POLÍTICA

Comisión de Salud votará el próximo martes proyecto que prohíbe la venta de alimentos no saludables en colegios

Comisión de Salud votará el próximo martes proyecto que prohíbe la venta de alimentos no saludables en colegios

 

Comisión de Salud

 

El próximo martes la Comisión de Salud del Senado votará el proyecto que prohíbe la venta y publicidad de alimentos no saludables en colegios y que establece un sistema de etiquetado nutricional tipo “semáforo”, con lo que la iniciativa estará en condiciones de ser discutida y votada en Sala.

 

 

 

 

Cabe recordar que el proyecto fue remitido nuevamente a esa instancia legislativa, que preside el senador Jorge Arancibia, con el objeto de realizar una serie de consultas a expertos respecto de los alcances de la iniciativa y así despejar algunas inquietudes de los senadores.

 

 

 

Según explicó el senador Arancibia, “el Ministerio de Salud se comprometió a enviarnos algunas indicaciones antes de que votemos el proyecto, porque recordemos que esta es una moción parlamentaria y queremos ver qué piensa el Ejecutivo sobre el tema”.

 

 

 

No obstante, precisó que tales indicaciones sólo serán presentadas formalmente una vez que la iniciativa sea aprobada en general por la Sala, pues esa es la instancia reglamentaria en que corresponde analizar el proyecto en particular.

 

 

 

En todo caso, el senador explicó que tras las diversas audiencias que realizó la Comisión de Salud en este período “se ha avanzado en el tema. Estamos concientes que va a haber un debate cuando discutamos en particular respecto de cómo etiquetamos los productos,  y si vamos a hacer el famoso semáforo o va a haber otro tipo de etiquetado que sea claro nítido y de utilidad, no como el que existe actualmente que tiene una serie de fórmulas químicas con una letra ínfima que nadie lee”.

 

 

 

DERECHOS DE LOS PACIENTES

 

 

 

Pero además de votar la citada iniciativa, la Comisión de Salud tiene previsto recibir a los representantes del Colegio Médico, del Colegio de Enfermeras y de los Testigos de Jehová, para conocer sus opiniones respecto del proyecto que regula los derechos de los pacientes y la muerte digna.

 

 

 

El senador Arancibia explicó que ya conocieron las indicaciones que presentó el Ejecutivo al proyecto que cumple su segundo trámite, pero que les interesa escuchar a las citadas entidades, sobre todo a los Testigos de Jehová en lo que dice relación con las transfusiones de sangre.

 

 

 

“El proyecto está bastante consensuado pero hay temas y materias específicas que se quieren discutir. Estamos todos de acuerdo en que es un buen proyecto y conveniente para los pacientes, pero queremos perfeccionar algunos aspectos”, señaló el legislador.

 

 

 

En total son 41 las indicaciones de parlamentarios que recibió el proyecto, siendo en su mayoría presentadas por los senadores Arancibia, Antonio Horvath y Jaime Naranjo.

 

 

 

Las propuestas de los legisladores apuntan a modificar la edad en que los pacientes pueden conocer directamente de sus diagnósticos médicos, a garantizar el derecho de los pacientes de pueblos originarios a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, y a informar sobre los costos de prestaciones, entre otros.

 

Cabe recordar que el proyecto apunta a establecer un marco regulatorio en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud de las personas, independiente de que el prestador sea público o privado.

 

 

 

Para ello, dispone que toda persona tiene derecho a recibir atención de salud de manera oportuna y sin discriminación arbitraria alguna por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política, sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética, sistema de salud u otras.

 

 

 

También permite a los pacientes en estado terminal rechazar seguir recibiendo un tratamiento médico que le prolongue artificialmente la vida y señala que quienes se encuentren en ese estado “tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas que estén a su cuidado y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual”.

 

 

 

El proyecto también establece que la información sobre estado de salud de los pacientes no podrá ser revelada a terceros, excepto si existen razones de salud pública que lo justifique.

 

 

 

Entre otras materias, la iniciativa regula el derecho a un trato digno y respetuoso para los pacientes, y consagra el derecho a información respecto de la atención y las acciones de salud; las condiciones previsionales, documentos y trámites.

