DIPUTADO FIDEL ESPINOZA ASUME JEFATURA DE BANCADA SOCIALISTA
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El diputado Julio Dittborn calificó como avaro el proyecto de ley aprobado en la cámara de diputados que implica una rebaja del impuesto específico de las bencinas y al impuesto a la ley de timbres y estampillas.
Respecto a la rebaja en 50 pesos al precio de los combustibles, el parlamentario sostuvo que esta baja, que sólo es transitoria por 24 meses, tiene una clara intencionalidad política.
En cuanto a la rebaja a la ley de impuesto de timbres y estampillas, Dittborn señaló que este beneficio sólo llegará a los microempresarios, es decir, a las micro Pymes.
Además sostuvo que con este proyecto el gobierno le aumenta el precio de las casas y departamentos a todas las personas que en el futuro vayan a comprar una propiedad de valores superiores a los 80 millones de pesos, "a esa gente le va a subir el valor de las casas y departamentos aproximadamente entre un 8% y 10%".
En este sentido, el diputado Dittborn reiteró que el proyecto del gobierno es avaro, que no cumple con el propósito de que el gobierno le traspasara a la gente parte de la riqueza del cobre, "aquí el único que se ha enriquecido con el alza del precio del cobre es el gobierno, que todos los años nos presenta un proyecto de presupuesto que crece 8%, 9% o 10%, entonces la pregunta que uno se hace es quién es el dueño del cobre, la respuesta es clara, son los chilenos, entonces porque no traspasarle una parte de esa riqueza a la gente".
Lamentablemente, a juicio del diputado, este proyecto de ley debiera haber traspasado parte de los recursos del cobre a los chilenos, pero no lo hace, por ello catalogó la iniciativa legal de avara donde se bajan impuestos en forma muy menor y por un plazo muy corto.
El timonel de la UDI, Hernán Larraín, señaló que el acuerdo alcanzado entre los senadores de la Alianza por Chile y la bancada Independiente, para propiciar el nombre de Adolfo Zaldívar, marcará un antes y un después en la política chilena, "porque se termina con la mayoría de la Concertación en el Congreso Nacional y ese es un hecho muy trascendente porque abre espacios para nuevos escenarios políticos"
Larraín dijo además que no le cabe duda que Adolfo Zaldívar va a ser un buen presidente, "ya hemos conversado con él, y vamos a trabajar para que el Senado siga siendo la instancia de opinión más gravitante en la política chilena, así como también poner atención en aquellos problemas que la Concertación ha venido bloqueando hace bastante tiempo, como por ejemplo la corrupción", argumentó.
Al respecto el timonel gremialista señaló que la última encuesta Adimark marca un hecho grave, "pues se confirma que la opinión pública en Chile considera a la Corrupción uno de los problemas más graves del país y eso tiene que ver con acciones de la Concertación y su con la incapacidad para corregirla"
"La corrupción es un tema que nos inquieta, por eso preocupa la actitud del Gobierno, quien minimiza los actos cuando aparece la fiscalización, como lo hizo recientemente La Presidenta con la Contraloría presionándola a apropósito del tema de la subvención, lo mismo el Ministro del interior, quien ha querido decirle a los diputados cómo tienen que ejercer su tarea, a raíz de la Acusación Constitucional", señaló.
Por último, para Larraín el nombramiento de esta nueva mesa "es el símbolo de que la Concertación ha perdido su mayoría, y la posibilidad de poder dar paso a una buena legislación, buenas ideas y quizá otros escenarios políticos para el futuro".
Parlamentarios de La Alianza por Chile presentan Acusación Constitucional contra ministra Yasna Provoste Esta mañana diez parlamentarios de la Alianza por Chile presentaron una Acusación Constitucional contra la Ministra de Educación, Yasna Provoste, debido al desorden administrativo que afecta hoy al Mineduc y la entrega irregular de subvenciones que involucra la "pérdida" de $262 mil millones de dicha cartera.
"La ministra no cumplió con la ley y este hecho lo sanciona el Artículo 52 N°2 B de la Constitución. De esta forma, nosotros damos curso a la acusación porque aquí se han perdido recursos públicos debido a un desorden que desencadenó en un fraude del Ministerio de Educación, la cartera más importante para miles de chilenos", dijo José Antonio Kast, Jefe de Bancada UDI.
Además el parlamentario argumentó que este es el primer paso para que a nivel gubernamental se recupere la ética, la transparencia y la probidad. "Es un momento difícil pero lleno de oportunidades para hacer las cosas bien", enfatizó.
Por su parte, el Jefe de Bancada RN, Mario Bertolino explicó que: "la acusación está basada en cinco puntos que abarcan las distintas aristas que el caso subvenciones tiene. Aquí la ministra faltó a la verdad en la comisión de Educación y con la opinión publica", dijo.
Los montos afectados, comprometer el principal desafío del país que es la educación, la actitud del Gobierno al no adoptar drásticas medidas en contra de los responsables, son algunos de los argumentos utilizados para aplicar este recurso constitucional.
