Agilizarán los procedimientos para las donaciones a instituciones de beneficencia
Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 28 de julio quedó el proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley sobre donaciones sociales con beneficio tributario con el fin de perfeccionar y armonizar el sistema de dichas franquicias para donaciones de beneficencia.
Ello, luego de que el Senado aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa por 26 votos a favor, uno en contra del senador Nelson Ávila y 4 abstenciones de los senadores Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Mariano Ruiz-Esquide y Alberto Espina.
Cabe señalar que, previamente se inhabilitó en esta votación el senador Jaime Orpis, quien preside el directorio de la Corporación La Esperanza, entidad dedicada a la rehabilitación de personas que han caído en la droga
Durante el debate intervinieron los senadores Guillermo Vásquez, Jaime Orpis, José García, Eduardo Frei, Nelson Ávila, Hernán Larraín, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide.
El senador Guillermo Vásquez recalcó la necesidad de aprobar a la brevedad esta iniciativa “porque permitirá incentivar las donaciones sobre todo para las personas con discapacidad”.
A su vez, el senador Jaime Orpis junto con anunciar su inhabilitación precisó que “si bien la acción del Estado en materia social y de pobreza es irremplazable a veces no es suficiente. Ese espacio lo han asumido instituciones de beneficencia y hasta la fecha ha sido solo por caridad porque hasta 2003 no existía una ley de donaciones con fines sociales”. Sin embargo hizo una autocrítica porque “la primera ley sobre este tema fue parte del debate de las donaciones políticas y no merecía ser tratada así porque el resultado de la misma fue desastroso, ya que en la práctica no ha operado”.
El senador José García aseguró que “este proyecto es el primer paso para mejorar la actual ley, porque una de las razones por las cuales no ha funcionado es porque obligamos al donante a que una parte de sus erogaciones vayan a un fondo mixto de apoyo social”. Añadió que también es posible elevar el monto de las donaciones.
Por su parte, el senador Eduardo Frei, presidente de la Comisión de Hacienda explicó que el acuerdo de la instancia es mejorar junto con el Ejecutivo y las organizaciones sociales que trabajan con la pobreza dura este proyecto, de modo de poder aprobarla y despacharla antes del 18 de agosto, que es el Día de la Solidaridad. Precisó que “es posible corregir el sistema de adjudicación y disminuir la burocracia para la entrega de estas donaciones porque creemos que deber ir directamente a las instituciones”.
Una opinión distinta manifestó el senador Nelson Ávila quien fundamentó su voto en contra, diciendo que “este tipo de iniciativas apunta a privatizar incluso hasta el rol social del Estado. Estamos sacando recursos al erario público para destinarlos a los privados y se rechaza que un determinado porcentaje de las donaciones vayan a un fondo común, porque ahí por lo menos hay una cierta ingerencia del Estado para reorientar los recursos”.
A su turno, el senador Hernán Larraín consideró que “se debe generar una mayor democracia tributaria donde ciudadanos pueden participar en la asignación de los recursos”. Aseveró que “la modificación que se hizo el 2003 fue letal particularmente para aquellas con destino social porque existe un mecanismo inviable”. Destacó que “tenemos el triste espectáculo de que hay donaciones para fines políticas pero no para superar la pobreza”.
En tanto, el senador Alejandro Navarro recordó que este tema se abordó a propósito del financiamiento de las campañas políticas y señaló que “en Chile existe un sistema de donaciones pero lo que sucede es que ha habido un desincentivo porque hay sanciones porque se ha usado mal el fondo y se han concentrado las donaciones en grandes instituciones y no ha llegado a los más pobres”.
Por su parte, el senador Carlos Ominami, valoró esta iniciativa porque “no me parece admisible que la ley de donaciones para la pobreza en general se haya transformado en una norma inoperante”. Agregó que nadie puede poner en duda la labor que cumplen las instituciones que se dedican a estos temas, pero aclaró que “no se trata de hacer caridad simplemente con los fondos públicos” y por ello el proyecto establece los resguardos necesarios.
El senador Hosaín Sabag hizo hincapié en que este proyecto está bien orientado “porque muchas veces las empresas que producen y pagan los impuestos ven estas necesidades y no pueden intervenir y ayudar directamente, por eso en varias leyes se permite que puedan hacer diversos aportes a la cultura y el deporte, pero en este caso son muchas las trabas que se imponen a las donaciones sociales”.
Por su parte, el senador Mariano Ruiz-Esquide dejó constancia de su inquietud porque “conforme a esta ley según sea el dinero que se entregue se termina donando la mitad porque el resto corresponde a una franquicia del Fisco. La caridad no se hace con dineros ajenos y debe ser silenciosa, por lo tanto el proyecto tiene intrínsicamente un vicio”.
NORMAS QUE SE MODIFICAN
El proyecto en lo fundamental permite que no solo los contribuyentes de impuesto de primera categoría puedan contar los beneficios que esta ley establece para los donantes, sino también las personas naturales contribuyentes del impuesto Global Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva y las empresas con pérdidas.
Asimismo especifica las causales por las cuales el Ministerio de Planificación podrá eliminar a ciertas entidades del registro de instituciones donatarias.
También se hace responsable en forma solidaria a los administradores o representantes del donatario, respecto del pago de tributos, reajustes, intereses y multas que correspondan al donante por incumplir los requisitos establecidos en esta ley, a menos que se demuestre que ellos se opusieron a los actos que den motivo a tal sanción.
Finalmente, la iniciativa modifica las condiciones de este beneficio tributario como por ejemplo, el gravamen impuesto a las donaciones para fines sociales se modera en forma importante ya que no se exige que un 33% del monto de lo donado se destine al Fondo Mixto, y también se establece un trato distinto en función del monto de la donación, y de la cantidad de dinero que se entregue voluntariamente al Fondo Mixto.
