Diputados piden fiscalizar funcionamiento de los Tribunales de Familia | |
La Cámara aprobó un proyecto de acuerdo que solicita al Gobierno una iniciativa legal para crear un órgano permanente en el Ministerio de Justicia encargado de evaluar el funcionamiento de estos tribunales. | |
El proyecto de acuerdo Nº 556 fue aprobado por 63 votos en la sesión de Sala de este martes. | |
Diputados debatirán sobre prestación de servicios educacionales | |
La moción de diputados (Boletín Nº 2862), ubicada en el segundo lugar de la Tabla de la sesión de este miércoles, prohíbe la expulsión o suspensión de alumnos por morosidad o rendimiento académico. | |
El texto, de los diputados Patricio Hales y Eugenio Tuma, que data de 2002, regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional. | |
Empresas deberán pagar los costos de reposición de servicios por robo de cables o cañerías de servicios básicos
En condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que sanciona con penas entre 541 días y cinco años de cárcel a quienes roben y reduzcan cables, cañerías o insumos de los servicios públicos domiciliarios tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado y teléfono, entre otros.
El Senado aprobó en forma unánime la iniciativa que además establece que serán las empresas, y no los usuarios, los que tendrán que pagar los costos de reposición de los elementos robados.
El senador Alberto Espina, integrante de la Comisión de Constitución, dejó constancia de que el proyecto sanciona a quienes roben cables en la vía pública, en bienes nacionales de uso público, a quienes interrupen los servicios respectivos, a quienes hurten y a quienes compran cables robados.
Valoró además la modificación introducida en la instancia y que termina con la situación que ocurría en la práctica donde las empresas reponían los cables robados pero con cargo a los usuarios. Por lo tanto, serán las empresas suministradoras de los servicios las que correrán con los gastos y si cobran dicha reposición a los clientes estarán obligados a restituir ese cargo en la próxima cuenta.
Cabe señalar que, la iniciativa permitirá proteger a los usuarios de los constantes perjuicios a los que se ven expuestos cuando son víctimas del robo o hurto de los elementos que forman parte de las redes de suministros de servicios básicos.
Asimismo se establece una pena que va desde los 541 días a los 5 años de cárcel en los casos en que se produzca el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios que no están destinados a la habitación.
En los casos en que el robo de esos elementos produzca la interrupción del suministro o servicio respectivo, la pena se verá agravada de 3 años y 1 día a 5 años.
También se fijaron sanciones, entre 3 años y un día a 5 años, para los denominados “reducidores” que son aquellas personas que se dedican a comercializar los artículos robados. Además, si el dueño del local comercial donde se produjo esa venta está en conocimiento de que se trata de especies robadas, ese recinto será clausurado.
Con ello, se quiere evitar lo que pasa sucede en algunos locales comerciales que se dedican permanentemente a la compra y venta de objetos robados.
Pendiente quedó proyecto que consagra la participación ciudadana en los procesos de declaración de impacto ambiental
En la primera jornada de debate intervinieron los senadores Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Pablo Longueira, Carlos Ominami, Andrés Allamand y Guido Girardi.
Con su debate en general pendiente hasta la sesión de mañana quedó el proyecto, en primer trámite, que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para permitir la participación ciudadana en los procesos de declaración de impacto ambiental.
En la primera jornada de discusión en el Senado, que estuvo centrada en la necesidad de debatir a la brevedad una nueva institucionalidad ambiental, intervinieron los parlamentarios Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Pablo Longueira, Carlos Ominami, Andrés Allamand y Guido Girardi. Mientras que quedaron inscritos para mañana, los senadores Jaime Orpis y Ricardo Núñez.
Cabe recordar que, la iniciativa que tuvo su origen la moción presentada por los senadores Antonio Horvath y Hosaín Sabag consagra la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental.
Asimismo establece plazos más reducidos –de 20 días- para presentar observaciones a estas declaraciones, en atención a la distinta entidad y naturaleza de los proyectos y actividad sometidos a ellas y elimina el régimen de publicaciones mensuales con cargo a la autoridad sustituyéndolo por la publicación de un extracto a costa del titular del proyecto a actividad respectivo.
