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POLÍTICA

Creciente sobreendeudamiento de hogares obliga a acelerar una legislación que regule en mejor forma en casos de insolvencias familiares

Creciente sobreendeudamiento de hogares obliga a acelerar una legislación que regule en mejor forma en casos de insolvencias familiares

 

 Preocupado por la situación que afecta al 61% de los chilenos que tienen sobre endeudamiento, según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, el senador Pedro Muñoz Aburto propuso implementar una serie de fórmulas legales que contribuyan a aliviar esta realidad, tal como lo dispone la moción que presentó a fines de 2006, junto a los senadores Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Antonio Horvath y Ricardo Núñez  y que se encuentra en la Comisión de Economía.

 

 

 

 

“A nivel general, como síntoma de incertidumbre para la economía nacional, éstas cifras revelan una situación que es inquietante para miles de hogares que se encuentran sujetos a situaciones de grave insolvencia”, afirmó.

 

 

 

Por ello, insistió ante el ministro de Economía, Hugo Lavados y el director de SERNAC, José Roa en solicitar el patrocinio del Ejecutivo a este proyecto que se encuentra en primer trámite.

 

 

 

Enfatizó que “hay miles de hogares que sufren las consecuencias de un endeudamiento que, por diversas razones, se les ha escapado de las manos y para el cual la legislación no les brinda posibilidad alguna.”

 

 

 

Recalcó que “no se trata de favorecer el no pago ni beneficiar a quienes han tenido una conducta financiera irresponsable, sino de crear mecanismos para que familias que se han visto expuestas a este problema y que quieran superarlo puedan lograrlo a través de procedimientos de mediación o judiciales que les establezcan condiciones razonables de pago y que optimicen el uso de sus escasos recursos.”

 

 

 

Puntualizó que la actual situación significa que “muchos hogares se vean enfrentados a juicios sucesivos, originados por bancos y casas comerciales, que les llevan a repactaciones inconvenientes o que culminan en remates donde sus pocos bienes sólo alcanzan a cubrir intereses, gastos y costas del juicio sin disminuir la deuda original”.

 

 

 

El senador Muñoz recordó que la moción que presentó a trámite legislativo permitiría establecer un procedimiento para estos casos, a través del cual, se intentaría, primero, una mediación y, en caso que ella no prospere, el deudor podría solicitar, ante cualquier juicio ejecutivo que enfrente, que se cite a todos sus demás acreedores y les proponga una fórmula de arreglo, la que de no ser aceptada, sería resuelta por el Juez, quien, en definitiva, fijaría una fórmula razonable de pago.

 

 

 

“De esta manera al igual que el caso de la quiebra para los establecimientos comerciales, existiría una fórmula que permitiría superar situaciones de sobre endeudamiento a nivel de hogares, como las que existen en muchos países del mundo que han comprendido que para un funcionamiento sano de la economía no basta con ampliar las posibilidades de crédito a los consumidores, sino también de hacerse cargo de las dificultades que éste puede generar.”

Piden al Ejecutivo que le fije urgencia a proyecto que permite tuición compartida de los hijos

Piden al Ejecutivo que le fije urgencia a proyecto que permite tuición compartida de los hijos

 

 

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, senador Jaime Naranjo, solicitó al Ejecutivo que patrocine y le fije urgencia al proyecto que permite la tuición compartida de los hijos, iniciativa que ingresó al Senado en julio del año pasado y que no ha registrado avances en su tramitación.Acompañado de la diputada María Antonieta Saa y del representante de la organización “Amor de Papá”, Rodrigo García, el parlamentario se reunió con la ministra del Sernam, Laura Albornoz, para solicitarle que se agilice la discusión de la iniciativa. Según el parlamentario, si bien existen algunos padres que son reticentes a cumplir con sus deberes frente a los hijos “también existe un segmento cada día más importante de papás que quieren compartir la responsabilidad de educar a sus hijos y ellos sí pagan las pensiones y tienen reconocidos a sus hijos y quieren expresarle ese amor”. Agregó que, lamentablemente, son esos padres los que se ven enfrentados a una legislación que les es “tremendamente adversa. Hoy las juezas y jueces siguen dándole tramitación lenta a las tuiciones, un trámite pausado y la realidad de estos que no quieren ser papás de fin de semana”.

Advirtió que hay algunos legisladores que estiman que avanzar en esta materia les puede traer problemas entre su electorado femenino, pues creen que esta iniciativa va en contra de las madres. En tal sentido, el senador Naranjo enfatizó que este proyecto de ley “es favor de los hijos y no es contra la madre ni contra el padre. Los llamó a pensar en el interés superior del niño y no a tener miedo a esta legislación, porque hoy en día ese niño es amado por el padre y la madre y para su desarrollo es fundamental que sienta el cariño de ambos”.

