POLÍTICA

Respaldo unánime a proyecto que crea una planta de tropa profesional en las Fuerzas Armadas

Respaldo unánime a proyecto que crea una planta de tropa profesional en las Fuerzas Armadas

 

 

 

A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que crea una planta de tropa profesional en las Fuerzas Armadas y que apunta a dar un giro hacia un enfoque más moderno de las instituciones castrenses, luego que la Sala del Senado aprobara en forma unánime los cambios que le hicieron a la iniciativa las Comisiones de Defensa y de Hacienda, respectivamente.

 

 

 

 

Con ello, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputados para que se pronuncie sobre los ajustes que le hizo el Senado, después de lo cual podría ser remitido a la Presidenta de la República para su promulgación como ley.

 

 

 

Cabe recordar que el proyecto tiene por objeto crear una planta de tropa profesional en las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, sobre la base de un estatuto permanente que otorgue estabilidad y beneficios similares a los del resto del personal de planta, con las excepciones propias de su naturaleza.

 

 

 

Durante su trámite en particular, la Comisión de Defensa, presidida por el senador Sergio Romero, le efectuó cuatro modificaciones a la iniciativa que dicen relación con la ampliación de las causales de retiro absoluto del personal de tropa profesional, con el goce para dicho personal de la totalidad de los derechos y beneficios que tiene el resto de personal de planta, con el traspaso de imposiciones y con la no discriminación del tipo de filiación de la madre cuando fallece un soldado profesional soltero y sin hijos.

 

 

 

Por su parte la Comisión de Hacienda, presidida por el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le efectuó cambios formales al texto.

 

 

 

ALCANCES DEL PROYECTO

 

 

 

Cabe recordar que el proyecto amplía a cinco años el Programa del Soldado Profesional, que fue implementado el año 2003, lo que constituye un esencial avance en la modernización de los recursos humanos, al establecerse por vez primera una carrera corta en el mundo militar.

 

 

 

Ello, porque al quinto año, el soldado profesional culmina su formación, abriéndosele una serie de posibilidades, siendo las más recurrentes las de postular al cuadro permanente de su institución o a los de Carabineros, Investigaciones o Gendarmería. 

 

 

 

También considera una gradualidad en su implementación, que va desde los dos mil soldados profesionales existentes al año 2006, pasando por los tres mil quinientos de la actualidad, hasta llegar a los cinco mil doscientos que, en régimen, se contemplan para el año 2010.

 

 

 

Dicha medida implicará una rebaja del contingente adscrito al servicio militar obligatorio, lo que va en la línea de las políticas del Ejecutivo, que de los 15 mil conscriptos existentes hace dos años, planea rebajarlos a 11 mil el año 2010.

 

 

 

Las remuneraciones para los soldados profesionales ascenderán, con asignaciones de zona, a $ 260.000, aproximadamente, lo que constituye un sustancioso avance si se considera que, por ejemplo, la asignación vigente para los conscriptos es de $ 37.000.

 

 

 

Al término de la votación, el Ministro de Defensa, José Goñi, agradeció al Senado y a las Comisiones de Defensa y de Hacienda por el respaldo unánime a este proyecto y resaltó la importancia histórica de esta reforma.

Demandan una nueva institucionalidad para el Programa País de Eficiencia Energética

Demandan una nueva institucionalidad para el Programa País de Eficiencia Energética

 

 

 

 

El Senado respaldó en forma unánime, el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Andrés Allamand, José García, Baldo Prokurica, Jaime Orpis y Sergio Romero, mediante el cual solicitaron a la Presidenta Michelle Bachelet que proponga una nueva institucionalidad para el Programa País de Eficiencia Energética.

 

 

 

La iniciativa que fue previamente analizada por la Comisión de Minería sin que se emitieran reparos establece que “considerando la importancia de este programa es necesario dotarla de un lugar permanente en el aparato público, de carácter intersectorial y vinculada a la sociedad civil”.