El senador Antonio Horvath destacó que “hay una gran cantidad de proyectos ambientales que sólo se conocen una vez que son publicados en el Diario Oficial y, por lo tanto, no hay una etapa previa para poder perfeccionar la iniciativa”. Por ello, precisó que la participación ciudana que contempla esta iniciativa no se alarga excesivamente sino que facilita la entrega de observaciones a los proyectos ambientales.
Por su parte, el senador Alejandro Navarro hizo énfasis en que “un 97% de los proyectos que llegan a la CONAMA ingresan como declaración de impacto ambiental, procedimiento que no contempla la opinión ciudadana. Por lo tanto, se ratifica que ninguna iniciativa puede lesionar los intereses y derechos que la Constitución consagra para sus ciudadanos y el medio ambiente.
A su vez, el senador Pablo Longueira, recordó que existe el compromiso del Ejecutivo de enviar a tramitación al Congreso la nueva institucionalidad ambiental, “la que será de larga y compleja discusión”. Por ello, resaltó la importancia de tramitar a la brevedad esta moción parlamentaria para que pueda estran pronto en vigencia.
El senador Carlos Ominami aseguró que sin perjuicio de la nueva institucionalidad ambiental es posible introducir algunas modificaciones a este proyecto para fortalecer la participación ciudadana. “En ese sentido propuso otorgar mayor transparencia en la entrega de información técnica a la comunidad; incorporar en las declaraciones un acta que dé cuenta de que se puso el proyecto en conocimiento del concejo municipal correspondiente e impulsar políticas de educación ambiental”.
A su vez, el senador Andrés Allamand resaltó la necesidad de “abocarnos al análisis global de la nueva institucionalidad ambiental porque si encajamos el actual sistema en un nuevo Ministerio del Medio Ambiente, lo más probable es que empeore”. Sostuvo que además es necesario “equilibrar la participación ciudadana para que no se convierta en un pretexto que obstaculice artificialmente nuevos proyectos ambientales”.
Finalmente, el senador Guido Girardi si bien valoró esta moción porque significa un avance aclaró que “el mayor problema es la dimensión fraudulenta del sistema de evaluación de impacto ambiental”. Recordó la crisis que atraviesa la salmonicultura porque en su momento no se cumplieron los requisitos técnicos y se tuvo una mirada complaciente. “Hoy son los propios productores los que enfrentan problemas por el deterioro ambiental y la situación sanitaria de los peces. La industria estaría agradecida si en el momento oportuno se hubiera enfrentado el problema”.
Dan luz verde a la creación de nueva Provincia de Marga Marga en la región de Valparaíso
Las comunas de Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana de la Región de Valparaíso, están un poco más cerca de constituirse en la nueva Provincia de Marga Marga, luego que la Sala del Senado aprobara con 22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, la idea de legislar sobre el proyecto que crea esa nueva unidad territorial.
Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite, quedó en condiciones de ser remitida nuevamente a la Comisión de Gobierno para su estudio en particular, para lo cual se fijó el 5 de mayo como plazo para presentarle indicaciones.
Si bien hubo una mayoría que se pronunció a favor de la propuesta, quienes votaron en contra lo hicieron por estimar que la creación de una nueva provincia debe enmarcarse necesariamente en un debate global sobre la división política administrativa que debe tener el país. Intervinieron en el debate los senadores Carlos Ominami, Sergio Romero, Hernán Larraín, Hosaín Sabag, Juan Pablo Letelier, Pablo Longueira, Víctor Pérez y Jaime Orpis.
A favor del proyecto estuvieron los senadores Andrés Allamand, Soledad Alvear, Nelson Ávila, Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Alberto Espina, Eduardo Frei, José García, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Juan Pablo letelier, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar.
En contra votaron los senadores Andrés Chadwick, Hernán larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis y Víctor Pérez; mientras que los senadores Juan Antonio Coloma y Fernando Flores se abstuvieron.