 

Presidente del Senado llamó al gobierno a suprimir los impuestos a los combustibles y al pan

Presidente del Senado llamó al gobierno a suprimir los impuestos a los combustibles y al pan

 

El presidente del Senado, Adolfo Zaldívar emplazó hoy al ministro Hacienda, Andrés Velasco, a  "sentir" la verdadera realidad social y económica chilena, la que se ve ha visto afectada por las continuas alzas en productos como el pan y los combustibles. El senador se reunió con dirigentes de asociaciones panificadoras y exigió al gobierno que además de eliminar el impuesto específico a los combustibles también debería suprimir el gravamen al pan, el que asciende a un 12% de su precio final. "No nos pueden seguir sobrecargando de impuestos que en definitiva los pagan los chilenos más modestos cuando consumen pan", dijo señalando que de cada kilo dos o tres unidades corresponden al impuesto específico. "Le quiero pedir una vez por todas al gobierno que entienda que cómo van las cosas aquí se está entrando por una situación social realmente difícil (...) el año pasado hablé claramente sobre la mala distribución del ingreso y la concentración de la riqueza y aquí tengo el ejemplo más directo, que es el consume de pan". Luego apuntó directamente al titular de Hacienda al que emplazó señalando que "ya está bueno, ubíquese en el país que está gobernando".

 

Aprueban tipificar los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas

Aprueban tipificar los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas

 

 

 

 

Por unanimidad la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y luego a la de Constitución, para su análisis en particular. Además, fijó como plazo, el próximo lunes 16 de junio para que los senadores hagan llegar sus indicaciones.

 

 

 

 

Aunque en un principio se pretendía remitir el proyecto en segundo trámite sólo a la Comisión de DD.HH, el senador Guillermo Vásquez planteó que ésta sólo sea analizada por la de Constitución, pues establece normas penales que deben ser analizadas por esa instancia.

 

 

 

Para no dilatar el análisis de este proyecto, el senador Juan Pablo Letelier propuso que la iniciativa fuera estudiada por ambas instancias, lo que fue acogido finalmente por la Mesa.

 

 

 

El senador Jaime Naranjo explicó los alcances de la iniciativa señalando que ésta modifica el Código Penal para tipificar los delitos antes citado y también el Código de Procedimiento Penal para establecer la protección de la integridad física y sicológica la identidad de las víctimas, medidas cautelares especiales e incorporar la figura del agente encubierto en la correspondiente investigación.

 

 

 

 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES

 

 

 

El parlamentario explicó que en lo relativo a la tipificación de los delitos se acogieron los parámetros contenidos en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, Mar y Aire, adoptado en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionalmente.

 

 

 

Respecto del tráfico ilícito de migrantes, señaló que los elementos sustanciales del mismo son la existencia de una persona que actúe como traficante, que el ingreso al país se realice en forma ilícita o requiera de sucesivos actos ilegales, y el pago al traficante por su servicio.

 

 

 

Sobre el delito de tráfico de personas, el senador Naranjo explicó que los elementos de ese ilícito son la movilización dentro o fuera del país de la víctima, siendo un elemento distintivo su situación de desarraigo, que a la víctima se le prive o limite su libertad y que el fin de tal conducta sea su explotación.

 

 

 

“El primero es un delito contra el Estado, por constituir una violación de las leyes migratorias, y el segundo es un delito contra las personas pues la víctima resulta privada de libertad, siendo considerada una forma de esclavitud y una flagrante violación a los derechos humanos”, advirtió.

 

 

 

El legislador destacó las modificaciones de las normas para los extranjeros en Chile, señalando que estos cambios tienden a establecer el derecho a las víctimas de tales delitos para solicitar una residencia  temporal por un período mínimo de seis meses, lo que elimina la amenaza de expulsión del país que utilizan los traficantes de personas para obtener el silencio de sus víctimas

Avanza proyecto que dispone que el sueldo base no sea inferior al salario mínimo

Avanza proyecto que dispone que el sueldo base no sea inferior al salario mínimo

 

 

Sólo algunas precisiones en la redacción del articulado estarían faltando para que el proyecto, en segundo trámite, que dispone que el sueldo base de los trabajadores no sea inferior al sueldo mínimo, quede en condiciones de ser analizado en la Sala del Senado. Así lo informaron los senadores Andrés Allamand y Juan Pablo Letelier, presidente e integrante de la Comisión de Trabajo, respectivamente, quienes valoraron los alcances de esta iniciativa pues permitirá poner fin a una serie de situaciones anómalas como la existencia de sueldos base que no superan los $10 mil pesos, los que son suplementados en base a comisiones. Ambos parlamentarios precisaron que este proyecto en ningún caso busca disminuir o aumentar las remuneraciones de los trabajadores, sino que simplemente equiparar el sueldo base al ingreso mínimo y corregir una situación que actualmente se presta para abusos. A la sesión de hoy asistieron el Ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, y los representantes de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo.

