar una iniciativa que es considerada insuficiente por la propia Corte Suprema. Asimismo, criticó que se corrigieran “tardíamente” los errores que llevaron al colapso de la judicatura de familia y señaló que más allá de los procedimientos, el problema central es la falta de personal necesario. A modo de ejemplo, dijo que se deben esperar hasta seis meses para una audiencia preparatoria en la Región Metropolitana.

Un aspecto adicional incorporó el senador Horvath, tras manifestar que es necesario modificar el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la figura del Administrador de Tribunales, pues dada la complejidad de su labor se le está haciendo difícil cumplir con las exigencias establecidas para su cargo. Por ello propuso que las calificaciones de estas personas sean resueltas por los presidentes de las Cortes de Apelaciones, en base a informes de ministros visitadores.

CAMBIOS NECESARIOS

El senador Pedro Muñoz destacó los cambios que contempla el proyecto argumentando que éstos permitirán hacer más expedita la administración de justicia en estos tribunales. No obstante, insistió en la importancia de crear una Defensoría especializada, por lo que espera que el Ejecutivo concrete esa idea en un proyecto de ley.

En la misma línea el senador Ominami, señaló que existe un avance que permitirá terminar con el colapso que se produjo en el sistema, pues actualmente existen problemas con el pago de pensiones alimenticias, los engorrosos trámites de adopción y con la forma en que se está aplicando la Ley de Matrimonio Civil. Respecto de esto último, dijo que es fundamental terminar con el trámite de conciliación en los casos de divorcio de común acuerdo.

A su turno, el senador Letelier reconoció que hubo un error del Ejecutivo al momento de evaluar la conflictividad de los temas de familia, lo que no permitió prever la demanda que tendría el sistema. Si embargo destacó que la formula propuesta es mucho mejor que lo que existe pues no sólo aumenta la dotación, sino que mejora los procedimientos.

Finalmente el Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, valoró el apoyo y el trámite “acucioso y riguroso” que le dio el Senado a la iniciativa y señaló que ésta permitirá iniciar el proceso de normalización del sistema.

Comisión de Defensa aprobó proyecto que crea una planta de tropa profesional en las Fuerzas Armadas

En forma unánime, la Comisión de Defensa del Senado aprobó en particular el proyecto que crea una planta de tropa profesional en las Fuerzas Armadas y que apunta a la modernización y profesionalización paulatina del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en un lapso de cinco años.

La iniciativa que cumple su segundo trámite, deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda para luego ser sometida a votación en la Sala del Senado.

Según explicó el presidente de la Comisión de Defensa, senador Sergio Romero, el proyecto pretende transformar el Ejército, de una institución abocada a la instrucción de conscriptos y reservistas en una dedicada al desarrollo y mantenimiento de sus capacidades de combate.

Cabe recordar que actualmente las Fuerzas Armadas chilenas cuentan con cerca de 80 mil integrantes, de los cuales casi 16 mil son conscriptos. De ahí que la iniciativa contemple un modelo para la incorporación de soldados y marineros profesionales a las Fuerzas Armadas, en sustitución del actual modelo basado exclusivamente en la conscripción para cubrir esos grados.

El parlamentario explicó que en la sesión de hoy se aprobaron cuatro indicaciones presentadas por el Ejecutivo que apuntaban a perfeccionar el texto legal.

Se trata de una que entrega facultades al director de personal o su equivalente, para establecer como causal de retiro absoluto, las necesidades del servicio calificadas por él. Se precisó que estas necesidades debían ser fundadas a objeto de evitar ilegalidades y arbitrariedades.

BENEFICIOS

Asimismo, se aprobó una disposición que señala que la tropa profesional  gozará de todos los beneficios que el resto del personal de la planta y los demás derechos y sistemas de remuneraciones. Se entiende por ello, el sueldo, remuneraciones adicionales, feriado anual, permiso con o sin goce de remuneraciones, licencias, subsidios, pasajes, viáticos, asignación por cambios de residencia, vestuarios, equipos y alimentación fiscal.

También se incorporó una norma tendiente a ajustar la iniciativa legal a la nueva reforma previsional, a objeto de de licitar las carteras para las AFP.

