POLÍTICA

Piden institucionalidad para garantizar protección de datos personales

Piden institucionalidad para garantizar protección de datos personales

En forma unánime los diputados acordaron solicitar a la Presidenta crear una institucionalidad pública independiente que garantice el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.

El proyecto de acuerdo Nº 578, aprobado este miércoles por la Sala, señala que la reciente publicación en Internet de datos personales de 6 millones de chilenos, demuestra la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Se agrega que si bien existe la ley 19.628, sobre protección de los datos personales, los expertos opinan que es necesario perfeccionar la legislación, pues en la norma se legalizó el procesamiento libre y sin restricciones de los datos de las personas, cuando estos son económicos, financieros, bancarios o comerciales. De hecho, el cuerpo legal establece un procedimiento y mecanismos ante una eventual filtración de datos personales, dejó en la práctica abierta la posibilidad de que estos sean públicos.

Cámara votará este jueves bono que beneficia a 1 millón y medio de personas

Cámara votará bono que beneficia a 1 millón y medio de personas

El proyecto legal, que otorga un bono extraordinario para pensionados de $20 mil, será analizado en la sesión de este jueves, a partir de las 10:30 horas.

El texto legal (boletín 5885), en primer trámite constitucional y calificado con suma urgencia -10 días de discusión-, además efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital. Reglamento sanitario internacional Previo al análisis del bono extraordinario para los jubilados, la Sala estudiará el proyecto de acuerdo que aprueba el Reglamento Sanitario Internacional (2005), adoptado en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la Resolución WHA 58.3, de 23 de mayo de 2005. La iniciativa (boletín 5841), en primer trámite constitucional, será informada por el diputado Marcelo Díaz, de la Comisión de Relaciones Exteriores. Este instrumento internacional prescribe medidas a los Estados para prevenir la propagación transfronteriza de enfermedades infecciosas, proteger contra su propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada a los riegos, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio. Incluye, además, medidas de aplicación ordinaria en los puertos y aeropuertos para conseguir la máxima seguridad contra la propagación internacional de enfermedades, con un mínimo de trabas para el tráfico mundial. Jornada de trabajo de choferes rurales Finalmente, se encuentra en tabla la moción, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en lo referente a la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva rural. El proyecto (boletín 5156), será informado por el diputado Fernando Meza, de la Comisión de Trabajo. La iniciativa de los senadores Juan Pablo Letelier, Soledad Alvear, Andrés Allamand y Pedro Muñoz, tiene por objeto aplicar a los servicios rurales de transporte público de pasajeros, las mismas exigencias que rigen a los servicios urbanos, estableciendo así un sistema uniforme, concordante y equilibrado.

Histórica aprobación en el Senado de la modificación a la legislación sobre planificación urbana

Histórica aprobación en el Senado de la modificación a la legislación sobre planificación urbana

 

 

Con plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 7 de julio quedó el proyecto, en primer trámite, que facilita la participación ciudadana en la elaboración de planes reguladores y que  entrega a las comunas de mayores instrumentos de gestión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

 

 

 

 

El Senado aprobó -por 31 votos a favor y una abstención del senador Guido Girardi- legislar sobre la iniciativa originada en un mensaje del Ejecutivo y que modifica la Ley General de Vivienda y Urbanismo con el fin de generar mayores instancias de participación de los vecinos en la elaboración de los planes reguladores.

 

 

 

Durante el debate en general intervinieron los senadores Jaime Naranjo, Antonio Horvath, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro, Carlos Cantero, Hosaín Sabag, Mariano Ruiz-Esquide, Víctor Pérez, Jaime Gazmuri, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez y Eduardo Frei. Además de la ministra de Vivienda Patricia Poblete.

 

 

 

Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de perfeccionar el proyecto durante el debate en particular y en abrir un espacio para todas las organizaciones sociales que deseen emitir su opinión sobre esta iniciativa.

 

 

 

SEGREGACIÓN URBANA

 

 

 

El senador Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Vivienda explicó que desde la primera promulgación de la ley durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, “nuestras ciudades y barrios han experimentado grandes cambios por lo que este proyecto surge de la necesidad de dar una respuesta eficiente a nueva realidad urbanística”.