Giro único para sostenedores y creación de una Agencia de Calidad de la Educación contempla LGE

 

Giro único para sostenedores y creación de una Agencia de Calidad de la Educación contempla LGE

 

Además de las polémicas indicaciones que fueron incorporadas durante el trámite en la Cámara de Diputados –una sobre la educación pública y otra que disminuye el plazo para que los sostenedores tengan un giro único- el proyecto de Ley General de Educación (LGE) llegará al Senado con una completa batería de normas destinadas a fijar los requisitos mínimos para que los establecimientos puedan ser reconocidos por el Estado y para que los sostenedores puedan operar, entre otras. La iniciativa que reemplazará a la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo de calidad. No obstante, ya se ha anticipado que uno de los puntos que generará controversia es el relativo a la educación pública, pues senadores de la Concertación se han manifestado en contra de la indicación aprobada en la Cámara de Diputados, la que recogió parte de las propuestas de la Alianza.

Presentan proyecto para asegurar acceso igualitario a prestaciones de Fonasa

Presentan proyecto para asegurar acceso igualitario a prestaciones de Fonasa

 

 

 Con el propósito de asegurar un acceso igualitario a las distintas modalidades de atención a los beneficiarios del régimen de prestaciones de salud otorgada por el Fondo Nacional de Salud, Fonasa, el senador Carlos Bianchi presentó una moción que permitiría a una persona indigente o carente de recursos atenderse bajo la modalidad de libre elección.

 

 

 

 

En lo fundamental, el proyecto que fue remitido a la Comisión de Salud para su estudio, apunta a subsanar la actual realidad que se vive en Fonasa, donde una persona calificada como indigente o carente de recursos, que pertenece al Grupo A, no puede comprar un bono para que le permita elegir tanto al profesional como la institución donde desee atenderse.

 

 

 

“Esta discriminación me parece del todo injusta, puesto que la bonificación de un 60 %  y que puede llegar hasta un 90% es otorgada por el Fondo Nacional de Salud, cuyos recursos no están integrados únicamente por cotizaciones y sus afiliados, sino que también por dineros públicos provenientes de la  Ley de Presupuestos”, señaló el parlamentario.

 

 

 

Cabe recordar que el régimen de prestaciones de salud establece dos modalidades de atención para sus beneficiarios: el régimen general de garantías, cuyas prestaciones se entregan a través de los establecimientos de la red asistencial de cada servicio de salud; y el sistema de libre elección que permite a los beneficiarios elegir el profesional y el establecimiento en que se atenderá.

 

 

 

No obstante, a la modalidad de libre elección, a diferencia del régimen general, solo pueden acceder quienes tengan la calidad de afiliados, excluyéndose a quienes son clasificados en calidad de indigentes o carentes de recursos, o que gocen de las pensiones asistenciales.

 

 

 

DISCRIMINACIÓN

 

 

 

Según el senador Bianchi, si bien el régimen general entrega un servicio gratuito a sus  beneficiarios, “dista mucho de prestar una atención oportuna y de calidad; los pacientes se deben inscribir en listas de espera que tardan más de 6 meses en dar una atención que, además de tardía, resulta insuficiente o de una calidad que dista mucho de los mínimos estándares médicos”. 

 

 

 

Agregó que en muchas oportunidades una persona -no obstante ser indigente o no tener recursos para cotizar en el sistema- puede conseguirse de alguna forma los recursos como para comprar el denominado “bono” y acceder a la libre elección, por lo que en dicho caso la bonificación de un 60% por parte del Fondo Nacional de Salud, debe ser posible.

 

 

 

Finalmente, el senador reiteró que este proyecto de ley busca un trato igualitario para todos los usuarios del Fonasa, “para terminar con cualquier tipo de discriminación es necesario que los accesos estén disponibles para todos, sin restricciones; incluyendo obviamente a los usuarios del Grupo A”.

 

 

 

El texto señala que “en ningún caso las normas e instrucciones del Ministerio de Salud que determinen la forma de acceso, calidad y oportunidad de las prestaciones que se otorguen, podrán establecer diferencias entre los distintos beneficiarios, debiéndose siempre asegurar un acceso igualitario a las distintas modalidades de atención, ya sea que se otorguen a través del régimen general o según la modalidad de libre elección”.

 

 

 

Para ello, Fonasa, estará facultado para descontar, requerir la devolución, eximir o eximirse de lo cobrado o pagado en exceso. El Ministerio determinará los procedimientos para que los usuarios efectúen los reclamos que estimen pertinentes.

