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POLÍTICA

Proyecto extiende el descanso laboral de las asesoras del hogar puertas adentro

Proyecto extiende el descanso laboral de las asesoras del hogar puertas adentro

La Comisión de Trabajo, que preside el diputado Nicolás Monckeberg, estudia que las asesoras puedan acumular o distribuir los festivos que declara la ley, con acuerdo del empleador.

El proyecto de ley (boletín 5310) pertenece a los diputados Sergio Aguiló, Carolina Goic, Tucapel Jiménez, Fernando Meza, Clemira Pacheco y Denise Pascal, y fue ingresado a la Cámara de Diputados el 5 de septiembre de 2007.

El texto busca establecer un régimen justo de descanso para los trabajadores que se desempeñen en casas particulares viviendo en la casa de su empleador.

Esto, debido a que en el Código del Trabajo se establece un capítulo aparte que regula la actividad de los trabajadores puertas adentro, considerando para ellos un contrato especial y estipulando condiciones laborales distintas a las de los demás trabajadores.

Entre estas condiciones especiales se estipula que quienes trabajen y vivan en la casa de su empleador tendrán un día de descanso semanal, el cual podrá ser fraccionado en dos medios días a petición del trabajador.

Lo anterior significa un régimen laboral más restringido que el que poseen los trabajadores particulares puertas afuera, quienes cuentan con este día de descanso semanal, además de todos aquellos que la ley declare festivos.

Es por esto que la iniciativa propone que se le otorgue a los trabajadores puertas adentro el derecho de gozar del descanso laboral de los días festivos, los cuales podrán ser acumulados o distribuidos según previo acuerdo entre trabajador y empleador, estableciéndose un plazo máximo de 90 días en el cual se pueda hacer efectivo dicho acuerdo.

El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y está siendo analizado por la Comisión de Trabajo.

Proyecto obliga a grabar llamados de reclamos de clientes a proveedores de servicios

Proyecto obliga a grabar llamados de reclamos de clientes a proveedores de servicios

La moción propone modificar la ley del Consumidor para asegurar a los afectados la grabación íntegra de sus llamados de reclamo a los servicios al cliente.

El proyecto de ley pertenece a los diputados Alvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, Antonio Leal, Carlos Montes, Esteban Valenzuela, y a las diputadas Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda.

La iniciativa señala que en la actualidad no existe certeza de que todos los llamados de reclamos sean grabados, ni tampoco se conoce cómo el reclamante puede acceder a ellos.

Indican que, en aras de la protección de los derechos de los consumidores y para dejar constancia de las respuestas dadas por los operadores frente a un reclamo, el cliente debe tener el derecho a exigir que la llamada sea grabada íntegramente.

El texto, contenido en el Boletín Nº 5834, faculta al consumidor a exigir la grabación de su llamada y que junto al código del reclamo se le entregue un código de la grabación, la cual el proveedor deberá mantener en custodia por 120 días.

El texto fue remitido para su estudio a la Comisión de Economía.

Aprueban acuerdo entre Chile y Bélgica para el ejercicio de actividades remuneradas

Aprueban acuerdo entre Chile y Bélgica para el ejercicio de actividades remuneradas

El tratado, aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores (en la foto), permite a los familiares de los funcionarios diplomáticos desarrollar un trabajo remunerado en ambos países.

La Comisión, presidida por el diputado Renán Fuentealba, aprobó el Acuerdo entre Chile y Bélgica (boletín 5854) sobre el ejercicio de actividades remuneradas para miembros de familias de personal de las Misiones Diplomáticas y Consulares, suscrito en Bruselas, el 6 de diciembre del 2007.

El Acuerdo permite a familiares el ejercicio de un trabajo remunerado en el país receptor. Con ello, se facilita la vida familiar de dichos funcionarios y se establece un marco jurídico que permite mejorar sus condiciones de vida.