 

 

 

Entre estas nuevas realidades se cuentan el “sostenido aumento de la población urbana, la creciente centralización administrativa, la demanda de las personas por una mayor participación y la preocupante concentración de la segregación social urbana”.

 

 

 

A su vez,  el senador Horvath dijo que al aumento de la población urbana que ya llega a un 86,6%, se suma el fuerte deterioro de las condiciones de vida en este sector. No obstante, advirtió que “hay algunos elementos inconstitucionales en el proyecto” y precisó que “no se pueden limitar los derechos de las personas en función de propiedad y tampoco se puede mirar el sector rural con la lógica urbana”.

 

 

 

Una opinión similar manifestó el senador Roberto Muñoz Barra, quien aclaró que las ciudades enfrentan el reto de la sobre explotación y hay costos o externalidades negativas como son la degradación social y ambiental. Por lo tanto, lo que corresponde “es una planificación proactiva para el desarrollo urbano que sea sustentable y multisectorial”.

 

 

 

El senador Alejandro Navarro recalcó que durante la tramitación de este proyecto es necesario escuchar a todos los actores sociales, “incluso a aquellos ciudadanos que demandan ciudades a escala humana”. Agregó que “también tenemos muchas observaciones sobre todo en participación ciudadana porque hay poca claridad en varios aspectos de la iniciativa”.

 

 

 

En tanto, el senador Carlos Cantero hizo una dura crítica al rol del Estado porque “es evidente que nuestro desarrollo urbano está sometido a reglas del mercado y el Estado ha intervenido en forma pusilánime, ha tendido a la permisividad y, muchas veces, incluso a la corrupción porque los planes reguladores se cambian de la noche a la mañana y se desafectan hectáreas para seguir haciendo crecer a la Región Metropolitana”.

 

 

 

Por su parte, el senador Hosaín Sabag,  puso énfasis en que “tenemos la mejor disposición de perfeccionar el proyecto y escuchar todas las opiniones de las organizaciones sociales. Sin embargo también tenemos el deber de actualizar una legislación que está añeja y atrasada”.

 

VIOLENCIA FAMILIAR Y DELINCUENCIA JUVENIL

 

 

 

Una reflexión más social realizó el senador  Mariano Ruiz Esquide quien se mostró partidario de resolver las falencias que presentan nuestras ciudades ya que “la plena y abusiva libertad para construir nuestras ciudades ha significado la creación de conjuntos urbanos disociadores, donde existe un quiebre social que genera severos trastornos en las familias y que se traducen en maltrato infantil, violencia intrafamiliar y delincuencia juvenil”.

 

 

 

A su vez, el senador Víctor Pérez calificó esta iniciativa como “una oportunidad” para establecer normas de participación que permitan mirar la ciudad con una perspectiva coherente. Por eso, anticipó que pese a algunas falencias en el proyecto “queremos contribuir de manera sostenida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

 

 

 

 

La misma disposición manifestó el senador Jaime Gazmuri quien explicó que “es indispensable discutir esta modificación legal a fondo y abriendo espacios a la participación ciudadana”. Coincidió además en que “esta ecuación entre mercado, sociedad y Estado, en nuestro país está completamente desbalanceada a favor del mercado”.

 

 

 

En el mismo sentido el senador Juan Pablo Letelir comentó que “es el mercado el que impone el uso del suelo”. Añadió que también tiene dudas sobre el proyecto porque “hay que ver cómo se obliga a densificar las ciudades y no continuar con esa tendencia absurda de seguir expandiéndolas hacia suelos agrícolas”.

 

 

 

En tanto, el senador Ricardo Núñez valoró que “por primera vez tengamos la oportunidad de discutir cómo vamos a vivir los chilenos” y aseguró que tal vez, debiéramos tener “una Ley General del uso del territorio nacional”, porque no sólo se debería regular el desarrollo de las grandes ciudades sino también el resto de nuestro territorio.

 

 

 

Por último, el senador Eduardo Frei Ruiz- Tagle recordó que el año 1999 se mandó a tramitación al Congreso un proyecto de ley de modificación a la Ley General de Vivienda y “ni siquiera se vio”. Asimismo, durante el 2004 se envió otro proyecto y la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar, es decir, “ni siquiera tuvimos la disponibilidad de tratar el tema”. Coincidió además con sus pares en la necesidad de pensar en el uso del territorio nacional y no pensar sólo en Santiago.