 

 

 

Señalaron que “el Ministerio de Energía está fundamentalmente abocado a la seguridad energética desde el punto de vista de la generación; mientras que el Programa País Eficiencia Energética, es una institución pública creada mediante decreto del Ministerio de Economía.

 

 

 

Los legisladores manifestaron que “la eficiencia energética permite dar seguridad al suministro energético y mitigar los impactos ambientales de la generación y transmisión de energía”.

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN DE DEMANDA INNECESARIA

 

 

 

Cabe señalar que “la disponibilidad de energía es uno de los motores del progreso y por lo tanto, es indiscutible que el país debe contar con una matriz de generación sólida, con un sostenido margen de seguridad entre demanda máxima y capacidad instalada”.

 

 

 

Sin embargo, para lograr dicho margen de seguridad no sólo se debe abordar el camino de la ampliación de la matriz de generación, sino que además el de la reducción de la demanda innecesaria. Puesto que todos los medios generación y transmisión de energía traen irremediablemente aparejados costos financieros, sociales y ambientales.

 

 

 

A modo de ejemplo, los senadores impulsores del proyecto de acuerdo señalaron que el año 2006, nuestro país tuvo una intensidad energética superior a la del año 1993. Es decir, el consumo de energía primaria creció más rápido que el PIB. “Pese a 13 años de avances tecnológicos, el año 2006 gastamos más energía en producir cada peso que la que gastamos en 1993”. 

Comisión de Constitución del Senado analizará requerimiento de ecologistas que quieren interponer acciones judiciales en contra del ministro Cortázar

Comisión de Constitución analizará requerimiento de ecologistas que quieren interponer acciones judiciales en contra del ministro Cortázar

 

 

Haciendo referencia a las atribuciones exclusivas del Senado que establece la Constitución, un grupo de ciudadanos encabezados por el ambientalista Manuel Baquedano y el abogado patrocinante Luis Rendón solicitaron a la Cámara Alta que se pronuncie sobre si corresponde o no interponer acciones judiciales en contra del Ministro de Transportes, René Cortázar por no haber cumplido con la obligación de disminuir la contaminación del sistema de transportes de la capital.

 

 La Mesa del Senado que preside el senador Adolfo Zaldívar propuso que el tema fuera analizado por las  Comisiones de Constitución y Medio Ambiente en un plazo de 30 días. Sin embargo, tras una ardua discusión y un empate a 13 votos y una abstención la Sala del Senado, finalmente, rechazó por 12 votos contra 11 y la abstención del senador Fernando Flores, la propuesta de la Mesa. De este modo, se cumplirá con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara Alta en el sentido de que los antecedentes del requerimiento se remitirán a la Comisión de Constitución para que informe dentro de un plazo de 15 días. Durante el debate intervinieron los senadores Adolfo Zaldívar, José Antonio Gómez, Alejandro Navarro, Guillermo Vásquez, Soledad Alvear, José García, Hernán Larraín, Jaime Gazmuri, Hosaín Sabag, Juan Pablo Letelier y Jovino Novoa.

Ratifican exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos de Barbados

Ratifican exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos de Barbados

Por 64 votos a favor, la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Barbados, sobre exención de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.