 

Aprueban informe de Mixta sobre perfeccionamiento de los Tribunales de Familia

Aprueban informe de Mixta sobre perfeccionamiento de los Tribunales de Familia

Por 87 votos, la Cámara aprobó el informe de Comisión Mixta del proyecto que perfecciona la Ley de Tribunales de Familia. La iniciativa crea 95 nuevas plazas de jueces especializados.

El texto legal (boletín 4438), debe ser ratificado ahora por el Senado. De esta forma, los jueces de Familia aumentarán en todo el país de 258 a 353, y se incorporan 10 jueces mixtos que verán prioritariamente los temas de la judicatura de la familia. El informe de la Comisión Mixta prohíbe expresamente, mediante modificaciones al Código Civil, que los padres ejerzan maltrato físico o psicológico sobre sus hijos como parte de su proceso de formación y educación. Asimismo, se estableció un plazo de un año para el archivo provisorio de las causas sobre violencia familiar, cuando las partes comparecen a una segunda audiencia, de manera que no se produzca el abandono del procedimiento y el demandante o denunciante pueda solicitar su reapertura en cualquier momento. El texto también crea 95 plazas adicionales para jueces especializados (de 258 jueces se pasará a un total de 353) e incorpora 10 jueces mixtos que verán prioritariamente temas de la judicatura de familia. Con ello, la dotación de magistrados aumentará en más de un 36% respecto del actual funcionamiento del sistema, al tiempo que la cantidad de funcionarios administrativos crecerá en un 60% respecto de lo que ya existe, pasando de mil 67 a mil 707 personas. Asimismo, el proyecto de ley incrementa en casi 70% los recursos destinados a la nueva justicia de familia, pasando de los 29 mil millones de pesos que actualmente cuesta el funcionamiento del sistema, a un costo en régimen de 49 mil millones de pesos, cuando se materialice el fortalecimiento. Aumento de jueces El texto legal aumenta el número de jueces en los tribunales de Calama, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca, La ligua, Los Andes, San Felipe, Quillota, Limache, Rancagua, Rengo, San Fernando, Santa Cruz, Talca, Constitución, Curicó, Linares, Los Ángeles, Tomé Coronel, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, Puente Alto, Peñaflor, Colina, Valdivia y Arica. Además, se introducen modificaciones en materia de competencia y de procedimiento, a objeto de hacer más eficiente y expedita la labor de los tribunales de familia. También se establece la obligación de comparecer ante los tribunales de familia con abogado patrocinante, salvo que el juez determine lo contrario, por motivos fundados en una resolución que deberá dictar de inmediato. Ambas partes podrán ser representadas por la Corporación de Asistencia Judicial. Sólo se establecen como excepciones para no concurrir con el patrocinio de un abogado en los procedimientos especiales, referentes a la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes y los relativos a actos de violencia intrafamiliar. En las causas sobre violencia intrafamiliar, si ninguna de las partes asiste a las audiencias fijadas y el demandante o solicitante no pide una nueva, dentro del quinto día, se ordenará el archivo temporal de los antecedentes y, si transcurren 6 meses sin que se solicite la reanudación del procedimiento, se decretará su abandono. La contestación de la demanda y la contra demanda deberán presentarse por escrito y con anterioridad a la realización de la audiencia preparatoria, permitiéndose con ello que ambas partes conozcan del conflicto con anterioridad a la verificación de dicha audiencia. Las partes deberán someterse a un procedimiento de mediación en forma previa a la interposición de la demanda, tratándose de causas relativas al derecho de alimentos; tuición y al derecho de los padres e hijos que vivan separados, a mantener una relación directa y regular. En las restantes materias de competencia de los Tribunales de Familia, la mediación será voluntaria. También se elimina la obligación consultar la Corte de Apelaciones, las sentencias que den lugar al divorcio, nulidad o separación judicial, cuando éstas no hayan sido apeladas. Por otro lado, se contempla un incentivo especial para el retiro de funcionarios en edad de jubilar, que no aprobaron el examen para incorporarse a los tribunales de la reforma procesal penal, los que fueron destinados a los tribunales de menores y luego a los nuevos Tribunales de Familia. Finalmente, el SENAME tendrá la obligación de mantener informados a los jueces respecto de los programas que estén disponibles en la región del tribunal, en los centros de administración directa y en los programas de los organismos colaboradores del Servicio.