La última modificación que respaldó la Comisión dice relación con el orden de precedencia que se establece para la entrega del montepío, pues la norma actual hace alusión a la “madre de filiación matrimonial”, situación que se corrige, ya que de acuerdo a la Ley de Filiación ello sería improcedente.

Así las cosas, se estableció que en el caso del personal soltero y sin hijos que fallezca en un acto determinado de servicio, si el padre no pudiera gozar del montepío, sólo le sucederá la madre.

EX CONSCRIPTOS

Pero además de analizar esta iniciativa, el senador Romero explicó que la Comisión de Defensa recibió a Fernando Mellado de la Agrupación Nacional de ex Soldados Conscriptos; al presidente de la Agrupación Nacional de Reservistas de la Defensa Nacional, Germán Padilla y al presidente de Anesec, Hugo Campos.

“Ellos plantean una serie de situaciones ocurridas en el período de conscripción entre 1973 y 1990, en que hay temas previsionales, de derechos y obligaciones de las FF.AA, entre otros. Están pidiendo que se les reconozca y que se le den soluciones por la vía previsional o de reparación”, señaló.

En tal sentido, explicó que enviarán los antecedentes al Ministerio de Defensa, pues la Comisión no tiene atribuciones sobre la materia.

En julio más de 1 millón y medio de pensionados podrán recibir bono extraordinario de $20 mil

Más de un millón y medio de pensionados tanto de INP como AFP, podrán recibir a partir de julio próximo, el bono extraordinario de $20 mil pesos, que forma parte del conjunto de medidas que el gobierno anunció para apoyar a las familias más vulnerables en el marco del complejo escenario inflacionario que vive el país. El Senado aprobó en tiempo récord la iniciativa en segundo trámite, que también contempla un aporte por 20.000 millones de pesos al Fondo Común Municipal y una rebaja a cero de los aranceles para la importación de bienes de capital con el fin de apoyar a las pymes. De este modo, el proyecto, con calificación de suma urgencia, es decir,  de 10 días para ser tramitada  por cada rama legislativa, quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República. El senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la Comisión de Hacienda explicó que el bono extraordinario de $20.000 que beneficia a más de 1.503.000 pensionados, sin discriminación e implica un costo fiscal de $30.068 millones y recordó que incluye   un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal, durante este año y por una sola vez, por un monto de $20.000 millones, lo que ayudará a los municipios a solventar adecuadamente sus tareas.

Instan al Ministro de Transportes a dar respuesta a los dirigentes del transporte regional que piden el término del impuesto específico

El término de los impuestos específicos a los combustibles y la definición de un subsidio que considere al transporte escolar, estudiantes secundarios y universitarios pidieron al Ministro de Transportes, René Cortázar, el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar junto a los senadores Sergio Romero y Antonio Horvath acompañados  por  una treintena de dirigentes regionales del transporte de pasajeros urbanos. Los parlamentarios respaldaron las demandas de los gremios regionales que, en la actualidad, no cuentan con subsidios al transporte tal como lo recibe el Transantiago. “porque la situación es dramática en regiones”. El senador Adolfo Zaldivar recordó que “hace dos años la tarifa del sector era 300 pesos por adulto y el litro de petróleo costaba algo más que 300 pesos. Sin embargo, hoy el litro de combustible cuesta sobre los 600 pesos y los pasajes siguen costando lo mismo”. Agregó que “lo el gobierno está haciendo – a mi juicio de una forma criminal desde el punto de vista económico- es trasladar la inflación externa hacia nuestro país. La inflación internacional la estamos pagando los chilenos porque el petróleo subió de US$60 a US$130 y por eso la gente está desesperada, no solo los transportistas sino todos los que derivan de ellos porque las personas que usan transporte público van a tener que pagar tarifas mayores o bien los productos se siguen encareciendo y esto es lo que el gobierno no ha querido entender”. Por su parte, el senador Sergio Romero, advirtió que “aquí hay una política de parches que al final no van a dar un buen resultado, porque hay medidas distintas según los gremios: para los transportistas la devolución del 80% del impuesto específico del diesel y para la Fenabus un descuento en los peajes, es decir, falta una política central de combustibles que reconozca la realidad de que los impuestos específicos hacen casi imposible afrontar los gastos que implican”.