La iniciativa (boletín 5758) se fundamenta en el alto interés de los Gobiernos de fomentar el desarrollo de las relaciones bilaterales y facilitar el ingreso al territorio del país de nacionales del Estado contraparte, sin necesidad de visado de sus pasaportes, cuando estos documentos tienen la calidad de diplomáticos u oficiales. Dichos pasaportes son concedidos por los Gobiernos a quienes desempeñan funciones o cargos de alta dignidad o responsabilidad nacional o cuando cumplen misiones oficiales en el exterior; situaciones en las que la supresión del trámite de visa permite a sus portadores ingresar libre y rápidamente al país. La legislación de extranjería chilena exige como regla general la visación de los pasaportes como requisito para que los extranjeros puedan ingresar al territorio nacional, a menos que en acuerdos internacionales, como el que se informa en este acto, se haya convenido suprimirlo. Plazo de 90 días prorrogable El texto dispone que los nacionales de Chile y de Barbados, titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales válidos y vigentes, podrán ingresar o salir del territorio del otro país sin necesidad de visa, pudiendo permanecer hasta 90 días, prorrogables por las autoridades competentes de cada país. El titular acreditado en las respectivas Misiones Diplomáticas, y los miembros de sus familias que también sean titulares de los mencionados pasaportes, gozarán de este privilegio mientras dure su destinación. La supresión de visa no eximirá a los titulares de los referidos pasaportes de su obligación de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en relación con la entrada, permanencia y salida de los territorios de las respectivas Partes. Cada uno de los Gobiernos se reserva el derecho de impedir el ingreso, a su exclusivo arbitrio, de cualquier persona. La vigencia de este acuerdo internacional será indefinida, a menos que cualquiera de las Partes le ponga término, dando aviso escrito con tres meses de anticipación. El instrumento comenzará a regir 60 días después de la fecha de la última notificación, mediante la cual una de las Partes comunique a la otra, por vía diplomática, el término de los trámites internos de aprobación correspondientes. En los últimos años Chile ha suscrito Acuerdos internacionales, con estos mismos propósitos, con Bulgaria, Croacia, Costa Rica, El Salvador, Eslovenia, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel, Nicaragua, Polonia, Reino de Tailandia, República Dominicana, República Helénica, Jamaica y Turquía, entre otros países.

Ingresa Protocolo que busca reducir riesgos de restos explosivos de guerra

Ingresa Protocolo que busca reducir riesgos de restos explosivos de guerra

El instrumento internacional plantea reglas sobre limpieza, remoción y destrucción de restos de armamento de conflictos armados internacionales y nacionales.

Ayer ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el Protocolo a la Convención sobre Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados sobre los Restos Explosivos de Guerra (Protocolo V), se adoptó en Ginebra, el 28 de noviembre de 2003, en la Reunión de los Estados Partes de la Convención. En este texto se reconocen los graves problemas humanitarios que ocasionan los restos explosivos de guerra después de los conflictos. Nefastos efectos En ese sentido, cabe mencionar un reciente estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el cual se estima que "actualmente, unos 84 países de todas las regiones del mundo padecen de los nefastos efectos a largo plazo" de dichos restos. Entre ellos se mencionan: Afganistán, Angola, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Colombia, El Salvador, Federación de Rusia (Chechenia), Guatemala, Honduras, Irak, Laos, Nepal, Nicaragua, Panamá, Sri Lanka y las zonas fronterizas de Eritrea y Etiopía. De ahí que la finalidad del Protocolo sea "reducir al mínimo los riesgos y los efectos de los restos explosivos de guerra después de los conflictos", mediante el establecimiento de reglas relativas a la limpieza, remoción o destrucción; el registro, conservación y transmisión de la información; las precauciones para la protección de la población y objetos civiles; la protección de las misiones y organizaciones humanitarias; la cooperación y asistencia y la aplicación de medidas preventivas de carácter genérico. Asimismo, cabe precisar que este instrumento se aplica tanto a los conflictos armados internacionales como a los conflictos no internacionales. Suscrito por 43 estados Este instrumento entró en vigor el 12 de noviembre de 2006, y a la fecha ha sido ratificado por 43 Estados. Es del caso señalar que en el ámbito regional, la Asamblea General de la OEA, reunida en Panamá el 5 de junio de 2007, exhortó a los Estados, mediante la Resolución AG/RES. 2293, a la "Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario", instándolos a "que consideren hacerse Parte de la Convención antes mencionada, incluyendo sus cinco Protocolos". Contenido del Protocolo El Protocolo se aplicará a los restos explosivos de guerra en el territorio de las Altas Partes Contratantes, y el compromiso del cumplimiento de sus disposiciones tiene por finalidad reducir al mínimo los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra después de los conflictos. Para estos efectos se entenderá por artefactos explosivos, artefactos sin estallar, artefactos explosivos abandonados, restos explosivos de guerra y restos explosivos de guerra existentes. Respecto de la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra, el texto señala que cuando el usuario de estos elementos no ejerza el control del territorio, tras el cese de las hostilidades activas, proporcionará cuando sea posible, asistencia técnica, financiera, material y de recursos humanos, ya sea bilateralmente o por vía de acuerdo con una tercera parte, en particular por conducto del sistema de las Naciones Unidas u otras organizaciones competentes, para facilitar la señalización y la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra. Asimismo, se considera como obligación de las partes, otorgar protección a las organizaciones o misiones humanitarias que actúen o vayan a actuar en una zona bajo el control de ésta, ayuda que incluirá la posibilidad de otorgar información sobre la ubicación de todos los restos explosivos de guerra de que tenga conocimiento, sin perjuicio del derecho internacional humanitario vigente u otros instrumentos internacionales que sean aplicables, ni de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prevean un mayor grado de protección.