 

 

 

Por su parte, la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, recalcó que “esta secretaría de Estado tiene la convicción absoluta de la necesidad de discutir en el Parlamento esta iniciativa. Tenemos la oportunidad histórica, para construir mejores ciudades, ya que esta iniciativa se complementa con la reforma a la Ley Orgánica de gobiernos regionales y el que establece el plan de ordenamiento territorial”.

 

 

 

Quieren garantizar el acceso igualitario de los ciudadanos a las plataformas tecnológicas de servicios públicos

Quieren garantizar el acceso igualitario de los ciudadanos a las plataformas tecnológicas de servicios públicos

 

 

Con el propósito de evitar discriminaciones entre los ciudadanos que quieran utilizar un servicio del Estado o acceder a un beneficio a través de Internet, el Senado acordó en forma unánime solicitarle al Ministerio de Economía que estudie y promueve mecanismos que permitan garantizar el acceso y uso igualitario de las plataformas tecnológicas de los servicios públicos.

 

 

 

 

Esto, tras aprobar un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Alejandro Navarro, Pedro Muñoz, Carlos Ominami y Guillermo Vásquez, en el que instan a esa cartera, en su calidad de coordinadora de la Agenda Digital del Gobierno, a evitar discriminaciones en la utilización de determinados software que impiden a algunos usuarios optar a un beneficio, realizar un trámite o postular a algún concurso con fondos públicos.

 

 

 

En tal sentido, recuerdan que la estrategia digital impulsada por el gobierno para el período 2007 y 2012 establece como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país a través del potencial que ofrece el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para incrementar la transparencia y la participación ciudadana.

 

 

 

En ese contexto, se espera que los ciudadanos usen de mayor y mejor forma las TIC como herramientas de interacción con las instituciones públicas, y que, a su vez, éstas las utilicen para aumentar la transpartencia y la participación, contribuyendo a mejorar los índices de confianza con el Estado y entre los ciudadanos potenciando el desarrollo de un mejor capital humano y social.

 

 

 

DISCRIMINACIÓN

 

 

 

Los autores del proyecto de acuerdo sostienen que otro objetivo apunta a promover el desarrollo de un gobierno digital de calidad, lo que implica que los servicios públicos debieran digitalizar e interoperar sus procesos para mejorar la atención y los servicios que se prestan a ciudadanos.

 

 

 

No obstante, señalan, “a lo largo del tiempo han ido detectándose diversos problemas de accesibilidad de parte de los ciudadanos a diversos servicios que prestan las reparticiones públicas a través de Internet, especialmente debido al uso de distintas plataformas operativas, que en el caso de las personas se traduce en la imposibilidad de acceder a las páginas web o a algunas de sus funciones”.

 

 

 

Los parlamentarios agregan que se han conocido reclamos de personas que no han podido, por ejemplo, hacer su declaración de impuestos o inscribirse como prestador de servicios en Chilecompra por el sólo hecho de tener un equipo con un programa de características distintas a los que utilizan de manera exclusiva algunos servicios públicos.

 

 

 

Por ello, creen que es fundamental que el país tenga una política tecnológica que de cuenta de sus necesidades digitales, entre ellos seguridad informática, software libre o de código abierto, y se dispondrá de un marco jurídico adecuado a las necesidades del entorno.

Proponen medidas especiales para los trabajadores de plantas pesqueras que cerraron abruptamente en Aisén

Proponen medidas especiales para los trabajadores de plantas pesqueras que cerraron abruptamente en Aisén

 

 

 

El abrupto cierre de una de las mayores plantas pesqueras que daban trabajo en la Región de Aisén, que derivó en que cientos de personas quedaran cesantes, motivó a que el Senado propusiera una serie de medidas especiales para ir en su ayuda.

 

 

 

 

Esto, al aprobar por unanimidad un proyecto de acuerdo de los senadores Antonio Horvath y Adolfo Zaldívar, que entre otras propuestas plantea prorrogar la situación de emergencia por riesgo sísmico y efectos de éste en el área afectada.

 

 

 

Asimismo, instan a potenciar programas de empleo y capacitación a todas las personas mientras estén en condición de cesantía y hasta que puedan ser absorbidas por otras empresas o generar actividad propia en condiciones similares a las anteriores.