Prohíben entrada de menores a locales nocturnos en que se expenda alcohol

Prohíben entrada de menores a locales nocturnos en que se expenda alcohol

El proyecto, enviado al Senado, prohíbe el ingreso de los menores de edad a cabarés, cantinas, bares, tabernas y discotecas cuando en ellas se expenda alcohol.

El texto legal (boletines 2973, 4181, 4192 y 4379), que modifica la ley de alcoholes, fue aprobado en particular por la Cámara, y establece además que el administrador o dueño y quien atienda, estará obligado a exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación a todas las personas que deseen entrar y tengan, aparentemente, menos de 18 años. Educación En todos los establecimientos educacionales, el currículo de enseñanza deberá incorporar la formación de hábitos de vida saludable y el desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol. Pese a la prohibición de venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas en los colegios, la dirección del respectivo establecimiento, sólo a solicitud del centro general de padres y apoderados o con su aprobación, podrá autorizar que se proporcionen y consuman bebidas alcohólicas durante Fiestas Patrias o actividades de beneficencia hasta 3 veces en el año. Se deberá contar además con las autorizaciones de Carabineros y de la municipalidad, las que no se concederán durante el año escolar a establecimientos que cuenten con internado. La dirección del establecimiento velará por el correcto uso de la autorización concedida y porque la realización de la actividad no afecte el normal desarrollo de las actividades educacionales. El permiso será válido sólo para aquellas localidades que no cuenten con un lugar para dicho evento. El proyecto prohíbe a los menores de 18 años comprar bebidas alcohólicas. Para ello, quienes atiendan en establecimientos de venta de alcohol, deberán exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación a todas las personas que tengan, aparentemente, menos de 18 años. Asimismo, los inspectores municipales estarán facultados para solicitar alguna identificación que acredite la edad de los compradores. Respecto al procedimiento de las sanciones, la iniciativa señala que para todos los efectos legales, el dueño, empresario o el regente de un establecimiento, se entenderán emplazados cuando la boleta de citación sea recibida por una persona adulta que se encuentre a cargo del local en que se cometa el hecho denunciado. En el parte o denuncia respectiva se deberá dejar constancia, a lo menos, de la individualización del regente y de la persona a cargo del local al momento de la citación, si no fuere el regente o administrador. Deberá, asimismo, mantenerse en un lugar visible del local, un cartel con la individualización del regente administrador. Los planes y programas de estudio y prevención de ingesta de alcohol, deberán estar en ejecución un año después de la publicación de esta ley. Los postulantes a obtener la licencia de conducir, no deberán haber sido sorprendidos por Carabineros consumiendo alcohol en la vía pública, en los últimos 12 meses. En los casos de denuncias de Carabineros cuando los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas no estén absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquiera otra persona, el juez podrá decretar la entrada y registro del establecimiento, aunque éste se encuentre cerrado, para verificar la denuncia, cuando ésta contenga los antecedentes que permitan fundar sospechas sobre la verdad del hecho. En tal caso, el juez podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. Esta propuesta legal se originó en 4 mociones. La primera, pertenece a los diputados Laura Soto, Enrique Accorsi, Carlos Abel Jarpa y Osvaldo Palma y los ex diputados Guido Girardi y Leopoldo Sánchez. La segunda, fue presentada por los diputados Carolina Goic, Alejandra Sepúlveda, Carlos Olivares, Mario Venegas, Sergio Ojeda, Jorge Sabag, Eduardo Díaz, Jaime Mulet y Pedro Araya. La tercera iniciativa es de los diputados Francisco Chahuán y Marco Enríquez-Ominami; y la cuarta es de los diputados María Angélica Cristi, Enrique Accorsi, Francisco Chahuán, Enrique Estay, Guido Girardi, Juan Lobos, Juan Masferrer, Sergio Ojeda, Ignacio Urrutia y Felipe Ward.

Comisión de Hacienda aprobó bono de 20 mil pesos para pensionados

Comisión de Hacienda aprobó bono de 20 mil pesos para pensionados

La iniciativa, que beneficia a 1 millón y medio de jubilados, fue aprobada en forma unánime por la instancia y será vista este jueves en la Sala de la Cámara.

