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Analizarán dudas de constitucionalidad en proyecto que obliga a pagar multas al Servicio Agrícola y Ganadero

 

Analizarán dudas de constitucionalidad en proyecto que obliga a pagar multas al Servicio Agrícola y Ganadero.Iniciativa busca aumentar sanciones a infractores y mejorar el control en los pasos fronterizos.

 

 

Una fórmula que permita resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el proyecto, en segundo trámite, que hacía obligatorio el pago de la multa por falsificación de información entregada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) analizarán, a partir de este miércoles, los senadores y diputados de las respectivas Comisiones de Agricultura.

 

 

 

 

Cabe señalar que la iniciativa originada en una moción de un grupo de diputados suscitó el rechazo del Senado por carecer de aplicación práctica y tener vicios de inconstitucionalidad, lo que motivó la creación de una Comisión Mixta.

 

 

 

El proyecto apunta a mejorar la revisión que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, en los controles fronterizos, de los productos de origen vegetal o animal que ingresan al país así como a aumentar las sanciones aplicables a los infractores de la normativa legal vigente.

 

 

 

Establece  que el pago de la multa o su consignación, es obligatorio para abandonar el control fronterizo e ingresar al resto del país, salvo que en aquel lugar no existan las posibilidades técnicas para obtener los recursos necesarios, ya que ahí se entregaba al infractor un plazo de dos días hábiles para efectuar el pago.

 

 

 

Estas disposiciones fueron consideradas "inoperantes e inconstitucionales", por algunos senadores ya que, en la práctica, el Servicio Agrícola y Ganadero no tiene posibilidades de dar cumplimiento a una norma de este tipo porque los inspectores practican la revisión a los equipajes una vez que las personas han pasado los controles migratorios.

 

 

 

Asimismo, el SAG opera después y no tiene la facultad legal para expulsar del país a aquellas personas que no cancelen las multas. Por lo tanto, tampoco le corresponde controlar la salida de las personas del territorio nacional.

 

 

 

Finalmente, nuestra Carta Fundamental asegura a toda persona el derecho a residir y permanecer en cualquier lugar del país y, a entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las condiciones establecidas en la ley.

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