 

 

 

El proyecto de acuerdo también plantea que se les de el beneficio que en su oportunidad se le otorgó con capacitación, empleo e ingreso a los pescadores artesanales.

 

 

 

Finalmente proponen que se cree una instancia de trabajo entre trabajadores, empresas del sector acuícola, pesqueras y otros servicios relacionados para establecer las bases para el crecimiento de la actividad, la generación de empleo, el resguardo de las condiciones sanitarias de la región y el que la gran mayoría de los productos de la pesca artesanal, industrial y de la acuicultura se procesen en la región.

 

 

 

CATÁSTROFE NATURAL

 

 

 

Los autores de la propuesta recuerdan que desde enero del año pasado la Región de Aisén vive un fenómeno sísmico que ha producido derrumbes de magnitud con tsunamis locales que además de costarle la vida a 11 personas, causaron graves daños a las actividades productivas del sector.

 

 

 

Agregan que producto de ello, la autoridad determinó en abril del año pasado el cierre por un año del Fiordo Aisén, principal entrada y centro de actividades de la Región, lo que ha impedido el desarrollo productivo de pescadores artesanales, de acuicultura, actividades ganaderas y otros servicios relacionados.

 

 

 

En el caso de la acuicultura, sostienen, una empresa tenía su mayor porcentaje de concesiones funcionando en el área y no obtuvo en un plazo prudente la posibilidad de ejercerla en el mismo sector, descartando las áreas de riesgo o realizarla en otras áreas fuera del sitio de exclusión.

 

 

 

Recién en marzo y en mayo de este año se han entregado dos concesiones, pero entre la instalación de un centro y el inicio de su actividad pasan al menos 18 meses, lo que derivó en el cierre abrupto y sin previo aviso de una importante planta en la zona.

   

   

Con suma urgencia ingresa bono de 20 mil pesos para pensionados

Con suma urgencia ingresa bono de 20 mil pesos para pensionados

Junto al bono, el proyecto efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital.

La Presidenta de la República sostiene en su mensaje que ante el aumento en el costo de la vida, se ha tomado la decisión de otorgar a las familias de ingresos bajos y medios un bono extraordinario destinado a apoyar el presupuesto familiar. Este bono de 20 mil pesos, favorecerá a un millón y medio de pensionados que "por carecer de posibilidades de defenderse del alza transitoria de precios que se experimenta a nivel internacional, requieren del apoyo activo del resto de los chilenos". El bono, que no será imponible ni tributable ni estará afecto a descuento alguno, se pagará en una sola cuota al mes siguiente de la publicación de la presente ley, correspondiendo sólo un bono por pensionado, aunque goce de más de una pensión. Este beneficiará a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión, de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744 y del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que, al 31 de mayo de 2008, tengan 60 o más años de edad, en el caso de las mujeres y 65 o más años de edad, los hombres y que se encuentren percibiendo pensiones cuyo valor, a esa misma fecha, no exceda de $ 255.000. Igual beneficio se concederá a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975. Este beneficio, agrega la Mandataria, se suma a la reciente entrega del bono de invierno y el bono especial para las familias de más bajos ingresos, así como a la entrega en julio del presente año, de las primeras pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. Fondo Común Municipal El proyecto, además, entrega un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal de 20 mil millones de pesos, tomando en consideración que los municipios son la puerta de acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios básicos como salud y educación. Rebaja arancelaria Finalmente, el proyecto en trámite entrega un aporte a los pequeños y medianos empresarios a través de la rebaja a cero de los aranceles para la importación de bienes de capital. La eliminación de derechos aduaneros también se extiende a las partes, piezas, repuestos y accesorios conexos a los bienes de capital que se benefician de la eliminación de derechos aduaneros, siempre que se importen en un mismo documento y su valor no supere el 10% del valor del bien de capital. Todos los beneficios contemplados en esta iniciativa serán financiados con el incremento de los ingresos provenientes de rentas de inversiones en activos financieros del Tesoro Público. El proyecto está contenido en el Boletín N° 5885 y fue remitido a la Comisión de Hacienda.