Senador Orpis: “almacenes extraportuarios en Iquique debieron crearse por ley y no por decreto”

Senador Orpis: “almacenes extraportuarios en Iquique debieron crearse por ley y no por decreto”

 

El parlamentario lamentó que todo el proceso para dar una salida al mar para Bolivia se haya manejado “con tan poca transparencia” y precisó que materias tan sensibles como los almacenes extraportuarios de Iquique debieron haberse hecho por ley.

 

 

“La mejor forma de resguardar los intereses chilenos es materializar los distintos acuerdos mediante leyes y no por simples decretos”, así lo afirmó el senador Jaime Orpis quien lamentó que el gobierno haya manejado con “tan poca transparencia” el proceso para dar una salida marítima a Bolivia.

 

 

 

 

Respecto a la situación de los almacenes extraporturarios de Iquique, el parlamentario fue categórico en señalar que “en ese minuto está todo oleado y sacramentado y si ocurre algo: que responda el gobierno”.

 

 

 

Precisó que sólo esta mañana tuvo acceso al decreto que crea los mencionados almacenes en Iquique y “espero que contenga los resguardos necesarios”, pero a su juicio, “este tema afecta al puerto de Arica donde también existe una concesión, lo que significa que se desviará carga a Iquique, afectando a la nortina ciudad”.

 

 

 

Agregó que “materias tan sensibles como la habilitación del puerto de Iquique para el comercio exterior boliviano debió haberse hecho por ley porque ahí está la Zona Franca que da trabajo a unas 5 mil personas”.

 

 

 

Puntualizó que “por esta vía Chile, a través de los gobiernos de turno, siempre va a estar sometido a una presión por parte de Bolivia porque los decretos se pueden modificar y aún cuando se adopten los resguardos en la Zona Franca siempre vamos a estar expuestos a presiones”.

 

 

 

El senador Orpis lamentó que el Ejecutivo no haya tomado en consideración al Parlamento, pese a la petición expresa que formuló durante la discusión de la Ley de Presupuesto, en septiembre pasado.

 

 

 

En ese ocasión recordó que “el Senado desconocía este eventual acuerdo que había adoptado Chile con Bolivia en Coya, para establecer un recinto extraportuario en Alto Hospicio con un almacenamiento gratuito que podría eventualmente causar graves daños a la Zona Franca de Iquique que es el pilar de desarrollo para el norte del país”.

 

 

 

Sin embargo, “no hubo contacto con los parlamentarios para ver si habían las garantías suficientes en un tema que es muy sensible y donde el Congreso podría haber hecho un gran aporte”.

 

 

 

Respecto a la polémica suscitada a raíz de que los Vicecancilleres de Chile y Bolivia acordaron realizar “estudios técnicos” para facilitar el acceso marítimo al vecino país, el senador Orpis aclaró que “desconozco qué otros estudios o acuerdos ha alcanzado nuestro país con Bolivia y hay que ver si existe algo más que la simple habilitación del puerto de iquique”.

 

 

 

En tanto, el  ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, aseguró que  “Chile va a actuar como un país que busca integración en la región. Lo vamos a hacer sin ninguna vacilación, aquí nadie está ocultando nada ni vamos a ocultar nada, pero la política exterior la hace la Presidenta de la República y se implementa a través de la Cancillería”.

 

 

 

El Canciller añadió que “vamos a construir una relación positiva, mirando al siglo XXI, porque es un país hermano y que se merece tener con nosotros la mejor de las relaciones”. No obstante, recalcó que “en todas las materias en que vamos a tomar decisiones de integración en la región siempre vamos a hacer estudios técnicos y nadie nos va a impedir que lo hagamos”.

Senador Cantero: “hay que hacer esfuerzos para crear incentivos tributarios que promuevan la cultura”

Senador Cantero: “hay que hacer esfuerzos para crear incentivos tributarios que promuevan la cultura”

 

 

 

Asumir que la cultura es una palanca del desarrollo en Chile y crear incentivos para promoverla son los grandes  desafíos que tiene nuestro país.  Así lo afirmó el senador Carlos Cantero, integrante de la Comisión de Educación, quien destacó los resultados del estudio realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que por primera vez midió el aporte real de la cultura a nuestro Producto Interno Bruto (PIB).

 

 

 

 

Dicho estudio midió el aporte cuantitativo de la cultura al crecimiento económico del país y lo situó en el 1,3%. De acuerdo a los datos de 2005 la cultura aportó US$1.538 millones al PIB, es decir, casi el doble de lo que aportan sectores como la agricultura (0,66%), la industria textil (0,78% y la pesca (1,02%).

 

 

 

El senador Cantero recalcó que “la cultura, la información y la gestión del conocimiento son la clave para generar riqueza y, en ese sentido un país con la cultura que tiene Chile debiera hacer esfuerzos muy importantes para que toda la gestión cultural se transforme en una instancia de generación de riqueza”.