El texto será votado en la Sala de la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional

Proponen establecer medidas cautelares antes de formalizar a imputados

Proponen establecer medidas cautelares antes de formalizar a imputados

La moción de diputados de RN beneficia principalmente a víctimas de accidentes de tránsito, para evitar que pruebas condenatorias sean modificadas con el fin de atenuar las penas.

El proyecto de ley (boletín 5882) fue presentado por los diputados Francisco Chahuán, Roberto Sepúlveda, René Aedo, Maximiliano Errázuriz, Cristián Monckeberg y Germán Verdugo.

El texto modifica el Artículo 157 del Código Procesal Penal, con el objeto de permitir que se dicten medidas cautelares reales, sin formalizar la investigación. La moción modifica el artículo 230 que exige, para disponer medidas cautelares, que el Fiscal formalice la investigación.

La iniciativa permite que cuando se trate de hechos constitutivos de cuasidelitos de lesiones u homicidio, el Ministerio Público o la víctima, inmediatamente después de recibida la denuncia o querella, y aún cuando no esté formalizada la investigación por el Fiscal, podrán solicitar por escrito al Juez de Garantía, una o más medidas precautorias.

Esta modificación beneficia principalmente a quienes han sido víctimas de accidentes de tránsito y que, a causa de esto, han resultado con lesiones graves o pierden la vida, ya que evita que los propietarios de los vehículos causantes de accidentes los modifiquen, dejando desprovistas a las víctimas de que se establezcan las penas correspondientes.


Piden agilizar proyecto que sanciona el tráfico ilícito y trata de personas

Piden agilizar proyecto que sanciona el tráfico ilícito y trata de personas

 

 

 Un llamado a agilizar el proyecto que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y que establece normas para su prevención y persecución criminal, hizo el senador Carlos Cantero, tras advertir que nuestro país debe velar por los derechos de mujeres y niños.

 

 

 

Cabe recordar que dicha iniciativa, que cumple su segundo trámite en el Senado, está en condiciones de ser discutida y votada en general por la Sala de la Cámara Alta, luego que la Comisión de Derechos Humanos, que integra el parlamentario, emitiera un informe favorable sobre el proyecto.

 

 

En tal sentido, el legislador manifestó su interés porque se regulen los delitos de tráfico ilícito y trata de personas, especialmente en los casos que atañen a mujeres y niños dentro del país.

 

 

En su opinión, pese a que Chile ha suscrito diversos tratados internacionales para sancionar el tráfico de personas “aún quedan algunos vacíos por cubrir para que las normativas sancionen de modo más drástico a quienes lucran con estas actividades de carácter ilícito como el tráfico de personas o de órganos”.

 

 

Su principal preocupación, dijo, se refiere a la situación que viven mujeres y niños, señalando que “son los derechos de ellos por los que debemos velar, de forma de reprimir y sancionar a quienes atenten contra ellos, pues este problema no sólo comprende la explotación sexual y laboral, sino que también se agregan violaciones como la extracción de órganos”.

 

 

MARCO REGULATORIO

 

 

El senador Cantero señaló que Chile debe generar una discusión seria sobre el tráfico internacional de niños que, como estipulan estudios efectuados por Naciones Unidas, sólo se puede subsanar preocupándose por el bienestar de ellos, quienes lamentablemente en nuestro país aún están expuestos a muchos factores de riesgo y peligro.

 

 

En tal sentido, señaló que es un deber prioritario que todos quienes posean responsabilidades públicas el ejercer sus atribuciones y contribuir a generar las condiciones políticas y las normativas necesarias para oponerse a esas infracciones legales que repugnan a la conciencia ética de la Humanidad.

 

 

 

Agregó que las sanciones contempladas en la iniciativa irán en aumento en base al peligro que enfrente la víctima, siendo infracciones catalogadas de mayor gravedad aquellas que afecten a menores.

 

 

También se impondrá el máximo de rigor a quienes por medio de abusos de poder traslade o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación laboral o sexual, incluyendo la pornografía, o extracción de órganos, siendo castigado con penas que parten de la reclusión mayor en su grado mínimo (5 años y un día) y multas desde el millón seiscientos mil pesos.