Ingresa acuerdo con MERCOSUR sobre seguridad regional

Ingresa acuerdo con MERCOSUR sobre seguridad regional

El acuerdo fue suscrito entre los estados integrantes del MERCOSUR y los gobiernos de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela en materia de prevención y control de acciones ilícitas transnacionales.

El texto, suscrito en Córdoba, Argentina, el 20 de julio de 2006, busca articular de mejor manera la cooperación y asistencia recíproca en la prevención y control de las acciones ilícitas transnacionales. El texto está contenido en el Boletín N° 5884 y fue remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio. En diciembre de 2004, los Estados Partes del MERCOSUR y las Repúblicas de Chile y de Bolivia suscribieron en Belo Horizonte, Brasil, el "Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile", instrumento internacional que no entró en vigor internacional. El presente proyecto es una versión revisada de dicho acuerdo que consta de un Preámbulo y 17 Artículos, además de un Anexo y un Apéndice. El acuerdo plantea la necesidad de optimizar los instrumentos de prevención y represión de todas las formas de crimen organizado y actos delictivos, donde la dimensión transnacional de la acción criminal requiere acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias en toda la Región con el objeto de disminuir al máximo el impacto negativo de los delitos sobre la población. Al respecto se establece que la cooperación comprenderá el intercambio de información, de análisis y de apreciaciones, la realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o complementarias; la capacitación y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes en el campo de la seguridad pública y la seguridad de las personas y sus bienes, pudiendo extenderse a otras formas que las Partes acuerden. Además se incorpora un Anexo denominado "Estructura General de Cooperación: Cooperación policial en la prevención y acción efectiva ante hechos delictivos", que precisa que el presente acuerdo no restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que sobre la misma materia hayan sido suscritos o puedan ser suscritos entre las partes, en tanto las cláusulas sean más favorables para fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados con la seguridad. Finalmente, el Apéndice de este acuerdo, da cuenta de la nómina de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales comprometidas en los términos del presente acuerdo.

Declaración de patrimonio de autoridades será pública

Declaración de patrimonio de autoridades será pública

Por 98 votos a favor, la Cámara aprobó en general el proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, que hace pública la declaración de patrimonio de las autoridades.

La iniciativa (boletín 4716), retornó a la Comisión de Constitución para el análisis en particular de sus artículos e indicaciones. La propuesta legal establece que la Presidenta de la República y otras autoridades que se determinarán mediante una ley orgánica constitucional, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros y transferir la propiedad de todo o parte de ellos cuando la ley así lo exija y en las condiciones y plazos que señale. Esta ley orgánica que será enviada al Congreso una vez que esta reforma constitucional sea aprobada por el Poder Legislativo, establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Militantes y elecciones primarias La reforma dispone también que la nómina de los militantes de los partidos políticos deberá ser pública y registrarse en el servicio electoral. A su vez, se propone que otra ley orgánica constitucional establezca un sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para los partidos políticos. Incompatibilidad de Ministros de Estado Además, se amplían las incompatibilidades aplicables a los Ministros de Estado, los que en el desempeño de sus cargos no podrán celebrar contratos con el Estado; actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procuradores o agentes en gestiones particulares de carácter administrativo o ser directores de bancos o de alguna sociedad anónima. En tanto, los parlamentarios cesarán en sus cargos si ejercitan cualquier influencia ante las autoridades judiciales a favor o en representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o si intervienen en ellos ante cualquiera de las partes. Urgencias legislativas en periodo de campañas El texto legal dispone que la Presidenta de la República no podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto durante los treinta días anteriores a una elección presidencial, a menos que la funde en exigencias provenientes de los intereses generales o de la seguridad nacional. Tampoco podrán presentarse ni tramitarse proyectos de reformas constitucionales dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial; prohibición que se extenderá hasta la segunda vuelta, en el caso de existir esta última. Agenda de probidad y transparencia En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo señala que a consecuencia de una serie de irregularidades en algunos servicios públicos, el Gobierno asumió un compromiso público con una agenda de probidad, transparencia, eficiencia y modernización, que se extienda al Estado y a todos los sectores políticos y de la sociedad. Ese compromiso abarca la transparencia, la modernización del Estado y la calidad de la política. En estas tres áreas se realizarán cambios legales y constitucionales, de acuerdo a las sugerencias de los partidos políticos, mociones parlamentarias y propuestas de un grupo de 7 expertos.