DEBATE GLOBAL
Cabe recordar que la iniciativa excluye a las comunas de Limache y Olmué de la Provincia de Quillota y a las comunas de Quilpué y Villa Alemana, de la Provincia de Valparaíso, para crear con ellas la nueva Provincia de Marga Marga, cuya capital será Quilpué. Asimismo, para evitar un eventual efecto político electoral, se acordó que esta nueva unidad territorial entrará en vigencia en marzo de 2010, después de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
El senador Omimani reconoció que existe una discusión pendiente sobre la división político administrativa del país, pero advirtió que la nueva provincia permitirá que las comunas de Olmué, Quilpué, Villa Alemana y Limache –que se han convertido en una suerte de patios traseros de sus respectivas provincias- tengan una identidad común que les permita potenciar su desarrollo y constituir un eje coherente.
En tanto, el senador Romero destacó que la medida ayudaría a disminuir el centralismo en la región, además de dotarla de un ordenamiento dinámico que toma en cuenta que la nueva unidad territorial está prácticamente unida por una importante red vial que facilita su desarrollo. También valoró que se haya sacado del debate una eventual utilización electoral al establecer su implementación el 2010.
Una opinión distinta manifestó el senador Larraín quien se mostró contrario a la iniciativa por estimar que la creación de provincias constituye una regionalización más “decorativa” que real, pues las gobernaciones no cuentan con las atribuciones y recursos para potenciar el desarrollo territorial. En tal sentido, dijo ser partidario de evaluar la creación de nuevas regiones, suprimir las provincias y fortalecer las comunas.
El senador Sabag valoró la iniciativa argumentando que ésta cuenta con el respaldo de las autoridades locales pues permitiría potenciar el desarrollo turístico y una mejor distribución de los fondos regionales.
En tanto, el senador Letelier reconoció que falta un debate de fondo sobre la división político-administrativa del país y el rol que deberían tener las provincias por sobre las regiones.
El senador Longueira dijo ser contrario a la creación de nuevas provincias, pues en su opinión sus gobernaciones se pueden convertir en una suerte de “cajas pagadoras”. Por ello, respaldó la idea de potenciar los municipios, eliminar las gobernaciones en las cabeceras de regiones, e impulsar un debate global sobre la organización territorial del país.
En la misma línea, el senador Pérez manifestó que no está dispuesto a apoyar una nueva unidad territorial mientras el Ejecutivo no entregue el estudio sobre la división político-administrativa del país que se comprometió cuando se crearon la XIV y XV regiones.
Finalmente, el senador Orpis manifestó que la organización territorial del país debe abordarse en un contexto mayor y no de manera aislada, por lo que es importante que el Senado de una señal en esa línea.
Modernización municipal: propuesta del Ejecutivo no responde a todas las inquietudes planteadas
Así lo informó el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Carlos Bianchi, quien señaló que aunque se contemplan más recursos no se recogen todos los planteamientos de los senadores.
A la espera de que el Ejecutivo reconsidere algunos planteamientos para perfeccionar el proyecto sobre modernización municipal que da autonomía a los alcaldes para fijar sus plantas de personal, está la Comisión de Gobierno del Senado, tras conocer la última propuesta que entregó hoy el gobierno sobre la materia.
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Carlos Bianchi, tras señalar que aún cuando la propuesta considera recursos adicionales para la desvinculación de funcionarios, no responde a todas las inquietudes planteadas por los parlamentarios y la Asociación de Funcionarios Municipales.
“Recibimos la propuesta del Ejecutivo y si bien trae una cantidad de dinero adicional a lo que habían propuesto con anterioridad, da la impresión que no satisface a miembros de la comisión, porque no se da respuesta a muchas de las inquietudes que había y que se suponía que se iban a considerar”, señaló el legislador.
Además precisó que el gobierno tampoco entregó un proyecto, sino una propuesta, razón por la cual no se votó en general la iniciativa.
“Escuchamos al Ejecutivo pero como quedan muchas dudas hemos invitado para la próxima semana a los representantes de la Asociación de Alcaldes y de Funcionarios Municipales”, anticipó.
ACERCAMIENTO
Asimismo, el senador Bianchi reiteró que es fundamental que se logre conciliar la postura del gobierno y la de los funcionarios municipales, pues hasta el momento no se ha visto un acercamiento entre las partes y más bien pareciera existir una fuerte disociación.