Regulan trabajo de familiares diplomáticos entre Chile y Bélgica

Regulan trabajo de familiares diplomáticos entre Chile y Bélgica

El acuerdo entre ambos países permite a los parientes del personal diplomático y consular realizar actividades remuneradas en el otro Estado.

Por 79 votos a favor, la Cámara aprobó este martes el proyecto de acuerdo entre la República de Chile y el Reino de Bélgica sobre el ejercicio de actividades remuneradas para ciertos miembros de la familia del personal de las misiones Diplomáticas y de las oficinas consulares, suscrito en Bruselas el 6 de diciembre de 2007 (boletín 5854). El texto, enviado al Senado a segundo trámite constitucional, busca liberar a los familiares del personal diplomático y consular, respecto del ejercicio de sus actividades remuneradas, de las inmunidades de jurisdicción que les reconocen las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, de manera que puedan acceder a los contratos de trabajo en las mismas condiciones que los nacionales del país sede de la respectiva Misión. Nuestro país ya ha celebrado acuerdos de este tipo con Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Reino Unido, Rumania, Suecia, Uruguay y Venezuela. Detalles del acuerdo Los beneficiarios de este acuerdo son el cónyuge y los hijos solteros menores de 18 años y a cargo de un agente diplomático o de un funcionario consular, acreditados ante el Estado receptor o ante una organización internacional con sede en el Estado receptor. También pueden optar a esta herramienta el cónyuge de otro miembro del personal de la misión del Estado acreditante o de la Oficina consular. La autorización durará por el tiempo de desempeño de funciones del personal respectivo y se podrá poner término cuando la persona beneficiada deje de pertenecer a la familia del funcionario. La solicitud será presentada por la Embajada respectiva ante la Dirección de Protocolo de la respectiva Cancillería. Efectuadas las verificaciones, esta dependencia comunicará la autorización a la Embajada solicitante. La autorización no exime al beneficiario de la obligación de reunir los requisitos necesarios en el país receptor para ejercer la actividad remunerada. En el caso que el beneficiario goce de privilegios e inmunidades en materia civil y administrativa, no los tendrá respecto a los actos derivados de la actividad remunerada. El beneficiario que goce de Inmunidad en materia penal la perderá respecto de los actos u omisiones derivados del ejercicio de la actividad remunerada, salvo que, en casos especiales, el Estado acreditante estime que esto perjudique sus intereses. Para efectos de la inmunidad de ejecución de sentencia se requerirá de una renuncia específica caso a caso. En cuanto a regímenes tributarios y de seguridad social, los beneficiarios estarán sujetos a los respectivos regímenes en todo lo que diga relación con la actividad remunerada. El Acuerdo tendrá duración indefinida, podrá ser denunciado en cualquier momento y entrará en vigor 60 días después del intercambio de los instrumentos respectivos.

Presidente Bustos dice que el Parlamento no puede estar enclaustrado en un solo lugar

Presidente Bustos dice que el Parlamento no puede estar enclaustrado en un solo lugar

El Presidente de la Cámara, diputado Juan Bustos, sostuvo que "el Parlamento no puede estar enclaustrado en un solo lugar del país. Debe estar con la sociedad y no separada de ella".