Menores de edad podrán obtener licencias para conducir motos de baja cilindrada

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 7 de julio quedó el proyecto, en primer trámite, que establece tres nuevas categorías de licencias de conducir no profesionales para vehículos de dos o tres ruedas a fin de que los jóvenes conductores menores de 18 años adquieran experiencia en el manejo de motos de menor cilindrada, antes de asumir un automóvil mayor.

Ello, luego de que el Senado aprobara por unanimidad y sin debate, legislar sobre la iniciativa que dispone nuevas sanciones a los menores de 18 años que cuenten con licencia excepcional clase B. De este modo el objetivo es que pre-adolescentes puedan conducir motos de cilindrada muy menor, de forma que si sufren un accidente, las secuelas sean lo más leves posibles.

En lo fundamental el proyecto establece que Carabineros podrá retirarles la Licencia excepcional en caso de infracciones y entregarla a disposición del respectivo Tribunal, dejando constancia en la boleta de citación que ésta no lo habilita para seguir conduciendo.

El proyecto iniciado en una moción del senador Jovino Novoa propone también una sanción similar en el caso de que el menor incurra en una infracción grave o gravísima. Y, en el caso de que el menor sea sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, se le suspenderá la licencia de conducir por un plazo de tres años.

Por otra parte, se modifica la Ley de Tránsito en lo relativo a la duración de las licencias de conducir estableciendo un nuevo plazo de vigencia para la primera licencia clase B o C. Es decir, a la licencia otorgada por primera vez le otorga una vigencia de tres años, y después de este período, el Director de Tránsito podrá revisar nuevamente la idoneidad moral, física y psíquica de la persona para seguir conduciendo”.

SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, en la actualidad, la duración de las licencias de conducir es indefinida y mantiene su vigencia mientras su titular reúne las exigencias y requisitos que exige la ley. Además, el titular de una licencia no profesional Clase B o C, o de una licencia especial, debe acreditar cada 6 años que cumple con los requisitos de idoneidad moral, física y síquica.

Las Direcciones de Tránsito, en general, no exigen a los postulantes a una licencia Clase C, para conducir vehículos de 2 ó 3 ruedas, un examen práctico que permita determinar si el postulante es o no capaz de controlar una moto, cualquiera sea su cilindrada.

Tampoco se diferencian los exámenes prácticos según el tipo de vehículo de 2 ó 3 ruedas que el postulante va a conducir, siendo que, por ejemplo, las exigencias para manejar una moto de 50 CC no tienen nada que ver con las que se requieren para manejar una de 1000 CC.

Por otra parte, numerosos estudios confirman que los accidentes en motos se reducen en forma importante cuando el conductor adquiere cierta experiencia en una moto de cilindrada menor, antes de conducir una de cilindrada mayor.

Ello también se da cuando se aprende a conducir este tipo de vehículos a temprana edad, antes de entrar en la adolescencia, etapa en que los jóvenes son generalmente mucho más audaces que cuando niños y, por tanto, menos cuidadosos.

Aprueban erigir  monumento en recuerdo del Papa Juan Pablo II

El Senado respaldó erigir un monumento en memoria

del Papa Juan Pablo  en lo posible en el sector de Rodelillo, donde el prelado celebró una misa dedicada a la familia en abril de 1987.

Comisión de Salud votará el próximo martes proyecto que prohíbe la venta de alimentos no saludables en colegios

Comisión de Salud

El próximo martes la Comisión de Salud del Senado votará el proyecto que prohíbe la venta y publicidad de alimentos no saludables en colegios y que establece un sistema de etiquetado nutricional tipo “semáforo”, con lo que la iniciativa estará en condiciones de ser discutida y votada en Sala.

Cabe recordar que el proyecto fue remitido nuevamente a esa instancia legislativa, que preside el senador Jorge Arancibia, con el objeto de realizar una serie de consultas a expertos respecto de los alcances de la iniciativa y así despejar algunas inquietudes de los senadores.

Según explicó el senador Arancibia, “el Ministerio de Salud se comprometió a enviarnos algunas indicaciones antes de que votemos el proyecto, porque recordemos que esta es una moción parlamentaria y queremos ver qué piensa el Ejecutivo sobre el tema”.

No obstante, precisó que tales indicaciones sólo serán presentadas formalmente una vez que la iniciativa sea aprobada en general por la Sala, pues esa es la instancia reglamentaria en que corresponde analizar el proyecto en particular.

