Revisarán implementación del proyecto que previene el uso de teléfonos móviles en delitos
Con el fin de resolver una serie de inquietudes que existen sobre el proyecto en segundo trámite, que protegerá a los usuarios de telefonía fija y móvil de estafas y actos delictivos, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, invitó para el próximo miércoles 12 de marzo, a los representantes del Ministerio del Interior.
Así lo afirmó el senador Carlos Cantero, presidente de la instancia, quien explicó que "existen una serie de dificultades en el diseño e implementación que propone el texto legal, en especial para la telefonía móvil.
Case señalar que, la iniciativa establece una serie de modificaciones para que el Ministerio Público pueda acceder a los registros de las empresas telefónicas y, para que éstas últimas elaboren un registro y lleven las constancias por el hurto, robo o estafa a sus abonados.
El parlamentario aseguró que "el problema es real y se están cometiendo muchos delitos con teléfonos celulares". En ese ámbito recordó las estafas y hasta nuevas modalidades de secuestro virtual que delincuentes realizan valiéndose de esta tecnología para presionar y violentar sicológicamente a sus víctimas".
Sin embargo, admitió que llevar un registro como el que se propone es extremadamente complejo porque un porcentaje muy alto de usuarios usan teléfonos con tarjeta y tienen un gran porcentaje de rotación".
Agregó que "más del 80 % de la telefonía móvil se hace mediante las tarjetas compradas de prepago y es difícil llevar un índice en esas circunstancias".
Precisó que "la intención de tener un registro de todos los teléfonos que se usan en el país carece de sentido y tiene problemas prácticos de aplicación porque el que quiere delinquir se roba uno o lo obtiene del extranjero y esa situaciones son difíciles de pesquisar".
Por ello, "queremos saber la incidencia en materia de seguridad ciudadana que tiene este tipo de delito y creemos que el Ministerio tiene que definir quien llevaría este registro y si sería de carácter público o privado".
NUEVAS MEDIDAS
Cabe señalar que, en 1999 existían en Chile, 3.068.317 de líneas de telefonía fija y sólo había un total de 2.260.687 abonados a la telefonía móvil. Durante 2006 las cifras experimentaron cambios significativos y, en la actualidad existen 3.436.070 líneas de teléfonos fijos y la cantidad de abonados a la telefonía móvil aumentó explosivamente a más de 10.895.098.
De este modo, el usuario se ve cada vez más desprotegido frente al aumento de acciones delictuales, que tienen por propósito la sustracción de aparatos de telefonía móvil y su consecuente uso para la comisión de otros ilícitos.
Por estas razones, el proyecto dispone que las empresas de telefonía fija y móvil deberán conservar, a lo menos por un año, la localización y los datos de tránsito de las llamadas, tales como el número de origen y destino y la duración de éstas. La negativa o entorpecimiento a la entrega de la información requerida en virtud de este artículo, será constitutiva del delito de desacato previsto en el Código de Procedimiento Civil.
Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independiente de la modalidad en que éstos se provean.
La nómina de suscriptores será reservada y los datos contenidos en ella tendrán carácter de personales, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público de requerir directamente dichos registros en conformidad al Código Procesal Penal.
Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán proceder al inmediato bloqueo o deshabilitación de los equipos que se denuncien ante la policía o el Ministerio Público como hurtados, robados o estafados, y de las líneas telefónicas asociadas a éstos. Transcurridos dos meses sin que el titular identificado en el registro informe de su recuperación ambos deberán inactivarse definitivamente.
Para ello, el Ministerio Público informará a las concesionarias los equipos que deben ser bloqueados o deshabilitados. Las empresas concesionarias de servicio público telefónico móvil deberán adoptar las medidas tendientes a la inscripción de sus actuales abonados de prepago en el registro.