 

 

 

El parlamentario destacó que los diversos órganos del Estado deberán brindar protección y ayuda a estas víctimas.

 

 

 

“Lo óptimo es que cuando se trate de niños o niñas, ellos reciban de los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y adolescencia un trato acorde a su condición de víctimas y que dispongan de las acciones tendientes a su reinserción familiar”, advirtió el legislador.

 

 

Asimismo, manifestó que es fundamental establecer un principio de privacidad y protección de identidad, pues ella, a su parecer, deberá siempre mantenerse en reserva, pudiendo sólo ser conocida por los involucrados.

 

   

   

Coinciden en la necesidad de modernizar la empresa estatal Codelco

Coinciden en la necesidad de modernizar la empresa estatal Codelco

Dispuestos a acoger el llamado de diversas personalidades del mundo político y académico para modificar la estructura de Codelco, se mostraron los senadores Evelyn Matthei y Carlos Ominami, integrantes de la Comisión de Hacienda. Los parlamentarios, no obstante, discreparon de las soluciones planteadas y los procedimientos. La senadora, Evelyn Matthei se mostró partidaria de “modificar ahora la estructura de la empresa estatal para hacerla más competitiva y estable, porque hace tres o cuatro años era impensable hablar de la venta de una sola acción, porque todo Chile estaba convencido de que Codelco era una empresa modelo, tremendamente eficiente y de bajísimos costos de producción, lo que no es realidad”. Por su parte, el senador Carlos Ominami afirmó que la preocupación por un nuevo gobierno corporativo para Codelco es legítima y se mostró abierto a la idea de que la empresa se transforme en una sociedad anónima. No obstante, precisó que no sería bueno que se abriera a la Bolsa, “porque sería un mal negocio para la empresa”.

Diputados debaten moción que suspende el DICOM para personas cesantes

Diputados debaten moción que suspende el DICOM para personas cesantes

La Comisión de Economía, presidida por el diputado Antonio Leal, continuó con el estudio de tres proyectos de ley relacionados con el DICOM (boletines 4436, 5309 y 5356).

Las mociones de los diputados suspenden por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes; establecen un sistema de información de datos personales basado en el comportamiento de las personas, y no sólo en sus incumplimientos comerciales; y protegen la vida privada, normando el actuar de los bancos de datos.

Con el fin de debatir estos proyectos, la comisión recibió al Superintendente de la Superintendencia de Bancos, Gustavo Arriagada; al Dirigente Nacional de la CONAPYME, Oscar Bruna; y acordó invitar a la Cámara de Comercio.


No serán legales contratos de servicios que se pacten en llamadas por teléfono

No serán legales contratos de servicios que se pacten en llamadas por teléfono

La prohibición, que modifica la Ley del Consumidor, figura en una moción presentada por diputados de diversas bancadas parlamentarias.

El proyecto regula las formalidades de una venta de bienes y servicios por vía telefónica para proteger a los consumidores frente a las ofertas de productos y servicios ofrecidas por este medio.

Para ello se considerará que los actos y contratos celebrados por dicha vía sólo se entenderán perfeccionados una vez que hayan sido ratificados por escrito por el cliente.

Para estos fines, previo a la aceptación, las empresas deberán hacer llegar al cliente la oferta del producto por escrito, pudiendo usarse medios electrónicos para tales efectos.

Asimismo, el proyecto señala que las ofertas que se efectúen por vía telefónica no podrán incluir presiones de ningún tipo que insten al cliente a prestar su consentimiento inmediatamente. Agrega que los llamados deberán ser grabados en su integridad y mantenidos en custodia por 120 días.

En cuanto a los plazos de retractación que la Ley del Consumidor contempla en estos casos, se contarán desde la data de otorgamiento del consentimiento por escrito por parte del cliente.

El proyecto corresponde a una moción de los diputados Alvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, Antonio Leal, Carlos Montes, Esteban Valenzuela, y de las diputadas Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda.

Está contenido en el Boletín N° 5835 y su estudio se encuentra radicado en la Comisión de Economía.