Por ello, explicó que esta semana será crucial para interiorizar la propuesta y buscar un acercamiento entre las partes.
Consultado sobre el contenido del ofrecimiento, el parlamentario señaló que éste no contempla el derecho a huelga que puedan tener los funcionarios municipales, entre otros.
“Lo que uno ve es que aquí solo hay un aumento de dinero para el retiro. Nosotros habíamos pedido que la supresión de empleo no fuera cada cuatro años, sino que cada 8 o 10 años para que no se transformara en un tema político, pero eso tampoco se recoge en la propuesta”, precisó.
Agregó que el documento entregado se centra en la modernización desde la perspectiva de la desvinculación, lo que a juicio de muchos parlamentarios no es la solución adecuada.
“Hay una deuda que tienen los municipios que no deja de ser importante y que tampoco se reconoce cabalmente. Por otra parte se pretende aumentar en un porcentaje mayor la planta de profesionales, pero eso implicaría sacar a los que no lo son y no sé si esa sea la vía de modernización”, explicó.
En tal sentido, dijo que espera que el Ejecutivo logre acercar posiciones con los funcionarios municipales y recoja, a lo menos, parte de las propuestas que se han hecho.
“Una buena mayoría de nosotros no está por aprobar la idea de legislar si no hay una propuesta con contenido que recoja lo que hemos venido discutiendo tanto tiempo”, advirtió.
Mesa del Senado emplazó a ENAP a explicar la estructura de precios de los combustibles y no descartó recurrir a la Fiscalía Nacional Económica
Un llamado a ENAP para que explique por qué el precio base del diésel supera los 450 pesos, mientras que el de las bencinas llega a los 300 pesos y cómo operan los impuestos específicos en cada caso, hicieron los senadores Adolfo Zaldívar y Baldo Prokurica, Presidente y Vicepresidente del Senado, respectivamente, al término de la reunión con la Confederación de Dueños de Camiones.
Tampoco descartaron recurrir a la Fiscalía Nacional Económica porque “nos parece extraordinariamente curioso que en Chile las bencinas y el diesel cuesten prácticamente lo mismo cuando el primero tiene un impuesto 4 veces mayor que el otro”. El senador Zaldívar aseguró que “hay cosas que no tienen explicación y los dirigentes que representan a unos 39 mil transportistas de carga del país nos han representado sus principales preocupaciones porque el impuesto específico les significa a ellos unos $52 por litro y eso se traduce en un mayor costo para toda la cadena productiva”. Por su parte, el senador Prokurica recalcó que “el gobierno debiera reaccionar con claridad frente a este tema porque se usa diesel para transportar todos los productos básicos que consumen los chilenos, entonces no es posible seguir manteniendo esta carga tributaria”.
Presidente del Senado analizó situación de inmigrantes y TLC con el embajador de Perú en Chile
Los alcances que tendría el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Perú, así como la situación de los inmigrantes de ese país, fueron los principales temas que abordaron el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, y el embajador de Perú, Hugo Otero Lanzarotti.
En el encuentro, que se realizó este mediodía en las dependencias de la Presidencia de la Cámara Alta en el ex Congreso, en Santiago, no sólo se analizaron ambos temas, sino que también se abordaron materias de cooperación bilateral.
El senador Zaldívar señaló que la reunión tuvo como objeto tratar el problema de los inmigrantes, los que residen fundamentalmente en la capital, y en lo económico, el TLC que se encuentra en trámite en el Congreso.
Por su parte, el embajador Hugo Otero sostuvo que el tratado entre ambos países ampliará el intercambio económico a cifras superiores a los 2.500 millones de dólares.
NUTRIDA AGENDA
Pero además del encuentro con el diplomático peruano, el senador Zaldívar se reunió con los trabajadores de Bellavista Tomé, con el objeto de colaborar en la búsqueda de una solución al problema financiero que enfrentan tras la quiebra de la firma.
Posteriormente, el titular de la Cámara Alta se reunió con el alcalde de estación central, Gustavo Hasbún, para analizar los alcances de la propuesta sobre tarificación vial para los vehículos que transiten por la capital.