 

 

 

Para eso –dijo-  “tenemos que hacer esfuerzos para establecer un cluster cultural tanto en lo escrito como en lo multimedial. Además hay que asumir que éste debe ser un instrumento y una palanca de desarrollo por lo que es importante introducir mejoras sustanciales a la calidad de la educación en Chile y por supuesto haciendo un aporte al contexto internacional”.

 

 

 

Respecto a la posibilidad de rebajar el impuesto al valor agregado (IVA) a los libros, el legislador se mostró más bien partidario de mantener tributos parejos en nuestra economía. “No es bueno discriminar por sector pero si sería importante establecer incentivos tributarios para lograr rebajar el precio de los libros y todo lo relativo al material digital y multimedial, porque su impacto es mucho más amplio”.

 

 

 

Por otra parte, el senador Cantero insistió en  la importancia de generar “un cluster o encadenamiento potencial de las ventajas comparativas que tienen los sectores involucrados en distintos lugares. Esto se debería realizar cubriendo todo el país, de tal manera tal de potenciar las  fortalezas que existen tanto en el norte como en sur para lograr un encadenamiento más positivo”, explicó.

 

 

 

Cabe señalar que, el estudio realizado por el Consejo Nacional de la Cultura incluyó datos de solo tres áreas de la cultura del país: sector audiovisual (0,66%); libros (0,50%) y música (0,02%).

 

 

 

Asimismo para este año se prevé un nuevo estudio que abarque además áreas como danza, teatro, fotografías y artes visuales con el fin de tener una mirada más completa sobre el aporte del sector cultural en Chile.

 

 

 

El informe además hizo una comparación con otros países desarrollados y concluyó que nuestro país está más cercano a Francia, que en 2003 presentó un 2,8% de aporte cultural a su economía.

PS –PRSD APOYAN NOMINACION DE ALBERTO RIFFO COMO GOBERNADOR DE PALENA.-

PS –PRSD APOYAN NOMINACION DE ALBERTO RIFFO COMO GOBERNADOR DE PALENA.-

 

 

Los Presidentes de los partidos de la concertación, Fidel Espinoza (PS) y Pedro Martínez (PRSD), celebraron la nominación como Gobernador de Palena del profesor y ex –director provincial de educación, Alberto Riffo.-

 

“Tiene una vasta experiencia, es conocedor de la provincia, trabajador, honesto y humilde, características que lo constituyen en el màs idóneo para asumir la enorme responsabilidad de contribuir a la reconstrucción de Chaitén y el desarrollo de la provincia”, sostuvieron ambos dirigentes.-

 

 

Diputados deberán analizar proyecto que fija como piso para el sueldo base el salario mínimo

Diputados deberán analizar proyecto que fija como piso para el sueldo base el salario mínimo

 

 

En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que fija como punto de partida para el sueldo base el salario o ingreso mínimo, que a partir del 1 de julio ascenderá a $159 mil.

 

 

 

 

Esto, luego que el Senado aprobara en forma unánime la iniciativa que apunta a transparentar y corregir la actual situación, que en muchos casos se presta para abusos, pues hay trabajadores cuyos sueldos base no superas los $10 mil.

 

 

 

Dado que en su trámite en la Comisión de Trabajo el proyecto experimentó una serie de cambios y ajustes técnicos, ahora corresponde que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre ellos, para que pueda ser promulgada como ley de la República.

 

 

 

El objetivo principal de esta iniciativa es que sobre el piso del sueldo base, puedan surgir todos los incrementos, bonos, aportes, gratificaciones, participaciones y demás emolumentos que de alguna manera premien la productividad de los trabajadores. Lo importante es que toda persona que trabaja en Chile, a lo menos tiene desde la partida un sueldo base que es igual al ingreso mínimo.

 

 

 

 

 

ALCANCES DE LA PROPUESTA

 

 

 

Junto con establecer que el sueldo base “no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual”, el proyecto dispone que se exceptuarán de esa norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada.

 

 

 

“Se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador”, dispone la iniciativa.

 

 

 

Asimismo, precisa que “se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador sólo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes del empleador”.

 

 

 

El proyecto contiene un artículo transitorio que concede un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley para ajustarse a las nuevas disposiciones y precisa que no podrá significar una disminución en las remuneraciones.

 

 

 

En tal sentido, dispone que “los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieren pactado sueldos base inferiores a un ingreso mínimo mensual en los contratos de trabajo, sean estos individuales o producto de negociaciones colectivas, deberán, dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley, ajustar la diferencia entre el sueldo base convenido y el ingreso mínimo”.