Junto al bono, el proyecto (boletín 5885) efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital. Tras su aprobación, el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, destacó la aprobación unánime por parte de todos los diputados de la Comisión. "Este proyecto de ley ha tenido una muy buena recepción en el Congreso, así que esperamos estar mañana (jueves) en el primer lugar de la tabla", manifestó. El bono de $20 mil, no será imponible ni tributable ni estará afecto a descuento alguno y se pagará en una sola cuota al mes siguiente de la publicación de la ley, correspondiendo sólo un bono por jubilado, aunque goce de más de una pensión. Este beneficiará a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión, de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744 y del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que, al 31 de mayo de 2008, tengan 60 o más años de edad, en el caso de las mujeres y 65 o más años de edad, los hombres y que se encuentren percibiendo pensiones cuyo valor, a esa misma fecha, no exceda de $ 255.000. Igual beneficio se concederá a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975. Fondo Común Municipal El proyecto, además, entrega un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de 20 mil millones de pesos, tomando en consideración que los municipios son la puerta de acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios básicos como salud y educación. Rebaja arancelaria Finalmente, el proyecto en trámite entrega un aporte a los pequeños y medianos empresarios a través de la rebaja a cero de los aranceles para la importación de bienes de capital. La eliminación de derechos aduaneros también se extiende a las partes, piezas, repuestos y accesorios conexos a los bienes de capital que se benefician de la eliminación de derechos aduaneros, siempre que se importen en un mismo documento y su valor no supere el 10% del valor del bien de capital. Todos los beneficios contemplados en esta iniciativa serán financiados con el incremento de los ingresos provenientes de rentas de inversiones en activos financieros del Tesoro Público.

Aprueban las dos indicaciones del Ejecutivo en Ley General de Educación

Aprueban las dos indicaciones del Ejecutivo en Ley General de Educación

La Comisión de Hacienda aprobó las dos indicaciones del Ejecutivo al proyecto que crea la Ley General de Educación, descartando las 157 indicaciones que los diputados de Concertación habían presentado la semana pasada.

A la instancia asistieron la Ministra de Educación, Mónica Jiménez y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo. La primera de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo entrega una definición de educación pública, estableciendo que esta debe ser gratuita, inclusiva y pluralista. La indicación fue aprobada por 7 votos de los parlamentarios de la Concertación contra 6 de los diputados de la Alianza. La segunda indicación fue aprobada por unanimidad y regula la labor de los sostenedores de los establecimientos educacionales, estableciendo que estos deben cumplir requisitos como contar con una personería jurídica y un giro único, lo que garantiza que los dineros no sean destinados a otros propósitos. Asimismo, la Comisión aprobó 12 indicaciones que dicen relación con cuestiones de financiamiento de la Ley General de Educación. Además, el Ministro Viera Gallo quitó la calidad de urgencia al proyecto con el fin de que se pueda establecer un mayor debate en la Sala de la Cámara de Diputados. En este sentido, el diputado José Miguel Ortiz, presidente accidental, señaló que "creo que el acuerdo hoy día ha dado una importante paso adelante, el retiro de la urgencia también lo valoramos porque este es un proyecto de ley que se tiene que discutir en el Parlamento, es una operación que tiene que ver con un debate y una deliberación democrática". Discrepancias Pese a que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo fueron votadas por todos los diputados integrantes de la comisión, los parlamentarios de la Alianza sostuvieron que la acción violó los principios del acuerdo político sostenido entre ese conglomerado y la Concertación. Por esto anunciaron, al final de la sesión, que realizarán una reserva de inconstitucionalidad, ya que sostienen que el acuerdo desde un comienzo impedía la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo. En este punto, la Ministra explicó que "nosotros estamos honrando el acuerdo, lo único que hemos hecho es perfeccionar una frase, ya que creemos que es absolutamente indispensable que este incluida una definición de educación pública clara dentro de un acuerdo de esta naturaleza". En tanto, el Ministro Viera Gallo señaló que "no es cierto que rompimos el acuerdo, ellos mismos permanecieron en la comisión y votaron las indicaciones y espero recapaciten porque Chile necesita de una educación pública de calidad". El proyecto de Ley General de Educación será votado en la Sala durante junio y la Ministra de Educación anunció que para fines de mes, presentarán un proyecto de ley vinculado con la educación pública.