"La solución no viene de las mismas personas que han desempeñado cargos en el ministerio, esto queda comprobado cuando vemos que la ministra Provoste lleva casi dos años con los antecedentes en sus manos sin hacer nada", dijo el parlamentario.
Dicha iniciativa busca que luego que se acoja esta acusación, se proceda a la suspensión de la Ministra, se formalice ante el Senado y que este último determine su destitución que, tanto en el hecho como en el derecho, exigen la Constitución y las leyes.
Finalmente, el diputado Kast afirmó que esta iniciativa está fundamentada en la convicción de que aquí hay hechos graves que ameritan una sanción y no en un arrebato político.
MINUTA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRA YASNA PROVOSTE.
En el transcurso de la tarde, ingresaremos a la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional en contra de la Ministra de Educación, Sra. Yasna Provoste.
La Ministra no ha cumplido la ley.
Esta acusación se inspira, en la firme convicción que hemos alcanzado, de que los hechos ocurridos al interior del Ministerio de Educación, importan el quebrantamiento de los principios fundamentales que rigen a la administración pública, cuya responsabilidad, debe ser asumida por el Gobierno y sus Ministros, sobre todo cuando se ha visto afectada la probidad, la transparencia y el debido cuidado que debe darse a los recursos de todos los chilenos.
Asimismo, la presentación se sustenta en la imperiosa necesidad de resguardar uno de los valores sustantivos sobre las cuales descansa el futuro de nuestro país: la educación de todos los niños y jóvenes de Chile. Así como no toleramos que se malgasten los recursos públicos, tampoco aceptaremos que quienes tienen a su cargo las políticas y orientaciones principales en materia educacional, desempeñen sus funciones al margen de la Constitución, la ley y las normas que regulan el desempeño de la función pública.
Esperamos que esta acusación constitucional constituya el primer paso en la recuperación de la ética pública, de la probidad administrativa, de la responsabilidad personal y política, y del estricto cumplimiento de la ley, principios básicos del estado de derecho.
Algunos de los hechos sobre los cuales se sustenta la acusación:
1. No corrigió las graves infracciones e irregularidades cometidas por la Seremi de Educación Metropolitana en materia de recursos públicos. Los antecedentes sobre los cuales se sustenta este capítulo, se refieren a la existencia de irregularidades e infracciones administrativas, financieras y contables que afectan a las cuentas que tiene el Ministerio de Educación para administrar los recursos de las subvenciones de escolaridad, y a la incapacidad para corregirlos y hacer cumplir la ley.
2. No sanciona las infracciones graves a la Ley de Subvenciones. Los antecedentes sobre los cuales se basa este segundo capítulo, se sustentan en los informes de evaluación de la Dirección de Presupuestos y del Informe Final N° 185 de la Contraloría General de la República, de 23 de Enero de 2008. En estos informes, se da cuenta del incumplimiento de las disposiciones legales en materia de fiscalización y control de subvenciones, quedando sin sanción la duplicidad de matrículas, la adulteración de asistencia y el indebido pago de subvenciones, a quienes no sonsostenedores.
3. No destituye al Seremi de Educación, Alejandro Traverso, responsable de las infracciones e irregularidades graves. Los fundamentos de hecho sobre los cuales está sustentado este capítulo, versan sobre diversas irregularidades e infracciones cometidas por el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana, que vulneran las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su actuar.
Estos hechos son revelados por el Informe N°185 de la Contraloría General y se detalla en él, entre otros, el incumplimiento, por parte del SEREMI, del mandato que la Ley de Bases establece en lo relativo a las declaraciones de interés y patrimoniales que debieron realizar los jefes de divisiones provinciales dependientes de su cargo y asimismo, las infracciones cometidas en el manejo de los saldos presupuestarios, en abierta vulneración de las normas legales y reglamentarias que rigen su función.
4. Ignorar auditorias que daban cuenta de gravísimas irregularidades cometidas en distintos programas y regiones del país. A partir de las investigaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, durante el año 2006, se logró determinar una serie de irregularidades en distintas dependencias el Ministerio. Sin embargo, el resultado de éstas, no fue debidamente considerado por las autoridades del Ministerio, demostrando pasividad e inacción frente hechos constitutivos de ilícitos e infracciones.
5. Entregar, informaciones falsas, o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa. . Los antecedentes sobre los cuales sustentamos este Capítulo dicen relación con diversas declaraciones que la Ministra ha efectuado, las cuales han sido ampliamente recogidas por la prensa, en las cuales falta derechamente a la verdad o la oculta parcialmente.
Todos los hechos descritos constituyen infracciones a la legalidad, sustentadas en la acción directa de la Ministra y su incumplimiento de la ley.
Los montos afectados, y el hecho de comprometer el principal desafío del país que es su educación, como asimismo, la actitud del Gobierno al no adoptar drásticas medidas en contra de los responsables, intentando minimizar los hechos, nos obligan a solicitar a la Honorable Cámara de Diputados que se acoja esta acusación, se proceda a la suspensión de la Ministra, se formalice ante el Senado y en definitiva, que este último determine su destitución por cumplirse los requisitos que, tanto en el hecho como en el derecho, exigen la Constitución y las leyes.