En todo caso, el senador explicó que tras las diversas audiencias que realizó la Comisión de Salud en este período “se ha avanzado en el tema. Estamos concientes que va a haber un debate cuando discutamos en particular respecto de cómo etiquetamos los productos,  y si vamos a hacer el famoso semáforo o va a haber otro tipo de etiquetado que sea claro nítido y de utilidad, no como el que existe actualmente que tiene una serie de fórmulas químicas con una letra ínfima que nadie lee”.

DERECHOS DE LOS PACIENTES

Pero además de votar la citada iniciativa, la Comisión de Salud tiene previsto recibir a los representantes del Colegio Médico, del Colegio de Enfermeras y de los Testigos de Jehová, para conocer sus opiniones respecto del proyecto que regula los derechos de los pacientes y la muerte digna.

El senador Arancibia explicó que ya conocieron las indicaciones que presentó el Ejecutivo al proyecto que cumple su segundo trámite, pero que les interesa escuchar a las citadas entidades, sobre todo a los Testigos de Jehová en lo que dice relación con las transfusiones de sangre.

“El proyecto está bastante consensuado pero hay temas y materias específicas que se quieren discutir. Estamos todos de acuerdo en que es un buen proyecto y conveniente para los pacientes, pero queremos perfeccionar algunos aspectos”, señaló el legislador.

En total son 41 las indicaciones de parlamentarios que recibió el proyecto, siendo en su mayoría presentadas por los senadores Arancibia, Antonio Horvath y Jaime Naranjo.

Las propuestas de los legisladores apuntan a modificar la edad en que los pacientes pueden conocer directamente de sus diagnósticos médicos, a garantizar el derecho de los pacientes de pueblos originarios a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, y a informar sobre los costos de prestaciones, entre otros.

Cabe recordar que el proyecto apunta a establecer un marco regulatorio en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud de las personas, independiente de que el prestador sea público o privado.

Para ello, dispone que toda persona tiene derecho a recibir atención de salud de manera oportuna y sin discriminación arbitraria alguna por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política, sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética, sistema de salud u otras.

También permite a los pacientes en estado terminal rechazar seguir recibiendo un tratamiento médico que le prolongue artificialmente la vida y señala que quienes se encuentren en ese estado “tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas que estén a su cuidado y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual”.

El proyecto también establece que la información sobre estado de salud de los pacientes no podrá ser revelada a terceros, excepto si existen razones de salud pública que lo justifique.

Entre otras materias, la iniciativa regula el derecho a un trato digno y respetuoso para los pacientes, y consagra el derecho a información respecto de la atención y las acciones de salud; las condiciones previsionales, documentos y trámites.

Codelco puede financiarse de una manera mucho más competitiva

Así lo estima el senador Carlos Ominami quien respaldó el carácter público de Codelco y afirmó que “no se justifica la venta –ni siquiera de un paquete minoritario- de acciones”.

Partidario de corregir el gobierno corporativo de Codelco y de buscar formas de financiamiento más competitivas se mostró el senador Carlos Ominami, integrante de la Comisión de Hacienda quien recalcó que esta empresa pública no debe ser privatizada.

“Lo que sí debe corregirse fuertemente es el directorio de la empresa, en el cual se han cometido gravísimos errores, como por ejemplo, las grandes inversiones en El Teniente, que terminaron siendo inútiles, o los costos del traslado del campamento a Calama”, precisó.

El parlamentario rechazó una eventual privatización de la empresa y, por lo tanto, todos los alegatos  a favor de la desnacionalización, no tienen  fundamento y tampoco la venta de un paquete minoritario de acciones”.

Recordó que la empresa estatal ha sido el gran puntal de las finanzas públicas del país. Es así –dijo- que el aporte durante 2005 fue de US$ 4.444 millones; el 2006, de US$ 8.335 millones; y para el 2007, se estima en US$ 7.928 millones, “cifra sustancialmente superior a todo el conjunto de la minería privada.

Indicó que tampoco es aceptable que los aumentos de costos se les endosen unilateralmente a los trabajadores de Codelco. “Esa es la razón por la cual yo he sostenido la necesidad de un cambio drástico en el directorio de Codelco, y la posibilidad de integrar a directores independientes, que estén permanentemente haciendo una mirada objetiva respecto de la administración de la empresa”.