De esta forma, el legislador se refirió al proyecto de ley que modifica el Reglamento de la Corporación (boletín 5977), para permitir que las comisiones y la Sala sesionen en lugares distintos a Valparaíso, iniciativa que ingresó hoy oficialmente a tramitación y que fue remitida para su estudio a las comisiones de Régimen Interno y de Constitución. El diputado Bustos añadió que no corresponde analizar la admisibilidad o inadmisibilidad del tema, por cuanto se trata del reglamento interno de la Cámara. "Es la Sala la que debe resolver y sumado a ello estimamos conveniente que lo analizara la Comisión de Constitución y Justicia y luego Régimen Interno", explicó. Ante las consultas de la prensa, el Presidente de la Corporación aclaró que "no se trata de un traslado encubierto, porque es una simple modificación del reglamento. Para que se realice el traslado es necesario que el Ejecutivo envíe una ley y ello implica una enorme cantidad de recursos públicos", aseveró. Al respecto agregó que "la sede del Congreso es un ícono para Valparaíso, pero no es lo fundamental para la regionalización. La regionalización es un problema de carácter económico". Por su parte, el Primer Vicepresidente de la Corporación, Guillermo Ceroni, sostuvo que "aquí se trata de lo que pide la gente, y lo que la gente pide es que la Cámara de Diputados y sus parlamentarios estemos más cerca de ellos, y una forma de lograrlo es a través de permitir que las sesiones de las comisiones puedan realizarse en distintos lugares donde realmente se requieren". Consultado respecto de los costos que ello implicaría, el diputado Ceroni respaldó lo señalado por el Presidente de la Cámara, precisando que "los costos están dentro del presupuesto normal que tiene la Cámara y eso no implica un gasto extraordinario". La moción fue presentada por los diputados Enrique Accorsi, Marcelo Díaz, Patricio Hales, Pablo Lorenzini, Cristián Monckeberg, José Pérez, Alberto Robles y Patricio Walker, y modifica los artículos 66 y 203 del Reglamento de la Cámara, con el objeto de permitir que las sesiones de Sala y de Comisiones puedan celebrarse en la ciudad de Santiago y otros lugares .

Diputados aprueban que vehículos livianos nuevos porten etiqueta de emisiones de CO2

Diputados aprueban que vehículos livianos nuevos porten etiqueta de emisiones de CO2

La moción de diputados exige a todo vehículo motorizado nuevo, de un peso bruto inferior a 2.700 kilogramos, contar con una etiqueta que señale los niveles de emisión de dióxido de carbono y su rendimiento combinado de combustible.

El proyecto, remitido al Senado para cumplir su segundo trámite constitucional, modifica la Ley N° 19.496, del Consumidor, para establecer un etiquetado de consumo y emisiones de CO-2 en vehículos motorizados livianos (boletín 5783). El texto fue aprobado este martes por 82 votos a favor y se originó en una moción de los diputados Enrique Accorsi, Eugenio Bauer, Germán Becker, Joaquín Godoy, Roberto León, Juan Lobos, Cristián Monckeberg, Osvaldo Palma, Denise Pascal y Roberto Sepúlveda. Características El proyecto señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reglamentará, entre otros contenidos, el diseño de la etiqueta, su ubicación en los vehículos, la información que deba contener, la forma y condiciones para obtenerla y establecerá el plazo desde cuando será exigible. Quienes comercialicen vehículos contraviniendo la obligación del etiquetado, serán sancionados de acuerdo a la Ley del Consumidor, sin perjuicio de las medidas que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pueda aplicar conforme a su normativa. Mediante una indicación aprobada en la Sala por 68 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones, los diputados suprimieron el segundo artículo del proyecto, el 32 Ter, que disponía las características de la etiqueta que debía insertarse en la publicidad de los vehículos.