Revisarán implementación del proyecto que previene el uso de teléfonos móviles en delitos
Con el fin de resolver una serie de inquietudes que existen sobre el proyecto en segundo trámite, que protegerá a los usuarios de telefonía fija y móvil de estafas y actos delictivos, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, invitó para el próximo miércoles 12 de marzo, a los representantes del Ministerio del Interior.
Así lo afirmó el senador Carlos Cantero, presidente de la instancia, quien explicó que "existen una serie de dificultades en el diseño e implementación que propone el texto legal, en especial para la telefonía móvil.
Case señalar que, la iniciativa establece una serie de modificaciones para que el Ministerio Público pueda acceder a los registros de las empresas telefónicas y, para que éstas últimas elaboren un registro y lleven las constancias por el hurto, robo o estafa a sus abonados.
El parlamentario aseguró que "el problema es real y se están cometiendo muchos delitos con teléfonos celulares". En ese ámbito recordó las estafas y hasta nuevas modalidades de secuestro virtual que delincuentes realizan valiéndose de esta tecnología para presionar y violentar sicológicamente a sus víctimas".
Sin embargo, admitió que llevar un registro como el que se propone es extremadamente complejo porque un porcentaje muy alto de usuarios usan teléfonos con tarjeta y tienen un gran porcentaje de rotación".
Agregó que "más del 80 % de la telefonía móvil se hace mediante las tarjetas compradas de prepago y es difícil llevar un índice en esas circunstancias".
Precisó que "la intención de tener un registro de todos los teléfonos que se usan en el país carece de sentido y tiene problemas prácticos de aplicación porque el que quiere delinquir se roba uno o lo obtiene del extranjero y esa situaciones son difíciles de pesquisar".
Por ello, "queremos saber la incidencia en materia de seguridad ciudadana que tiene este tipo de delito y creemos que el Ministerio tiene que definir quien llevaría este registro y si sería de carácter público o privado".
NUEVAS MEDIDAS
Cabe señalar que, en 1999 existían en Chile, 3.068.317 de líneas de telefonía fija y sólo había un total de 2.260.687 abonados a la telefonía móvil. Durante 2006 las cifras experimentaron cambios significativos y, en la actualidad existen 3.436.070 líneas de teléfonos fijos y la cantidad de abonados a la telefonía móvil aumentó explosivamente a más de 10.895.098.
De este modo, el usuario se ve cada vez más desprotegido frente al aumento de acciones delictuales, que tienen por propósito la sustracción de aparatos de telefonía móvil y su consecuente uso para la comisión de otros ilícitos.
Por estas razones, el proyecto dispone que las empresas de telefonía fija y móvil deberán conservar, a lo menos por un año, la localización y los datos de tránsito de las llamadas, tales como el número de origen y destino y la duración de éstas. La negativa o entorpecimiento a la entrega de la información requerida en virtud de este artículo, será constitutiva del delito de desacato previsto en el Código de Procedimiento Civil.
Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independiente de la modalidad en que éstos se provean.
La nómina de suscriptores será reservada y los datos contenidos en ella tendrán carácter de personales, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público de requerir directamente dichos registros en conformidad al Código Procesal Penal.
Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán proceder al inmediato bloqueo o deshabilitación de los equipos que se denuncien ante la policía o el Ministerio Público como hurtados, robados o estafados, y de las líneas telefónicas asociadas a éstos. Transcurridos dos meses sin que el titular identificado en el registro informe de su recuperación ambos deberán inactivarse definitivamente.
Para ello, el Ministerio Público informará a las concesionarias los equipos que deben ser bloqueados o deshabilitados. Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán adoptar las medidas tendientes a la inscripción de sus actuales abonados de prepago en el registro.
TV abierta y por cable estará obligada a incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para discapacitados
Una serie de disposiciones, entre las cuales se cuentan la obligación para la TV abierta y por cable de incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para las personas con discapacidad auditiva, contempla el proyecto que modifica la ley que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. La iniciativa, en segundo trámite, está radicada en la Comisión de Salud del Senado que iniciará el estudio en particular del proyecto el próximo miércoles. En lo fundamental, la propuesta legal apunta a asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Para ello, se refuerza el principio de no discriminación, señalando que las personas con discapacidad disfrutarán en condiciones de igualdad con los demás; y consagra el deber del Estado de garantizar el derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la prevención y rehabilitación de las discapacidades
| Preocupa extracción de aguas subterráneas por parte de mineras en Copiapó | |
El diputado Alberto Robles (PRSD) dijo que a raíz del descenso de las aguas subterráneas, las empresas las captan desde lugares lejanos a sus yacimientos, afectando a la agricultura de la zona. | |
| En la Hora de Incidentes del miércoles 5, el parlamentario solicitó a la intendencia regional, la Dirección General de Aguas y a la CONAMA, que informen al respecto. En segundo lugar, solicitó a la CONAMA que informe respecto del tratamiento que Endesa está dando a los residuos industriales (RILES) en la Región de Atacama, y sobre nuevos proyectos de generación energética. | |