Finalmente recordó  que Codelco “es una empresa de todo Chile, y no solamente  del gobierno de turno”.

Presidente del Senado llamó al gobierno a suprimir los impuestos a los combustibles y al pan

El presidente del Senado, Adolfo Zaldívar emplazó hoy al ministro Hacienda, Andrés Velasco, a  "sentir" la verdadera realidad social y económica chilena, la que se ve ha visto afectada por las continuas alzas en productos como el pan y los combustibles. El senador se reunió con dirigentes de asociaciones panificadoras y exigió al gobierno que además de eliminar el impuesto específico a los combustibles también debería suprimir el gravamen al pan, el que asciende a un 12% de su precio final. "No nos pueden seguir sobrecargando de impuestos que en definitiva los pagan los chilenos más modestos cuando consumen pan", dijo señalando que de cada kilo dos o tres unidades corresponden al impuesto específico. "Le quiero pedir una vez por todas al gobierno que entienda que cómo van las cosas aquí se está entrando por una situación social realmente difícil (...) el año pasado hablé claramente sobre la mala distribución del ingreso y la concentración de la riqueza y aquí tengo el ejemplo más directo, que es el consume de pan". Luego apuntó directamente al titular de Hacienda al que emplazó señalando que "ya está bueno, ubíquese en el país que está gobernando".

Aprueban tipificar los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas

Por unanimidad la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y luego a la de Constitución, para su análisis en particular. Además, fijó como plazo, el próximo lunes 16 de junio para que los senadores hagan llegar sus indicaciones.

Aunque en un principio se pretendía remitir el proyecto en segundo trámite sólo a la Comisión de DD.HH, el senador Guillermo Vásquez planteó que ésta sólo sea analizada por la de Constitución, pues establece normas penales que deben ser analizadas por esa instancia.

Para no dilatar el análisis de este proyecto, el senador Juan Pablo Letelier propuso que la iniciativa fuera estudiada por ambas instancias, lo que fue acogido finalmente por la Mesa.

El senador Jaime Naranjo explicó los alcances de la iniciativa señalando que ésta modifica el Código Penal para tipificar los delitos antes citado y también el Código de Procedimiento Penal para establecer la protección de la integridad física y sicológica la identidad de las víctimas, medidas cautelares especiales e incorporar la figura del agente encubierto en la correspondiente investigación.

CONVENIOS INTERNACIONALES

El parlamentario explicó que en lo relativo a la tipificación de los delitos se acogieron los parámetros contenidos en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, Mar y Aire, adoptado en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionalmente.

Respecto del tráfico ilícito de migrantes, señaló que los elementos sustanciales del mismo son la existencia de una persona que actúe como traficante, que el ingreso al país se realice en forma ilícita o requiera de sucesivos actos ilegales, y el pago al traficante por su servicio.

Sobre el delito de tráfico de personas, el senador Naranjo explicó que los elementos de ese ilícito son la movilización dentro o fuera del país de la víctima, siendo un elemento distintivo su situación de desarraigo, que a la víctima se le prive o limite su libertad y que el fin de tal conducta sea su explotación.

“El primero es un delito contra el Estado, por constituir una violación de las leyes migratorias, y el segundo es un delito contra las personas pues la víctima resulta privada de libertad, siendo considerada una forma de esclavitud y una flagrante violación a los derechos humanos”, advirtió.

El legislador destacó las modificaciones de las normas para los extranjeros en Chile, señalando que estos cambios tienden a establecer el derecho a las víctimas de tales delitos para solicitar una residencia  temporal por un período mínimo de seis meses, lo que elimina la amenaza de expulsión del país que utilizan los traficantes de personas para obtener el silencio de sus víctimas

Avanza proyecto que dispone que el sueldo base no sea inferior al salario mínimo

Sólo algunas precisiones en la redacción del articulado estarían faltando para que el proyecto, en segundo trámite, que dispone que el sueldo base de los trabajadores no sea inferior al sueldo mínimo, quede en condiciones de ser analizado en la Sala del Senado. Así lo informaron los senadores Andrés Allamand y Juan Pablo Letelier, presidente e integran